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Niños desaparecidos: entre la impunidad y la indiferencia

En casos de sustracción parental, las autoridades no inician la búsqueda porque «el menor no se encuentra en peligro inminente»

-Según información de la PGJEQ, cada semana desaparecen, en promedio, dos menores

Por: Mariana Chávez

Comparada con otras entidades -principalmente las ubicadas al norte del país- Querétaro es considerado uno de los estados más seguros, según las autoridades de los diferentes niveles de gobierno; aunque, paradójicamente, en el estado desaparecen -en promedio- dos menores de edad a la semana.

“No quieren buscar a nuestros hijos, no quieren investigar”, señaló Oscar Manuel Ramírez. Su hijo de cinco años estuvo desaparecido durante un año y medio; lo localizó a partir de la investigación que él mismo realizó.

En circunstancias similares se encuentran Ricardo Sánchez Arana y José Pablo Lanz Valdés: el primero no ve a su hijo desde hace cuatro años y medio; el segundo no ha visto a sus hijos -una niña y un varón, de ocho años y once años, respectivamente- desde el 5 de julio de 2013.

En los tres casos, la Alerta AMBER no fue emitida porque la PGJEQ consideró que éstos no cumplían con uno de los tres criterios para iniciar la búsqueda.

Además de que sus hijos comparten la misma condición de desaparecidos, Oscar, Ricardo y José Pablo se enfrentan a que la sustracción de los menores fue consecuencia de los conflictos que tienen con sus parejas o exparejas sentimentales respecto a la tutela de los niños.

En medio de la batalla legal y mientras el juez determinaba cuál de los progenitores tendría la custodia de los menores, una de las partes abandonó el lugar de residencia y desapareció sin dejar rastro.

Ricardo Sánchez reclama la tutela de su hijo desde 2010, periodo en el que interpuso 36 amparos. Actualmente, desconoce su paradero.

Cuando su hijo desapareció, Sánchez Arana -al igual que Oscar y José Pablo- pidió a la PGJEQ, encabezada por Arsenio Durán Becerra, que solicitara la colaboración de la instancia federal para que ésta emitiera la Alerta AMBER. Sin embargo, a los tres les explicaron que, en su caso, dicho procedimiento no era aplicable porque no existía “riesgo inminente” para los menores, dado que, presuntamente, éstos se encuentran con sus madres.

Sólo dos alertas y dos prealertas desde diciembre de 2013

En Querétaro, la Alerta AMBER es aplicada desde diciembre de 2013 como un medio para apoyar en la búsqueda y localización de niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de sufrir daños a su integridad personal; la alerta es activada en caso de desaparición, extravío o privación ilegal de la libertad.

Los criterios de la PGJEQ para iniciar este procedimiento son: que el desaparecido sea menor de 18 años, que esté en peligro de sufrir algún daño grave y que exista información suficiente de la víctima, la cual que permita “la pronta e inmediata búsqueda”. En caso de que sólo se cumplan dos de esos tres criterios es emitida la prealerta, según destaca la página electrónica de la PGJEQ.

Sin embargo, a seis meses de implementado dicho sistema en el estado, la PGJEQ sólo ha emitido dos alertas y dos prealertas, que fueron desactivadas en unas cuantas horas, tras anunciar que los menores ya habían localizados.

La organización no gubernamental Tekei dio a conocer que en los primeros seis meses de 2014 desaparecieron 76 menores, de los cuales 49 son niñas y adolescentes de entre 3 y 17 años de edad, lo que significaría que desaparecen dos menores por semana.

En la página electrónica oficial de la PGJEQ, existe la sección titulada “Consultas de desparecidos”. Los nombres de 130 niños conforman el catálogo de aquellos que, de 2009 al 7 de junio de 2014, fueron reportados como desaparecidos; 43 de ellos ya fueron localizados.

En el periodo antes mencionado, habían desaparecido 86 niñas y 44 niños, de los cuales 25 niñas y 18 niños habían sido encontrados. En tanto, los informes de otros 16 “han sido eliminados de la base de datos”.

Para Oscar Ramírez, la autoridad no quiere emitir la Alerta AMBER aunque los casos cumplan con los requisitos. Es lo que sucedió con su hijo: la alerta nunca fue emitida a pesar de haberla solicitado, bajo la supuesta justificación de que era necesario que un juez así lo autorizara; y aunque Ramírez llevó el documento que le pidieron, no activaron dicho sistema de búsqueda inmediata.

“Esa es la problemática, no los buscan, no quieren buscar a nuestros hijos”, porque la autoridad considera que el motivo de la desaparición es producto de “un pleito entre particulares”, enfatizó.

La otra delincuencia organizada

Para Ricardo Sánchez, la desaparición de niños relacionada con la sustracción ilegal por parte de alguno de los progenitores también representa delincuencia organizada, porque en ella interviene un conjunto de personas -entre abogados y familiares- que evitan que el menor tenga contacto con el padre que reclama la tutela, y borran todo rastro de la existencia del menor.

Para José Pablo Lanz, el problema es que las autoridades no quieren realizar la labor de búsqueda, a pesar de que existen leyes y convenios internacionales que especifican cómo deben actuar en estas circunstancias.

Los tres entrevistados coincidieron en señalar que, a pesar de que existe -a nivel federal- la Unidad Especializada para la Búsqueda de personas Desaparecidas, que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), las autoridades no actúan porque están a la espera de que el familiar del desaparecido haga esa labor, lo que se traduce en peregrinar por diferentes oficinas gubernamentales, entregando oficios y diferentes documentos, así como la espera de hasta diez meses para obtener respuestas.

Los afectados también solicitaron la colaboración de las diferentes procuradurías estales, pero sólo han descubierto que entre ellas “se echan la bolita” unas a otras. El resultado es el mismo: nadie busca a los niños. Todo lo hacen “a la antigüita: documentos y más documentos”, señaló Oscar Ramírez.

Aunado a esto, las autoridades “están jugando con las palabras”, señaló José Pablo Lanz, pues mientras los datos y la fotografía de sus hijos están en la página electrónica de la PGJEQ en el apartado de “personas desaparecidas”, en la página de la PGR los muestran como “extraviados”. Además, cuando los afectados exigen la realización de la búsqueda, les indican que no se puede considerar al menor como desaparecido, porque está -presuntamente- con la mamá, lo que implica que no existe un riesgo inminente para el niño.

En la unidad especializada a cargo de la PGR trabajan 24 personas: 13 de ellas tienen cargos directivos o de jefaturas, lo que significa que sólo 11 se pueden dedicar a la búsqueda de las 27 mil personas que están desaparecidas en el país.

Por otro lado, los niños son reportados como desaparecidos, pero la PGJEQ inicia la averiguación previa por el presunto delito de sustracción de menores, cuyo ilícito está contemplado en la legislación estatal; aún así, tampoco los buscan.

Lanz Valdés narró que la Policía acudió a su domicilio durante seis meses, preguntándole si ahí estaban sus dos hijos, los mismos que él reportó como desaparecidos hace un año.

De igual forma, las autoridades de la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, le indicaron que no pueden atender el caso de sus hijos porque están “ocupados” en casos registrados en Michoacán y otros puntos del país.

El entrevistado señaló que él ya entregó a las autoridades estatales y federales varios documentos notariados, imágenes y hasta videos que muestran dónde se encuentran sus hijos, información que incluye direcciones, casas, vehículos y hasta lugares por los que circularon, pero le responden que no los encuentran.

Ante la falta de información por parte de la PGJEQ, no se sabe cuántos casos reportados de menores de edad desaparecidos están vinculados a conflictos familiares, pues también -señalaron los entrevistados- hay casos de adolescentes que se van de su hogar, quienes tampoco son buscados porque la teoría de la autoridad es que se fueron por decisión propia y van a regresar.

José Pablo Lanz, cuyos hijos están desaparecidos, solicitó ante la Unidad de Acceso a la Información del Poder Legislativo las estadísticas por sustracción de menores; la información que obtuvo reveló que hay 42 denuncias por sustracción de menores, y sólo en dos casos hubo una sanción, lo que implica que también hay un problema de impunidad.

Para Oscar Manuel Ramírez, “aquí estamos, ante autoridades que no quieren hacer su chamba, que no quieren trabajar, que no se quieren comprometer en todos los niveles, porque no saben -por burocracia o porque no quieren perder su trabajo- no quieren realmente hacerse responsables y pedir que nuestros hijos sean buscados”.

Aunque se solicitó una entrevista con los responsables en la PGJEQ de los programas vinculados a la Alerta AMBER y desaparición de personas, no hubo respuesta.

Querétaro seguro

Para el diputado local Luis Bernardo Nava Guerrero, emanado del Partido Acción Nacional (PAN) e impulsor de la ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada, las autoridades tienen que informar con claridad qué es lo que está sucediendo, pues las cifras de menores y adultos desaparecidos van en aumento.

Destacó que, independientemente de que la desaparición sea motivada por un conflicto familiar, secuestro, levantón, trata de personas o cualquier otro delito, la autoridad competente debe emitir las alertas pertinentes e iniciar la búsqueda.

De igual forma, es su deber generar programas de prevención para evitar que los ciudadanos estén expuestos a este tipo de ilícitos, pues “tampoco se puede hacer como que no pasa nada y que las familias se encuentren vulneradas, descuidadas (…) o que sigamos viendo que se están dando estos fenómenos sin que se tome una acción al respecto”.

El pasado 6 de julio fue publicada la ley donde ya se tipifica la desaparición, entendida como “privación de la libertad de una persona, seguida de la negación del hecho u ocultación del paradero de la víctima”.

Esta ley fue calificada como la primera en su tipo en el país, dado que contempla la desaparición a manos de particulares, la reparación del daño, el registro obligatorio del ADN, y, si una mujer desaparecida está embarazada, que el bebé en el vientre también tendrá que ser considerado como “oculto”.

La ley contempla que se deberá reclasificar el delito en el momento en que la víctima sea localizada, porque de esa forma se conocerá qué fue lo que motivó la desaparición o de qué tipo de ilícito se trata; lo anterior, para evitar que sean las familias quienes tengan que realizar la investigación, ante la justificación de la autoridad de que no existe claridad legal para iniciar una indagatoria.

Raquel Jiménez Cerrillo, diputada federal del PAN, quien ya presentó en San Lázaro una iniciativa de ley similar para tipificar como delito la desaparición a manos de particulares, explicó que hay “lagunas” legales, porque la desaparición no es considerada como un delito, pues si una persona desaparece, pero no se pide el pago de un rescate por ella, no se trata de un secuestro; si no localizan un cadáver, no es homicidio; si no hay signos de algún tipo de explotación, no es trata de personas; situaciones que dejan vulnerable a la víctima y en la desesperación e incertidumbre a los familiares.

Para ambos legisladores, las autoridades de Querétaro no emiten la Alerta AMBERen cada caso de desaparición de un menor -a pesar del alto número de ellos- porque no quieren generar psicosis o pánico entre los ciudadanos; ni perder “la calificación ganada” en cuanto a que Querétaro es uno de los estados más seguros del país.

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