Por miedo a represalias, indígenas no denunciaron a inspectores
La falta de protocolos y actuación por parte del gobierno municipal fueron las principales razones que derivaron en el desalojo de comerciantes de pueblos originarios el pasado 24 de diciembre, sostuvo Joaquín de la Lama, representante legal del grupo
Por temor a represalias, comerciantes indígenas (menores de edad, madres solteras, etc.) no denunciaron las lesiones y agresiones de las que fueron víctimas el 24 de diciembre de 2018, cuando inspectores capitalinos procedieron a desalojarles por el plantón que mantenían en la plaza de Armas, con el cual pedían sitios para vender en vía pública.
La falta de protocolos y actuación por parte del gobierno municipal fueron las principales razones que derivaron en el desalojo de comerciantes de pueblos originarios el pasado 24 de diciembre, sostuvo Joaquín de la Lama, representante legal del grupo, quien además acusó un trato discriminatorio, excluyente, racista y persecutorio, toda vez que no se reflexionó adecuadamente y se les criminalizó.
El resultado de este enfrentamiento, fueron ocho inspectores lesionados (tres de ellos de gravedad) lo que dio pauta a que el Municipio de Querétaro, en voz del secretario de Gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez, acusara la violencia las artesanas y otros activistas a los que denominó “pseudolíderes”.
Del lado de los manifestantes, se dio cuenta de al menos una persona que resultó lesionada de la mano y tuvo que atenderse fuera del estado. Sin embargo, se insistió en que hay personas que no denuncian por miedo. El abogado de los grupos indígenas apuntó que se han solicitado amparos para diversas personas.
También se tomó la decisión de interponer precautoriamente un recurso de amparo para los activistas que señaló el Municipio de Querétaro, con la finalidad de que se tenga la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad si las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado solicitaran alguna detención.
En cuanto al acercamiento que se ha tenido con las organizaciones gubernamentales de derechos humanos, de la Lama también comentó que, aunque se tuvo acercamientos con la Defensoría Estatal de Derechos Humanos, se pidió mejor la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debido a que se cree que tiene una mayor experiencia en el trato con pueblos originarios.
No se buscó romper el diálogo
Sergio Jerónimo Sánchez, uno de los líderes señalados por la administración municipal, recalcó que el conjunto de organizaciones de comerciantes no trató de romper con el diálogo que hubo entre comerciantes y gobierno.
Añadió que la propuesta inicial, por parte de los comerciantes, era de establecerse en una plaza por día; después de cambiarse la propuesta para que se instalaran de viernes a domingo, ambas partes accedieron.
Sin embargo, debido a que no se firmó ningún documento en papel, los comerciantes decidieron instalarse en plaza de Armas el 24 de diciembre, por lo que los inspectores los trataron de retirar (agrediendo física y verbalmente) con la premisa de que no existía un documento que sustentara el acuerdo.
Jerónimo Sánchez destacó que en los principales puntos del pliego petitorio se pedía por parte de los comerciantes era el no maltrato por parte de los inspectores (que ha sido una constante), no robo de la mercancía y un espacio para vender productos; muchos de estos pliegos no se cumplieron correctamente.
La versión que había dado Apolinar Casillas Gutiérrez era que se había llegado a un acuerdo, pero de última hora los grupos indígenas querían más espacios para vender. El secretario de Gobierno en la capital insistió en más de una ocasión que sólo se darían algunos lugares en la plaza Fundadores y plazuela Mariano de las Casas.
Finalmente, en una entrevista con medios locales, Benjamín Castro Olvera, representante legal de los comerciantes que mantenían un plantón en plaza de Armas y otro de los señalados por el gobierno como “pseudolíder”, recordó que el acoso de inspectores contra indígenas es constante; también negó que buscara beneficios propios en su apoyo con los pueblos indígenas, como lo manifestó la administración capitalina.
