Información

Planteamientos para fortalecer la educación pública superior en México

Las propuestas aquí vertidas aprovechan la posibilidad de la comunidad universitaria para participar en la elaboración de un marco regulatorio secundario que contribuya a fortalecer la educación superior pública en México. En la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), estamos convencidos de la necesidad imperiosa de generar las mismas oportunidades para todos los jóvenes; sabedores de que nuestra aportación abonará a construir una educación superior equitativa e incluyente.

En estas leyes secundarias deben establecerse las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación, y que todos los actores implicados —el Estado, las instituciones y los ciudadanos— tengamos certeza y sepamos qué hacer y qué no hacer.

La reforma educativa, iniciada a partir de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo del año en curso, pudiera dejar puntos ambiguos que en este momento tenemos la oportunidad de aclarar. Por ejemplo, el segundo párrafo del artículo 3 constitucional señala que “corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.

Si el espíritu de la Reforma Educativa es avanzar bajo estos principios, los mismos no deben socavar la calidad institucional, el mérito y el esfuerzo individual de los ciudadanos y sus familias. Lo anterior obliga a clarificar los alcances de dichos principios en el ámbito de la educación pública superior del país; ello con el propósito de armonizar y regular las fracciones VII y X del artículo tercero constitucional.

Para el caso del principio de obligatoriedad, la fracción X del artículo 3 declara: “la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas”.

Por lo que refiere a esta última idea del establecimiento de requisitos de acceso a la educación superior, se hace necesario incluir en la ley una disposición que explicite las facultades de las universidades autónomas en la materia; ya que debe dejarse claro que dichos requerimientos garantizarán condiciones de imparcialidad a todos los aspirantes y deberán estar contemplados en las disposiciones correspondientes de las instituciones de educación pública superior del país en el marco de su autonomía. Por ello, se propone que se adicione al segundo párrafo del Artículo primero de la Ley General de Educación lo siguiente:

Artículo 1

Doy lectura al segundo párrafo en su versión actual:

“La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones”.

Nuestra propuesta de adición al mismo párrafo quedaría de la siguiente manera:

“La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refieren las fracciones VII y X del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes y demás normas que rigen a dichas instituciones”.

Los requisitos y mecanismos de acceso deberán ser transparentes, imparciales y públicos; considerando en todo momento las capacidades y herramientas necesarias para el cumplimiento de los perfiles de ingreso a los diferentes programas de estudio.

En relación con los principios que las instituciones de educación superior pública deben garantizar para promover una educación inclusiva, la Ley General de Educación establece ya algunos elementos de equidad para la educación en general en su artículo 2.

Sin embargo, dicho numeral se vería fortalecido con la adición de un párrafo donde se disponga que las universidades públicas tendrán la responsabilidad de establecer mecanismos que permitan reducir la brecha social y fomentar la inclusión entre sus estudiantes; es decir, que se consideren estrategias para paliar las desigualdades económicas y sociales, darles prioridad a los estudiantes de bajos recursos, a las personas con discapacidad y a quienes forman parte de una comunidad indígena o a los diferentes grupos vulnerables. Para ello, es necesario garantizar apoyos y becas a fin de que continúen y terminen sus estudios.

En la UAQ —así como en otras universidades autónomas— hemos destinado recursos para dar becas a estudiantes indígenas o provenientes de grupos representativos, a madres solteras, así como a aquellos de escasos recursos y a alumnos con alguna discapacidad. Creemos que esto debe ser obligatorio y establecerse, como parte de los mecanismos para fomentar la inclusión, la permanencia y la continuidad. En virtud de lo anterior, se propone que se agregue, después del último párrafo actual de la Ley General de Educación, la siguiente redacción:

“Con el propósito de promover la permanencia y conclusión exitosa de la formación de sus estudiantes, las universidades públicas deberán contemplar en sus legislaciones internas mecanismos que permitan reducir la brecha social y fomentar la inclusión entre sus integrantes, con especial énfasis en los grupos vulnerables.

»El principio de gratuidad en todos los niveles de educación es una intención loable. Ya la estructura jurídica vigente, antes de esta reforma educativa, lo contemplaba para la educación básica y media. Lo cierto es que, en la práctica, en sus intentos de acceder a este derecho, los ciudadanos se suelen topar con experiencias como las “cuotas voluntarias” que han impedido el pleno goce de este derecho”.

Atendiendo a ello, y con el firme propósito de que el principio de gratuidad no se quede en letra muerta, tendremos que incluir en la Ley General de Educación elementos muy claros sobre lo que se entiende por gratuidad. Con la reforma constitucional que estamos regulando mediante este parlamento abierto, la educación superior pública se enfrenta a un reto importante para el cumplimiento de dicha disposición. Por tanto, es obligación del Poder Legislativo generar las disposiciones legales que constriñan a los tres niveles de gobierno a proporcionar los recursos necesarios para poner en operación la gratuidad de la educación superior.

Con relación a ello, sugerimos aclarar qué niveles de estudio se incluyen (técnico superior, licenciatura y posgrado) y que la gratuidad considera los pagos obligatorios como las inscripciones, reinscripciones y matrícula, por lo que los trámites de titulación y los cursos o diplomados no curriculares pueden tener un costo de recuperación. Lo anterior otorga al individuo la posibilidad de adherirse a la educación superior gratuita; ya que, con esa exención, los ciudadanos no erogarán recurso alguno dentro de las instituciones para acceder a todos los componentes de su proceso educativo.

Por lo anterior se propone hacer las siguientes modificaciones al artículo 6 de la Ley General de Educación:

Párrafo 3 redacción original:

“En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna”.

Párrafo 3 redacción propuesta:

“En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, reinscripción, el acceso a la escuela, o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna”.

Adición de un 4 y 5 párrafo con la siguiente redacción:

“En el caso de la educación superior pública, esta será gratuita al menos en los niveles de Técnico Superior Universitario y licenciatura para los procesos de inscripción y reinscripción, así como en el costo de la matrícula.

»A fin de alcanzar una verdadera equidad, se dirigirán los subsidios públicos destinados al cumplimiento de la gratuidad a los estudiantes con menor capacidad económica, por lo que aquellos que previo estudio socioeconómico se determine que pueden costear su educación, lo harán”.

Adición de un artículo transitorio

“Para el cumplimiento de la gratuidad en la educación pública superior, es obligación de la federación, solicitar informes detallados de cada una de las instituciones correspondientes, respecto de los ingresos propios que se obtenían anualmente por los conceptos que serán gratuitos en virtud de la reforma constitucional de 2019. La Cámara de Diputados proveerá, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, dichos recursos para el ejercicio fiscal 2020, de manera adicional al gasto ordinario. En los ejercicios subsecuentes, estos recursos serán parte del presupuesto irreductible y aumentarán de acuerdo a la proyección de matrícula que presente cada Institución de Educación Pública Superior”.

El principio de gratuidad se encuentra estrechamente vinculado con el financiamiento a la educación. Las normas deben ir acompañadas de obligaciones presupuestales. Para el caso la misma Ley General de Educación, en su capítulo II, sección 3, del financiamiento a la educación, establecen algunas disposiciones que, a la fecha, no han sido cumplidas a cabalidad.

Creemos que la norma vigente debe ser robustecida con la aplicación oportuna de sanciones en caso de su incumplimiento y, además, avanzar en establecer responsabilidades de los tres niveles de gobierno para el caso de la educación pública superior, en virtud de ser este nivel educativo obligado, con esta reforma, a la gratuidad.

El primer párrafo del Artículo 25 de la Ley General de Educación establece que:

Artículo 25: “El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondiente que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible”. 

Nuestra propuesta es la adición de la siguiente redacción después del texto mencionado:

El incumplimiento de esta disposición y la falta de oportunidad en la entrega de los recursos, serán objeto de sanción a las autoridades responsables, de acuerdo a las normas aplicables.

En el caso del financiamiento para las instituciones de educación pública superior del país, el presupuesto federal al que accederán no podrá ser menor al año anterior inmediato. Es obligación de los poderes legislativos y ejecutivos de los estados proveer a las universidades públicas de su respectiva entidad del igual monto de recursos que el que asigne la federación para cada ejercicio presupuestal. Como parte del trato equitativo, los subsidios públicos por estudiante entregados a las universidades públicas autónomas deberán ser homogéneos en todas las entidades del país”.

Adicionalmente a las reformas propuestas, estamos convencidos de que debemos impulsar la libertad económica de las universidades públicas. Una dimensión importante para alcanzar dicho objetivo es generar incentivos fiscales de mayor impacto para los ciudadanos que están en posibilidades de apoyar la educación pública superior.

Una estrategia para lograr lo planteado es el aumento de la deducibilidad de las donaciones efectuadas por personas físicas y morales a instituciones como las de educación superior. Para ello, proponemos las siguientes modificaciones al párrafo 3 de la fracción I del Artículo 27 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta que norma las deducciones. Leo redacción original del párrafo en cuestión y preciso el cambio:

“El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7 por ciento de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción”: En este caso proponemos cambiar el límite de deducibilidad del 7 por ciento al doble, para el próximo ejercicio: 14 por ciento.

Continuo con la lectura del artículo: “Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4 por ciento de la utilidad fiscal a que se refiere este párrafo” —aquí proponemos se eleve al 8 por ciento— “sin que en ningún caso el límite de la deducción total, considerando estos donativos y los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7 por ciento citado”: proponemos se incremente a 14 por ciento.

Adicionalmente proponemos tener precaución en el proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, ya que en el Artículo 17 de la disposición que regula el ejercicio fiscal 2019, se estableció —de manera poco cuidadosa— la derogación de las exenciones fiscales para personas físicas y morales. En algunos casos, esta disposición se ha aplicado de manera retroactiva y en perjuicio de las universidades públicas, configurándose con ello un escenario absurdo en que el Estado (representado en este caso por las universidades autónomas como órganos desconcentrados) se cobra a sí mismo impuestos, además de que ha dejado sin efectos al artículo 22 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que a la letra señala:

“Artículo 22.- Los ingresos de las instituciones públicas de educación superior y los bienes de su propiedad estarán exentos de todo tipo de impuestos federales. También estarán exentos de dichos impuestos los actos y contratos en que intervengan dichas instituciones, si los impuestos, conforme a la ley respectiva, debiesen estar a cargo de las mismas”.

Con la derogación de las exenciones fiscales, las instituciones educativas se han visto limitadas en actividades como la comercialización y explotación de productos, patentes, marcas y derechos de autor; por citar algunos ejemplos. Por todas las razones expuestas, solicitamos la modificación del artículo 17 de la próxima Ley de Ingresos de la Federación, para que las actividades que anteriormente se mencionaron y que son llevadas a cabo por las instituciones de educación superior, sean consideradas como no gravadas o exentas.

Creemos que esta modificación fortalecería la generación de fuentes adicionales de ingreso para afrontar las necesidades financieras generadas por el crecimiento de la matrícula, al tiempo que fortalecería las actividades docentes, de investigación y extensión. Por último, me parece importante señalar que este planteamiento, naturalmente no incluye las cargas fiscales de las personas físicas que estas instituciones educativas retienen y que deben enterar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las universidades públicas debemos observar la ley con transparencia en la rendición de cuentas y en sus procedimientos, para ello la ley debe ser clara y observada, asimismo, por la federación y autoridades estatales para su cumplimiento. Con ello, estaremos apoyando a nuestra juventud a través del mejor legado que podemos darles: la Educación.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Botón volver arriba