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Niegan despojo con violencia a otomíes

Raquel Vega Ugalde, quien llevó la demanda, señaló en que detrás del conflicto existen fuertes intereses económicos, al igual que políticos, por lo que consideran que las declaraciones en su contra fueron injuriosas.

La población otomí de la comunidad de El Coyote ubicada en el municipio de Ezequiel Montes no fue despojada de tierras propias con uso de violencia ni fue agraviada de forma alguna, sostuvo Raciel Vega Ugalde, integrante de la familia antes propietaria del predio en disputa.

Esto en respuesta al reportaje “Despojan a comunidad otomí con beneplácito de la autoridad” que Tribuna de Querétaro publicó en su edición 870. Con el uso de su derecho de réplica, aseguró que la procedencia de su familia, en el litigio fiscal por 175 hectáreas de terreno, fue dentro del margen de sus derechos legítimos.

Raquel Vega Ugalde, quien llevó la demanda, señaló en que detrás del conflicto existen fuertes intereses económicos, al igual que políticos, por lo que consideran que las declaraciones en su contra fueron injuriosas.

“Hay ciertas personas, políticos o empresarios, que están detrás de todo esto utilizando a la comunidad como un medio para conseguir el rancho, dándoles a ellos quizá una parte… pensamos que los abogados tienen parte importante allí ya que han estado muy aferrados y son los que se han encargado de levantar falsos testimonios en diversos medios de comunicación sin pruebas”, refirió.

Aclaraciones sin pruebas

Cuando se realizó la entrevista, Raciel Vega Ugalde dijo contar con un documento que avalaba que la comunidad de El Coyote no era de carácter indígena, no obstante jamás fue presentado a este reportero; afirmó después que la comunidad había sido reconocida como tal. A su vez, indicó que cuentan con todas las acreditaciones que los validan como propietarios del terreno.

Respecto a la propiedad del predio, indicó que el uso de tres de sus hectáreas por parte de la comunidad fue un acuerdo al que llegaron con su bisabuelo. “Desconozco si les vendió, cedió o regaló esas tres hectáreas donde está situada la comunidad. Tengo entendido que no tiene escrituras, sin embargo siempre se les ha respetado el lugar”, señaló.

Sobre las afirmaciones de Víctor Mora Cardador, abogado defensor de la comunidad de El Coyote, respecto al ingreso de maquinaria y perros rottweiler para la destrucción de casas y mermar el ganado de los habitantes, aseveró que se ingresó maquinaria con el único fin de aplanar y dividir el camino que colinda las tres hectáreas usadas por la comunidad con el resto del predio y los perros fueron llevados con fines de asegurar el lote del ingreso de personas de la comunidad.

Indicó que dentro de la comunidad no se encontraba ninguna construcción más que una casa habitada por Abelardo Vega Ugalde, tío suyo, que a la vez se encargaba del cuidado y atención de asuntos relacionados con el predio, además de un corral para cría de ganado que se encontraba en desuso. Así mismo, indicó que las personas de la comunidad no tenían ninguna construcción o ganado de cría dentro de la totalidad del predio.

La demanda, afirmó Vega Ugalde, fue levantada contra Patricia Camacho Ramírez y otros bajo la acusación de despojo del predio a causa de que ingresaron al lugar con uso de la autoridad para expulsar a Martín Vega Ugalde, sin ninguna orden que lo permitiese y bajo pretexto de que se encontraba consumiendo substancias ilegales en la vía pública. Indicó que dicha acusación no tenía sustento y se realizó una prueba toxicológica para comprobarlo.

Vega Ugalde, bisnieto del primer dueño del predio, Leopoldo Vega Montes, desconoce si se interpusieron “argumentos” de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a favor de la comunidad. Consideró que los habitantes de la comunidad hacen mucho énfasis en su carácter de comunidad indígena, causa de que las leyes brindan vasto apoyo a estas entidades.

Fuerza pública, sólo para protección

Respecto a la presencia de fuerzas armadas en el predio durante el litigio indicó que fue para protección del mismo: “la jueza recomendó cierta seguridad para evitar nuevamente enfrentamientos. Un par de días antes ella había dado la sentencia en la cual el abogado había presentado sus pruebas, las cuales no tenían sustento. Y ese amparo estaba a destiempo, por eso no se les permitió la entrada”, indicó. No obstante, respecto a la presencia de hombres que portaban chalecos de la extinta Dirección de Investigación del Delito (DID), no realizaron aclaraciones.

A razón de que los tíos abuelos de Raciel Vega Ugalde no contaban con las disposiciones económicas para invertir en el predio es que decidieron venderlo. Coincidió con el abogado Víctor Mora Cardador, que ya se había acordado entre la familia Vega y Ricardo Almanza Valencia los términos de compra-venta del lugar. Aunado a ello, indicó que actualmente el predio ha pasado a ser de su posesión.

La versión de Vega Ugalde

Raciel Vega Ugalde destacó su versión de los hechos que iniciaron el conflicto. “Los herederos, en este caso mis tíos abuelos, deciden vender el rancho pues no cuentan con la economía suficiente para aprovechar el lugar. Hace año y medio aproximadamente se contactó con Ricardo, el comprador, y se llegó a un acuerdo. En el rancho vivía el señor Abelardo Vega Ugalde, el cual comenzó a desalojar el lugar sacando sus muebles y animales. Se llegó a la fecha de entrega como estaba planeado y a los tres días que el comprador quiso llegar a disponer del lugar había una especie de guardias de la comunidad que le negaron el acceso argumentando que ellos eran los dueños y que no conocían a nadie más. Al presentarse esta situación se nos recomendó que Abelardo volviera a vivir allí en lo que se daba solución. Ese mismo día a las 11 de la noche llegó parte de la comunidad a sacarlo con antorchas y machetes al igual que con la ayuda de la policía municipal de Ezequiel Montes sacándolo del lugar y argumentando que estaba consumiendo drogas en vía pública. Después de esto se hizo un examen toxicológico el cual dio negativo”, indicó.

Posteriormente, describió el proceso de adjudicación del predio. “De allí comienza la demanda que pusimos para que se nos cediera el rancho nuevamente. El comprador ofreció tres hectáreas y el acondicionamiento de la cancha de futbol para que la comunidad hiciera uso, a lo cual se negaron y comenzó el juicio donde ambas partes tenían derecho de presentar sus documentos, los cuales daban fe de quiénes eran los dueños. La comunidad no presentó ninguno. Su único argumento es el hecho de que vivir allí cerca. Después de un año de llevar a cabo el proceso la juez dictaminó que la familia Vega Ugalde volviera a hacer posesión. Por ello se llevó seguridad para evitar cualquier conflicto por ambas partes, ya que habíamos tenido la experiencia de que con machetes, como mencioné, habían sacado a mi tío abuelo. No queríamos que algo así se volviera a dar”, expuso.

En la nota publicada en la edición 870 de este semanario, el abogado defensor aseguró que la familia Vega Ugalde había atentado contra la integridad moral y física de la comunidad otomí de El Coyote. Así mismo, Mora Cardador indicó que la fiscalía del municipio de Cadereyta, donde se ejecutó el litigio, había realizado actos ilegales a favor de la familia Vega.

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