No queremos olvidar
Diez años del crimen-BMW,
Diez años de impunidad
A la opinión pública:
A los que no quieren saber:
Cuando la autoridad responsable de impartir justicia ha sido omisa y, más aún, deliberadamente se ha apartado de su deber, la sociedad abrirá vías propias para expresar públicamente su inconformidad e insistir en la justicia. El caso BMW-Querétaro, que hoy cumple diez años, sintetiza la impunidad que campea en el país.
El 27 de noviembre de 2004 fue asesinado en Querétaro el estudiante Marco Antonio Hernández Galván, de 18 años de edad. Un presunto sospechoso, el empresario Federico Humberto Ruiz Lomelí, fue detenido a bordo de una camioneta negra BMW-X5, de características similares a las del vehículo radiado por la policía como sospechoso. Cuando se supo el nombre del detenido, se le dejó en libertad y nunca fue presentado ante el Ministerio Público (MP). Allí se torció el derecho y empezaron las irregularidades.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante la Recomendación 035/2005, evidenció la actuación ineficiente de las autoridades ministeriales locales: a) No se realizó al sospechoso ningún examen ministerial, puesto que no fue llevado al MP; presentó declaración por escrito tres meses después del suceso; b) No se aseguró el vehículo, procediéndose a su revisión hasta tres meses después; c) No fue retenida la pistola de 9 mm de uso exclusivo del Ejército (la bala homicida fue de ese calibre), que llevaba un escolta; d) No se detuvo al operador del vehículo a pesar de que un elemento de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de Querétaro declaró que cuando él y otros compañeros “se acercaron a la BMW, se percató que el conductor andaba tomado”, y e) La supuesta presentación del sospechoso ante dos testigos (sin garantías y amenazados, en la calle), carece de valor legal.
En una acción muy controvertida, seis meses después de los hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado “exoneró” a Federico Ruiz Lomelí. Si él no es el culpable, ¿quién es, señor procurador? ¿Quién es, señor gobernador José Calzada?
En junio de 2008, la justicia dio entrada a la demanda por daño moral presentada por Federico Humberto Ruiz Lomelí en contra de seis personas físicas y dos medios de comunicación (Juicio Ordinario Civil 954/08), pero la misma justicia nunca tomó en cuenta la acusación directa de Miguel Gerardo Rivera Alcantar en contra de Ruiz Lomelí como responsable del crimen. Así funciona la justicia en Querétaro y en México.
Para romper el silencio, en mayo de 2005 se publicó la carta abierta: “Queremos saber qué sucedió el 27 de noviembre de 2004” y entre los firmantes figuraron José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Samuel Ruiz García, Hugo Gutiérrez Vega, Cristina Pacheco, Fernando García Ramírez, Adolfo Castañón, Sergio Aguayo Quezada, Edmundo González Llaca, Cecilia Figueroa, Luis Alberto Arellano, Abelardo Rodríguez, Agustín Escobar, Dolores Pla, Julio Figueroa… La respuesta fue el silencio total, el absoluto desprecio a la ciudadanía, la soberbia del poder.
En marzo de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió sentencia definitiva en la que negó la razón a Ruiz Lomelí en su demanda de daño moral, privilegiando el derecho de libertad de expresión pública sobre el derecho de honor personal.
120 meses después del crimen, está claro que las autoridades de dos administraciones distintas (la anterior del PAN y la actual del PRI) nada quieren saber del caso. En los últimos años, el expediente no se ha movido un centímetro y el caso ha sido sepultado en el silencio del poder. Las autoridades de Querétaro no quieren saber. ¿Quién es el responsable de que no se enjuicie al presunto homicida? Pedimos al titular del Poder Ejecutivo cierre la averiguación previa y consigne al presunto responsable ante el Poder Judicial.
Ante tantas anomalías, el señor José Luis Hernández Guerrero, padre de la víctima, ha interpuesto una demanda federal de amparo (001452/2014) en contra del procurador por su conducta omisa al negarse a investigar, y en contra de Ruiz Lomelí como probable responsable en la Averiguación Previa I/929/2004.
La sociedad tampoco quiere olvidar. ¿Hay que esperar que maten a uno de nuestros hijos para alzar la voz? Si Marco Antonio dio la vida por su amigo Gerardo, los ciudadanos no podemos enterrarlo en el olvido. Quede al menos en la memoria colectiva. Diez años del crimen impune en el país de la impunidad, hoy convertido en el país de la violencia, los desaparecidos y las fosas clandestinas.
Porque la impunidad es raíz en México, y la memoria un ejercicio contra el olvido, los ciudadanos firmantes no queremos olvidar.
José Luis Hernández Guerrero (padre de Marco Antonio Hernández Galván), Patricia Galván (madre de Marco Antonio Hernández Galván), Julio Figueroa (palabrero), Arnulfo Moya Vargas (abogado defensor), Hugo Gutiérrez Vega (hombre de letras y director de La Jornada Semanal), Lucinda Ruiz Posada (activista social), Martha Gloria Morales Garza (investigadora), Blanca Gutiérrez Grageda (historiadora), Inocencio Reyes Ruiz (abogado y escritor), Edmundo González Llaca (politólogo), Olimpia García Monroy (editora de Diálogo Queretano), Adolfo Castañón (escritor y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua), Mónica Palma (historiadora), Rogelio Villarreal (escritor y editor de Replicante), Braulio Peralta (periodista cultural), Gustavo Hirales Morán (crítico y exguerrillero), Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio (dramaturgo, Premio Juan Ruiz de Alarcón), Luis Alberto Arellano (poeta y psicólogo), Verónica Espinosa (corresponsal de Proceso), Cristina Renaud (periodista), Gisela Sánchez Díaz de León (activista social), Ana Cecilia Figueroa Velázquez (historiadora), Alejandra Martínez Galán (activista social), Efraín Mendoza Zaragoza (sociólogo), Germán Espino (sociólogo), Flavio Lazos Garza (economista), Víctor López Jaramillo (periodista), Alfredo Rodríguez Gómez (periodista), Agustín Escobar Ledesma (escritor y periodista), Arturo Marcial Padrón Hernández (politólogo), Abelardo Rodríguez Macías (teatrero), Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz (profesor y activista social), Irma Pérez Lugo (profesora y activista social), Mario Rodríguez Estrada (periodista radiofónico), Jorge Luis Coronel (periodista), Jovita Zaragoza Cisneros (periodista), Óscar Amézquita (sociólogo), Diego Prieto Hernández (antropólogo), José Antonio Ledesma Salazar (abogado), Gerardo Ayala del Real (activista social), Edilberto González García (analista político), Paula Muñoz Inclán (periodista), Jesús Torres (psicólogo), Esmeralda Cruz (Ingeniera Sistemas), Jessica Alcázar Zaragoza (abogada), Augusto García Ramírez (sociólogo).
Ciudad de Querétaro, 27 de noviembre de 2014
Responsables de la publicación: José Luis Hernández Guerrero y Julio Figueroa
