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Persisten obstáculos para el acceso a la información pública

Por: Ana Karina Vázquez / Manelick Cruz Blanco

Municipio tardó seis meses en otorgar información de pago a medios de comunicación

Debido a la falta de atención por parte de la Unidad de Información Gubernamental (UIG) del municipio de Querétaro y a la resistencia de los sujetos obligados para entregar los datos solicitados, tomó seis meses poder acceder a los documentos en que consta el pago a medios de comunicación locales por la difusión de publicidad.

La solicitud de acceso a la información pública fue presentada el 11 de abril del 2016 y quedó registrada bajo el folio 387/2016. No obstante, el documento nunca fue respondido por las autoridades municipales, por lo que se presentó un recurso de revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro).

Casi tres meses después, el primero de julio del 2016, el municipio de Querétaro cumplió con la resolución del organismo garante y puso a disposición del ciudadano los contratos por el servicio de difusión de publicidad en cualquier medio de comunicación, hecho que fue informado a Infoqro.

Sin embargo, el organismo nunca notificó al ciudadano sobre la respuesta otorgada o los avances del recurso de revisión. Hasta que el solicitante acudió directamente a las oficinas de la Comisión, fue que conoció la exigencia de entregar las facturas entre el primero de octubre del 2015 y el primero de marzo del 2016, aunque hasta el momento la resolución no se ha cumplido y el recurso de revisión continúa abierto.

Reniegan la transparencia

El 26 de agosto del 2016 se presentó una segunda solicitud  ante a la Unidad de Información Gubernamental del municipio de Querétaro, en la cual se pedían “todas las facturas y contratos derivados de la contratación de difusión y publicidad en cualquier medio de comunicación” y se registró con el expediente 1156/16.

El 14 de septiembre del 2016 se obtuvo una respuesta del secretario de Administración, Rubén Raymundo Gómez Ramírez, en donde señala que solamente es posible entregar las facturas de los meses de abril y mayo del 2016, ya que el resto fueron proporcionadas anteriormente, como resultado de un recurso de revisión.

A pesar de tratarse de dos procesos jurídicos independientes, que requieren de un análisis y una resolución propia, el secretario de Administración capitalino utilizó el argumento para negar el acceso a parte de los datos solicitados, cuando la ley solamente restringe los datos confidenciales o reservados.

Al respecto, el artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Querétaro (LTAIPEQ), indica que “ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa en relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos”.

Por otra parte, el artículo 164 de la citada Ley, en su fracción XI, apunta que es motivo de sanción el “denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial”.

Igualmente, la Ley apunta que el único organismo que puede clasificar los datos como reservados es la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. También señala que entre la información obligatoria que deben difundir las entidades gubernamentales están los gastos en publicidad y medios de comunicación.

Marcos y la publicidad

Durante su periodo como diputado federal, Marcos Aguilar presentó una iniciativa de reforma constitucional que buscaba limitar el gasto que hacen los gobiernos en materia de propaganda.

“Su propósito es establecer límites al gasto gubernamental, a fin de evitar dispendio de los recursos públicos con fines de autopromoción o electorales”, declaró a tres días de conmemorarse el Día de la Libertad de Expresión, en el año 2013.

Asimismo, declaró que la reforma  buscaría “que la actividad de los periodistas se limite por razones contractuales entre gobiernos y empresas de medios de comunicación”, esto para evitar que intereses económicos “provoquen que se les reprima, despida, cese o silencie por la libre manifestación de sus ideas o pensamientos”.

Por otra parte, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) abrió una investigación sobre los gastos de publicidad de Marcos Aguilar Vega durante su último informe de labores como diputado federal, luego de la denuncia realizada por Juan Ricardo Ramírez Luna, exrepresentante del PRI en el Congreso de la Unión.

Además, el gasto de 51 millones de pesos en medios de comunicación, en nueve meses, contradice el discurso de austeridad del alcalde capitalino, quien en junio del 2016 anunció un programa para la reducción del gasto corriente mediante el despido de mil trabajadores, lo que dio un ahorro de 250 millones de pesos.

 

El gasto de 51 millones en publicidad equivale a una quinta parte del ahorro proyectado por el alcalde durante su gestión y casi dobla el ahorro de 28 millones de pesos alcanzado mediante la concesión del servicio de recolección de basura en el municipio de Querétaro.

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