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Participación ciudadana, un simulacro

Por su posicionamiento político anterior, difícil que el IEQ presente iniciativa de ley

Por: Víctor Pernalete

Como “flatus vocis” o derecho inútil, calificó en su momento Marco Antonio León Hernández, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LVII Legislatura, la Ley de Participación Ciudadana aprobada por el pleno de la pasada Legislatura y que hoy se encuentra en proceso de reglamentación al interior del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ).

El diputado de Movimiento Ciudadano prometió que reformaría la ley, la cual consideró una “vacilada” que poco aportaría para el desarrollo de la participación ciudadana en el estado.

Por su parte Diego Foyo López, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en este periodo legislativo, comenzó con un discurso suave, aunque en las últimas semanas adoptó la misma postura y se ha mostrado renuente a la ley vigente. Él también ha insistido en que la ley deberá de ser reformada para que sea funcional.

“Creemos que los porcentajes inhiben la participación ciudadana, que es el objetivo y espíritu de esta ley. Yo preferiría que las reformas se dieran antes de que se dé la reglamentación, y que ésta que viniera a partir del mes de marzo ya tenga las reformas correspondientes. Estamos trabajando en los consensos dentro de la misma comisión.”

Ésa parece ser la tesitura general. Luis Alberto Fernández García, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que ha publicado la obra El código binario de la democracia queretana. Campañas y elecciones en Querétaro, comparte la visión de los legisladores.

De acuerdo con el especialista en materia electoral, en lugar de velar por la participación, la ley parece estar más avocada a bloquear los caminos.

“Para que los ciudadanos puedan participar es muy difícil; por ejemplo para un referéndum, que pretende que los ciudadanos podamos opinar para modificar una ley o una reforma, se dan 30 días después de la publicación de la norma para presentar firmas con fotocopia de ambas caras de la credencial de elector del tres por ciento del padrón, poco más de 30 mil personas.

“Un poco difícil creo yo. Además es necesario que en el acto comicial mismo participe por lo menos el 40 por ciento del total del padrón. Si no, no sería vinculatoria. Realmente no quieren que la gente opine”, advirtió.

El catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) añadió que existen ciertos mecanismos que podrían resultar en un control de la propia autoridad, como el hecho de que si se solicita un referéndum o plebiscito y no se cumple con los requisitos, el tema queda automáticamente congelado por un año, algo que podría utilizarse para bloquear la participación ciudadana en materias sensibles.

De igual forma se inhiben la participación social durante los procesos electorales, una condición que, de acuerdo a Fernández García, no se tiene en la gran mayoría de países con mecanismos de participación social, quienes prefieren aprovechar la movilización de recursos y de personas durante los comicios para hacer referéndums o plebiscitos.

En Estados Unidos de América, por ejemplo, se aprovecharon las elecciones presidenciales para preguntar a los ciudadanos su posicionamiento respecto a la legalización de la marihuana, entre otros temas, recordó.

Además, de acuerdo a la explicitado en la propia ley en su artículo 15, “el Instituto Electoral de Querétaro, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes con derecho a voto, determinará si es trascendente para la vida pública del Estado, debiendo fundamentar y motivar la resolución que emita”, y también, podría incluso solicitársele a la Legislatura del estado emita su opinión, lo que dejaría finalmente la decisión en manos de la propia autoridad.

“No es una ley que pretenda la participación, no sé cómo la justifiquen los que la presentaron y la votaron, porque no los he escuchado, pero haciendo una lectura superficial te hace pensar que el objeto verdadero es que no participe la gente”, consideró el académico.

 

Por su posicionamiento político anterior, difícil que el IEQ presente iniciativa de ley

Luis Alberto Fernández García indicó que si el Consejo General del IEQ tiene la potestad de presentar iniciativas de ley en materia electoral, también podría presentar su propia propuesta de reforma a la Ley de Participación Ciudadana, sin embargo, dudó de esa posibilidad al haberse visto ya el posicionamiento político del órgano electoral.

“No lo creo, me baso en su iniciativa de código electoral. Presentaron la misma que el Ejecutivo, se autorrecortan sus facultades, entonces atienden intereses ajenos a los del órgano electoral, no esperaría que tuvieran esa iniciativa.”

Las opiniones son diversas y casi todas coinciden en que la Ley de Participación Ciudadana es, por lo menos, deficiente.

Las promesas de reforma están sobre la mesa, sin embargo, el IEQ aún trabaja en la reglamentación y no ha mostrado interés en proponer una reforma a la misma, sino por el contrario, con base en la nueva normatividad solicitó en su proyecto presupuestal una partida como las otorgadas en años electorales, algo que en su momento Braulio Guerra Urbiola, presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto, calificó de “ilógico”.

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