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Nava debió acatar la resolución de TSJ: exvisitador

Por: Reyna Sánchez

La elección de Miguel Nava Alvarado como presidente de la entonces Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) -hoy Defensoría- fue contraria a la Constitución porque no respetó lo establecido en el Artículo 102 de la Carta Magna, puesto que no fue producto de una consulta pública, denunció Salvador Sosa Ocampo, exvisitador y quien trabajó durante 7 años en la CEDH -hasta 2008, cuando Adolfo Ortega Osorio era presidente-.

Sosa Ocampo enfatizó que lo ocurrido en 2012 no proviene de una consulta pública, tal como lo dicta el Artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reza: «La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo y de titulares de los organismos de protección de derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley».

De acuerdo con Salvador Sosa, la LVI Legislatura tenía que hacer que este procedimiento fuera transparente, considerando que la consulta pública iba a elegir al presidente, no ellos. «Miguel Nava viene del voto unilateral de los legisladores», consideró.

Asimismo, agregó que los diputados de la LVI Legislatura debieron hacer una ley específica para diseñar este procedimiento, y no lo hicieron.

«De alguna manera, la LVI Legislatura violó la Constitución al momento de elegir a Miguel Nava», ya que la consulta pública está establecida en la Constitución y ninguna ley o reglamento puede estar por encima de ella.

«Antes de ponerse a votar sobre si van a hacer la elección otra vez, mejor deben atender la Constitución y diseñar el procedimiento para que sea la consulta pública la que decida».

Salvador Sosa reconoció la experiencia de Miguel Nava en el ámbito penal, dada su estancia en la PGR; sin embargo, en otro tipo de asuntos propios de los Derechos Humanos, «el presidente como que pierde un poco el rumbo, porque en el caso específico de una persona de la tercera edad que impugnó la elección, él -moralmente- no debió haber impugnado la decisión del Tribunal Superior de Justicia, sino sumarse a la protección de los Derechos Humanos de esta persona».

Sosa Ocampo refirió que la impugnación implicaría desconocer los Derechos Humanos de la persona, lo cual -a su juicio- hace que la Defensoría pierda credibilidad.

«No acatar la resolución del Tribunal genera una pérdida en la credibilidad la institución, por una cuestión estrictamente de interés personal», pues desde la perspectiva de Salvador Sosa, lo que debió hacer Nava Alvarado como persona razonable era sumarse a la reparación de una violación de derechos humanos en esta institución.

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