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Podría suspenderse en 2012 indemnización a familia de J. Rosario Aguilar

Por Miguel Tierrafría

Desde el 26 de febrero hasta la fecha ya son siete meses de un caso sin resolverse. La agonía, la tristeza y el cansancio se notan en la mirada penetrante de una mujer a la que le arrebataron una parte de su vida.

Ese 26 de febrero nunca lo olvidará Adriana Alanís, viuda de J. Rosario Aguilar Bautista, quien perdió la vida en cada golpe que presuntamente policías le propinaron en las afueras de su casa, frente a vecinos y la propia familia.

Adriana pareciera no querer recordar ese momento en que con violencia se extinguía la llama de un hombre que dejó huérfanas a tres niñas. J. Rosario era el único sustento económico de la familia.

Ella ahora exige que “se haga justicia para que sirva de ejemplo lo que hicieron, para que no se vuelva a repetir, que en otra familia no suceda lo que pasó en la mía”.

Las últimas palabras de Rosario “¡Tú no te agüites, vieja!” ni siquiera describían lo que en minutos sucedería: el asalto de policías de la guardia municipal a Rosario para consignarlo a las autoridades correspondientes, sin embargo la brutalidad con que lo quisieron tomar fue la suficiente para que dejara de existir.

El acuerdo firmado por Francisco Domínguez, así como por los regidores del ayuntamiento del municipio, incluye: reembolso por concepto de gastos funerarios, entrega de la indemnización, el fideicomiso por concepto de ayuda para la manutención de las menores por 10 mil pesos –durante 15 años–, el apoyo para la mejora de la vivienda del finado, así como becas escolares para las colegiaturas de las menores hasta el 30 de septiembre de 2012.

Sin embargo, desde que se otorgó el apoyo a la familia del fallecido, Adriana ha intentado hablar con el presidente municipal, pero éste les ha negado la cita.

“La cita que yo quiero con él para platicar es sobre (el acuerdo), si hay un acta o sea que haya quedado asentado bien este papel que me lo muestre, o sea solicitarlo para que la persona que siga en su lugar me continúe dando el apoyo, más que nada porque es el sustento de mis hijas –no para mí–. Poco o mucho, mi esposo era el único que aportaba”, afirmó Adriana.

“Que el acuerdo quede asentado”

La preocupación de Adriana Alanís es por el hecho de que pueda suspenderse el apoyo del Municipio de Querétaro ante el cambio de gobierno o que dicho acuerdo acabe siendo apócrifo, es decir que no tenga validez ante Gobierno Municipal o ante cualquier otra instancia.

No obstante tanto la familia como el abogado tienen la confianza en que en tres semanas se llegue a buenos términos para firmar el fideicomiso a que se comprometió el presidente municipal.

“Yo ahorita lo que quiero es que quede asentado este papel (de los acuerdos para apoyo), de hecho la hoja está sin fecha, cualquiera puede redactarla y falsificarla, porque para mí es una hoja simple y sencilla”, alertó la viuda de J. Rosario Aguilar.

Por su parte, el abogado Antonio Ramos Martínez, quien lleva el caso, aseguró que la responsabilidad social que debe asumir el servidor público (en este caso el alcalde Francisco Domínguez Servién), debe estar por encima y que debe cumplir los compromisos a los que se sujetó.

Para asegurar que el apoyo por parte de Municipio se siga haciendo presente para la familia de Adriana Alanís, han acudido a las oficinas de gobierno buscando concertar una cita con el presidente municipal, del que sólo negativas recibe.

“Pues le dicen a la familia que no hay espacio en la agenda, que el presidente municipal está muy ocupado, que hable después y hasta la fecha le han dado largas”, manifestó el abogado.

Reiteró que esperan que el apoyo quede bien asentado hasta antes del término de la gestión de la actual administración del municipio de Querétaro.

“Ojalá todo esto quede bien asentado antes de que las autoridades terminen su gestión, para que los que sucedan en el cargo, independientemente de los colores y de la persona que llegue, le puedan dar continuidad a estos compromisos y puedan responder de estos actos que se llevan a cabo, porque no han sido hechos aislados”, resaltó Antonio Ramos.

Está pendiente el proceso penal contra los policías involucrados

En cuanto al caso que aún sigue pendiente desde la muerte de J. Rosario presuntamente a manos de los policías de la Guardia Municipal, los constantes amparos y apelaciones presentadas por los acusados han detenido la fluidez para otorgar o deslindar responsabilidades a los implicados en el homicidio.

El abogado de Adriana Alanís explicó que en un principio la averiguación previa se inició por el delito de homicidio calificado y abuso de autoridad.

El juez segundo de distrito había resuelto que los siete policías involucrados “que participaron en los hechos el sábado 26 –donde perdió la vida J. Rosario– sí cometieron el delito de homicidio calificado y sí cometieron el delito de abuso de autoridad. Los cuatro que están por homicidio y por abuso de autoridad sí lo cometieron, los tres que están por abuso de autoridad sí lo cometieron.

“En este camino los otros tres que están por abuso de autoridad interpusieron una infinidad de amparos para saber si tenían alguna orden de aprehensión o si había algo en contra de ellos.

“El juez dice ‘sí lo hicieron’ y determina que van a seguir detenidos los cuatro, los otros tres se les fija fianza para que puedan llevar el proceso, enfrentar el proceso por medio de libertad condicional o libertad bajo caución se le llama, o sea pagan su fianza y enfrentan el proceso en libertad”, recordó.

Sin embargo, el juez primero de distrito determinó que no procede el homicidio calificado debido a los amparos y apelaciones que presentan dos de los policías acusados, por lo que se determinó que el homicidio es preterintencional, el cual, al ser de este tipo, se reduce la penalidad de los acusados.

Esos amparos presentados por el mismo número de policías fueron resueltos como homicidio preterintencional, por lo que en este momento los otros dos policías se van a amparo de la misma manera, esperando tener los mismos resultados.

“El juez federal no está situado en el contexto”

Las contradicciones entre los jueces se presentan a la hora de establecer si fue homicidio calificado o si fue homicidio preterintencional, argumentó Antonio Ramos.

“Aquí hay una discusión porque nosotros creemos que el juez penal y el tribunal tienen razón y dan sus criterios y su punto de vista, creemos que el juez federal pues sí ‘les está echando la mano’ (a los policías) como dicen por ahí.

“¿Por qué? Porque si bien es cierto que en el Código Penal existe la preterintencionalidad, también es cierto que hay elementos para poder decir que sí se dio el homicidio calificado.

“Es decir, sí hay la intención y sí estos policías actuaron indebidamente, pero el juez federal quiere hacer valer estos criterios en este asunto (a pesar de que a nivel nacional en la legislación, en el Código Penal federal o en la aplicación de la materia penal a nivel federal está radicada la preterintencionalidad), entonces por eso creemos que no está situado en el contexto”, arguyó el abogado.

La defensa de los policías se ha basado en el supuesto de sí haber entrado en la casa del occiso y sí golpearlo, pero nunca con la intención de matarlo.

El abogado de Adriana Alanís dijo confiar en que la resolución que se otorgue sea la de homicidio calificado.

“Queremos establecer estos elementos para que al final en la sentencia que dicte el juez penal pueda solicitarse el delito de homicidio para que nuevamente lo puedan detener”, concluyó.

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