PGR, obligada a reparar el daño a Alberta Alcántara y Teresa González
Por: Redacción
En lo que fue considerada “una decisión histórica”, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emitió una sentencia favorable para las mujeres hñähño (otomíes) Alberta Alcántara y Teresa González, que estuvieron recluidas en San José el Alto de 2006 a 2010, en un caso donde estaba en juego la reparación del daño.
Alberta Alcántara y Teresa González fueron “presas de conciencia” –de acuerdo con Amnistía Internacional- al ser detenidas 2006 por elementos de la AFI, adscrita a la PGR, encarceladas ese mismo año y permanecer recluidas hasta 2010.
De acuerdo con la sentencia del Pleno de la Sala Superior del TFJFA, la instancia obligada a reparar el daño es la Procuraduría General de la República (PGR).
El fallo “genera precedentes en materia de reparación del daño a víctimas de violaciones a derechos humanos”, señaló en comunicado de prensa el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que defendió jurídicamente a las mujeres otomíes.
“El mensaje que hoy envía el Máximo Tribunal en Materia Administrativa del país, es que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado posee un mecanismo para que las personas que son fabricadas culpables debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras, tengan derecho a exigir al menos una compensación económica por las afectaciones que les genera dicha acción por parte del Estado”, advierte en el comunicado del día miércoles 20 de noviembre.
La resolución “implica no sólo el pago de una indemnización monetaria sino de medidas que van más allá y que ordenan a las autoridades del Estado ofrecer una disculpa pública; garantizar mediante medidas provenientes desde la propia autoridad que violaciones de la misma naturaleza no se repitan e investigar y sancionar a las personas responsables de cometer tales violaciones, entre otras”.
El veredicto del tribunal fue recibido con beneplácito tanto por el Centro de Derechos Humanos como por Amnistía Internacional.
“Acorde con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, es de fundamental importancia que se asuma y se ejerza efectivamente la obligación que tienen todas las autoridades del Estado de respetar, proteger, garantizar, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos provocadas por la actuación de los servidores públicos”.
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