Posible ‘caos jurídico’ en reposición del proceso de Defensoría Derechos Humanos, alerta especialista
Resolución del TSJ debió permitir que participaran todos los que compitieron por la presidencia del órgano en 2012, consideró Luis Avendaño González
Por: Noé Girón
La reposición del proceso de elección de presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, ordenado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en respuesta al juicio de inconstitucionalidad presentado por César Pérez Guzmán, puede convertirse en un ‘caos jurídico’, consideró Luis Eusebio Avendaño González, especialista en Derecho Constitucional.
“Hay dos principales razones por las que la reposición del proceso ordenada por el Tribunal me parece defectuosa”, advirtió.
La primera de ellas, de acuerdo con el catedrático de la UAQ, es que el TSJ ordenó un proceso en el que solamente competirán por el cargo Miguel Nava Alvarado, actual presidente de la Defensoría, y César Pérez Guzmán, lo que es un acto ‘injusto’ para los demás candidatos que participaron en el proceso de 2012.
“Reponer un procedimiento implica reponerlo desde el principio, incluyendo a todos los que en su momento participaron en él. En realidad, lo que debió hacer la Sala Constitucional es, al momento de ordenar restituir el procedimiento, convocar a todos los que en su momento contendieron para la presidencia de la entonces Comisión de los Derechos Humanos (CEDH).
“Esto con el fin de que todos fuesen oídos y vencidos, con respecto a cualquier posible exclusión. De esta manera, el proceso no pareciera sólo una contienda entre Miguel Nava y César Pérez”, explicó el docente universitario.
Luis Avendaño, quien es coordinador del Área de Investigaciones Jurídicas en la Facultad de Derecho de la UAQ, afirmó que debido a la resolución del TSJ los demás candidatos podrían presentar juicios de amparo ante la exclusión que recibieron en el nuevo proceso. Esto provocaría incertidumbre en la Defensoría, pues la cantidad de procesos que podrían presentarse no permitirían establecer con certeza un presidente.
La segunda razón por la cual el nuevo proceso presenta incertidumbre está en que, en caso de que Miguel Nava no fuese ratificado como presidente de la Defensoría, los actos y recomendaciones que ha realizado desde que asumió la titularidad de la entonces CEDH, serían legal y jurídicamente inválidos, puesto que si el proceso en el que fue electo Miguel Nava se cataloga como inválido, su estancia al frente de la Defensoría también lo sería.
“Creería que para evitar que fuesen inválidos los actos de Miguel Nava durante estos casi 2 años al frente de la Comisión, debería ratificarse a Miguel como presidente. Con esto no digo que se niegue los derechos de César Pérez Guzmán, el punto es que, al establecer una contienda entre dos contendientes, da apertura a que cualquiera de los dos sea elegido”, expresó.
“Reponer el procedimiento debe implicar, incluir a César Pérez y otorgarle la garantía de ser escuchado, lo que no garantizaría que sea electo como presidente de la hoy Defensoría.
“Si así llegara a ocurrir, todos los actos realizados durante la presidencia de Miguel Nava serían inválidos jurídicamente. Esos son los riesgos jurídicos y políticos que traería consigo una decisión así”
El caso sienta precedente a nivel nacional
Luis Avendaño González expresó que la demanda de inconstitucional presentada por César Pérez Guzmán, por la discriminación recibida en el proceso de elección para presidente de la entonces Comisión, dará pie a que se garantice la no discriminación para acceder a otros cargos públicos.
De igual manera, aseguró que el dictamen emitido por el TSJ no afecta la credibilidad de la LVI Legislatura (encargada del proceso), sino todo lo contrario, pues los recursos de apelación presentados por los participantes confirman la veracidad del proceso.
El especialista también recordó que este caso sienta precedente en el país, puesto que no ha habido una situación que se le parezca en cuanto a la “controversia en la selección de los candidatos” a ocupar la presidencia de un órgano encargado de vigilar el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos.
“Al menos en la historia reciente de Querétaro y con respecto a la Defensoría, no existe ningún antecedente que implique la controversia en cuanto a la selección de los candidatos. Ni mucho menos la reposición de procedimientos para calificar si la designación o el proceso estuvieron bien o mal efectuados. No existe ningún antecedente formal, ni a nivel nacional”, concluyó.
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