Pierde Municipio 34 mdp por asumir responsabilidades del relleno sanitario
La concesionaria encargada del vertedero no cumplió con el contrato, pero no fue multada por ello
Por: Mariana Chávez
El gobierno municipal de Querétaro -a cargo de Roberto Loyola Vera- asumió indebidamente las obligaciones de la empresa concesionaria del relleno sanitario, ocasionando un detrimento a las finanzas municipales por más de 35 millones de pesos, además de que fue omiso de sancionar a la compañía Proactiva del Medio Ambiente por no cumplir con su responsabilidad de concesionario, detectó la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE).
De los 35 millones de pesos, la empresa Proactiva pagó 17 millones de pesos, no así los 18 millones de pesos restantes, con los que genera “un detrimento a la hacienda municipal, sin embargo, a pesar que la ESFE solicitó la documentación comprobatoria del pago, la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Gobierno fueron omisas en dar respuesta”.
En la observación 35 de la cuenta pública correspondiente al primer semestre de 2013, se destaca que el gobierno municipal realizó acciones para suscribir un convenio modificatorio con el que otorgó beneficios directos al concesionario, mismo que fue aprobado por el Cabildo el 26 de marzo del año pasado.
El gobierno municipal que encabeza Roberto Loyola, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tampoco aplicó sanciones por incumplimiento de las obligaciones de la empresa derivadas del contrato CDI-95-07-31 y convenio modificatorio del 20 de marzo de 2006, consistente en el pago por la adquisición de un terreno.
Originalmente, la empresa Proactiva del Medio Ambiente debía ampliar el relleno sanitario al concluir su vida útil, pero al no realizarlo, el gobierno municipal modificó el convenio y estableció una cláusula donde se hace responsable de aportar 20 hectáreas de terreno para que lo use la concesionaria.
El terreno se ubica en Ejido Mompaní, a un costado del relleno sanitario. Fue adquirido mediante convenio el 9 de febrero de 2009 (cuando Manuel González Valle era alcalde) con Rigoberto Ruiz Monge, Complejos Residenciales S.A de C.V., y Fraccionamientos Selectos S.A. de C.V., valuado en 24 millones de pesos.
Desde el año 2006, Proactiva estaba obligada a comprar un terreno por 11 millones de pesos, pero no lo concretó y, ante ello, se comprometió a entregar 14 millones de pesos a favor del Municipio y obtener el uso y goce del terreno, además de otorgar un parque para la ciudad con un valor de 3 millones de pesos más, con lo que pagaba el predio, incluyendo los impuestos generados.
Tras siete años de demora por parte de la concesionaria, el gobierno municipal determinó justificar en el acuerdo que debe entregar el terreno al encontrarse en una situación de “orden público y de interés social” por la disposición y confinamiento de residuos urbanos, y una posible afectación al servicio público, pues el relleno estaba a punto de llegar a su capacidad total de confinamiento.
Aunque la Entidad señaló desde el año 2009 que el gobierno municipal incumplía en obligar al concesionario a asumir su responsabilidad, continuó la omisión a lo largo del pasado trienio municipal y el actual.
En marzo de 2013, el Cabildo autorizó el convenio en que el gobierno municipal otorga el terreno a la concesionaria, lo que es irregular y representa un detrimento para las finanzas del gobierno municipal, pues Proactiva incumplió con sus obligaciones de concesionario, asumidas “indebidamente por el Municipio”. Aunado a ello, la presidencia municipal no aplicó sanción por mora a la empresa en el pago de un adeudo que ascendía a 35 millones 983 mil pesos al no cumplir con la adquisición del terreno.
La ESFE también destaca que el gobierno municipal, al ceder el uso del terreno de 20 hectáreas, perdió la posesión, “máxima que el Municipio no tiene documento con el que acredita la propiedad del inmueble citado”.
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