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Olvidan RedQ, privilegian vialidades para autos particulares

La modernización del sistema de transporte público es «el gran fracaso» de la administración de Calzada. catedrático

Por: Isamar Cabrera Ríos / Carlo Aguilar

El programa de “modernización” de transporte público RedQ, que este mes cumple un año de iniciado y que afecta a más de 600 mil usuarios en la zona metropolitana, solamente implicó una novena parte de inversión de recurso público, en comparación con lo destinado a cuatro obras viales que privilegian el uso del automóvil particular y para las cuales Gobierno del Estado destinó, según cifras oficiales, 945 millones de pesos.

Mientras que para RedQ fue anunciado un presupuesto de 105 millones de pesos en sus distintas fases, el Distribuidor Vial Bicentenario -350 mdp-, Paseo de la República -250 mdp-, Distribuidor Vial Constitución de 1917 -200 mdp- y el Gran Paso Acueducto -145 mdp- suman, en total, 945 millones de pesos; cada una supera, por sí sola, el total de lo que la administración de Calzada Rovirosa destinó a su programa ‘estrella’ de transporte.

Es decir, la cantidad invertida en las vialidades realizadas en las inmediaciones de colonias como Juriquilla, Jurica (donde viven el gobernador y el alcalde), Loma Dorada y la zona comercial de Galerías, representa nueve veces en el monto destinado a RedQ (que, a diferencia de las obras viales, apenas comenzó en el cuarto año del sexenio).

Saúl Obregón Biosca, coordinador de la Maestría en Vías Terrestres de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, calificó al gobierno estatal con 4 puntos -en una escala del 1 al 10- en materia de transporte público y movilidad, debido a que las promesas hechas al principio del sexenio no coinciden con los resultados finales del mismo.

Asimismo, manifestó estar de acuerdo con la oposición de la población a RedQ, al que considera “el gran fracaso” de la administración de Calzada, pues el proyecto no llegó a la meta esperada.

“Ha faltado capacidad política de negociación y se notó mucho cuando entró en operación este sistema. La política no está bien definida en la promoción del sistema de transporte público desde la base de desarrollo urbano”, consideró Obregón Biosca.

Además del proceso de modernización y la implementación del sistema de prepago, había otros parámetros que se iba a tomar en consideración en el desarrollo de este programa de modernización: el monitoreo de las líneas de transporte público a través de sistemas satelitales, la ausencia de la figura de los ‘checadores’ y la modernización de la flota vehicular.

“Cuando empezó el gobierno de Calzada, se hablaba de autobuses de piso bajo, que habría mayor acceso para personas con capacidades diferentes y, pues… eso todavía no se ve”, señaló.

Respecto a la mancha urbana, el académico manifestó que, tradicionalmente, rutas iban siguiendo el crecimiento de las urbanizaciones. Sin embargo, el sistema de transporte público todavía va ‘muy lento’ para alcanzar los nuevos desarrollos residenciales cerrados, por lo que los autobuses no puede ingresar a ellos y eso complica el esquema de dotación del servicio, y al mismo tiempo genera que los habitantes de esos desarrollos se desplacen, principalmente,  en automóvil, lo cual provoca que las vialidades se congestionen.

El coordinador de la Maestría en Vías Terrestres explicó que para que una persona deje  de usar su automóvil, el sistema de transporte público debe de ser competitivo, brindar una calidad de servicio igualitaria, desde la explotación del sistema, el tiempo del recorrido, hasta las mismas características de la unidad y el trato de los choferes al usuario, pero “eso no existe, en eso todavía no se ha centrado el Estado”.

En opinión de Obregón Biosca “al optimizar el uso de las unidades de transporte público, lo que hace la empresa permisionaria es que baja sus costos de operación, ya que está cargando más pasajeros en una unidad con la misma longitud de recorrido; los gastos de operación son menores y eso le deja mayor margen de ganancia”.

Concluyó que es necesario que el gobierno y los concesionarios realicen el 60 por ciento de lo que dejaron de hacer en cuestión de unidades y capacitación, porque “realmente, un buen sistema de transporte necesita ir a la par de una política o de un plan de movilidad integral; asimismo, de una comunicación y visión puntuales”.

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