Personas en situación de calle sufren brechas de acceso a servicios y discriminación
Las personas en situación de calle enfrentan una temporada particularmente difícil con la llegada del frío y los periodos festivos, en que salvaguardar su integridad física y mental puede ser obstaculizada por una brecha de acceso a servicios públicos, por la exposición a la violencia, la discriminación y una desatención de sus necesidades fundamentales.
El gobierno de la capital queretana ha anunciado un protocolo de “atención” para la población sin techo, que en el discurso tiene como propósito atender algunas de sus necesidades inmediatas y protegerlas de potenciales afrontas a su salud, pero en el que también denota una percepción de estas personas como una fuente de riesgo para el resto de la gente.
El sesgo de la denuncia como vía de acción gubernamental
El mecanismo de acceso a estos servicios es por medio de la denuncia directa de la ciudadanía a los cuerpos de emergencia o al Instituto Municipal de Prevención de Conductas de Riesgo, en que, al señalar la presencia o situación de alguna persona en condición de indigencia, las autoridades acuden para evaluar el caso.
En un esquema que incorpora al DIF municipal, junto a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación de Protección Civil, así como otras instituciones como albergues y centros de atención de la salud, que incluyen la de índole mental o el tratamiento de adicciones, a las personas en indigencia se les invita a recibir apoyo en algunos de estos rubros o a resguardarse temporalmente.
Sin embargo, el rechazo a estas ofertas de los inspectores municipales o de los cuerpos de protección es recurrente, al existir preocupaciones sobre el potencial internamiento involuntario, miedo a maltrato, a la criminalización o por una desconfianza directa en las autoridades e instituciones que los han dejado atrás.
La voluntad política perpetúa la inequidad y la discriminación
El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, afirmó en octubre que se tenían identificadas a alrededor de 500 personas en situación de calle o que enfrentan problemas de adicción o salud mental, que se atenderían porque “ponen en peligro la integridad de otras personas”.
La disposición a retirar a gente de la vía pública, sin cambiar la totalidad de sus circunstancias de fondo, puede contribuir a la continuidad de esas circunstancias estructurales que invitan a la desconfianza y la discriminación de grupos ya vulnerados, como las poblaciones indígenas, la gente con alguna discapacidad o las personas migrantes, que predominan en las mediciones de pobreza extrema nacionales.
Asimismo, cerrar las brechas de acceso a la salud, a la educación, al empleo y todo tipo de servicios básicos resulta imposible si continúa la discriminación por cuestiones como la falta de documentos de identificación.
Las autoridades municipales han expresado una voluntad para incrementar las capacidades de atención de instituciones como los albergues, que contribuyen a dar un alivio a la población local y de paso que no tiene algún otro refugio, además de promover su gratuidad en temporada de frío. Situación que se replica en los hogares de transición y los espacios de acompañamiento a la salud, pero su priorización presupuestal y administrativa está por determinarse.
