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Opacidad en contratos y facturas de publicidad del Gobierno del Estado

Entre enero de 2016 y abril de 2019 el gobierno de Francisco Domínguez manifestó haber destinado poco más de 503 millones para publicidad en diversos medios de comunicación.

Hay pagos a medios de comunicación que no pueden comprobarse, pues si bien el Gobierno del Estado registra haberles dado alguna cantidad para difundir sus acciones, el portal de transparencia no pone a disposición de los usuarios contratos, convenios o facturas que avalen dichas cantidades.

Entre enero de 2016 y abril de 2019 el gobierno de Francisco Domínguez Servién manifestó haber destinado 503 millones 632 mil 239 pesos con 99 centavos para publicidad en diversos medios de comunicación. Algunos enlaces a los comprobantes de pago se mencionan con una leyenda de “error” al cargar.

Medios como el canal Super 9, El tiempo de Santa Rosa, los periódicos El Pueblito y El Regional son algunos de los medios que no cuentan con un enlace electrónico al contrato de servicio brindado. En cambio, algunas de las facturas que no cargaron corresponden a Radar (Corporación Radiofónica de Celaya), Respuesta Radiofónica (como Impulsora de ventas y Promoventas Radiofónicas) y Telecable universal.

También, en este mismo rubro, el periódico Diario de Querétaro registra haber obtenido un contrato por 6 millones de pesos; sin embargo, sólo está disponible una factura por la mitad de precio (3 millones). Los medios Códice Informativo y Visión Empresarial no concuerdan entre las facturas con el monto del contrato de venta.

En 2017, en algunos medios se repitió el caso tanto en contratos como facturas. En empresas como Art Graph, La Rueda, Núcleo Ejecutivo, periódico Punto Bajío y Poder Informativo, los enlaces aparecían como ‘dañados’ o simplemente, de manera que no se pudieron verificar los montos que dio el gobierno estatal. En dicho año quedaron sin comprobar alrededor de 19 millones 607 mil 711 pesos.

Por último, 2018 tampoco queda descartado, ya que hay medios como Códice Informativo, el periódico El Economista, la empresa en consultoría de negocios Sway business S.A. de C.V., entre otros, que tampoco presentaron enlaces a los contratos o que las facturas venían dañadas en el documento publicado por el Poder Ejecutivo.

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