Presión de inmobiliarias en revocación de decreto a Cimatario
Directora del Panec denunció que hay desarrolladores interesados en fraccionar dentro del parque
Mariana Chávez
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), busca revocar el decreto de protección de las dos mil 447 hectáreas del Parque Nacional El Cimatario (Panec), por presiones de desarrolladores inmobiliarios, denunció la directora de ese parque, Pamela Siurob Carbajal, situación que también se advierte en el documento “propuesta de trabajo para la elaboración del estudio previo justificativo para modificar o extinguir la declaratoria del Parque Nacional Cimatario”, que elaboró, el Centro de Investigación en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el documento, fechado en abril pasado en Morelia, Michoacán, se indica que contemplan realizar un estudio para “determinar si sus características ambientales, sociales, económicas, administrativas y legales actuales, son las adecuadas para seguir siendo un Parque Nacional de carácter federal”.
El Parque está constituido por 20 predios, de los cuales, ocho son ejidales y 12 de propiedad particular. Se reconocen invasiones de terrenos “por parte de fraccionadores y comercios dedicados a la extracción de materiales pétreos”.
Al tratarse de un parque “ya casi inmerso en la Ciudad de Querétaro, presenta los problemas propios de este tipo de áreas protegidas, en donde existen invasiones de tierras por parte de colonias que se quieren asentar ahí, el crecimiento de la ciudad provoca interés de fraccionadores y ventas ilegales de predios”.
Pamela Siurob, explicó que hay 33 hectáreas propiedad del Ejido Casa Blanca que están en el Parque donde los dueños exigen a la Conanp que les paguen esas tierras
a un precio alto, aunado al interés que existe en el desarrollo inmobiliario, pues en las cercanías de la zona de protección ya hay conjuntos residenciales como Bosques de las Lomas.
“Ha crecido Querétaro, por el paisaje que tiene es un sitio donde quisieran desarrollar, son intereses de desarrolladores que están presionando”, expresó.
En el documento de la propuesta de trabajo para desarrollar el estudio técnico, se señala que aún están pendientes de indemnizar mil 139 hectáreas expropiadas en dos momentos distintos.
Los investigadores se presentaron al Parque para realizar el estudio técnico y que la Conanp reúna “todos los documentos” con la intención de derogar el decreto que es federal, de manera que la administración del parque quede en manos exclusivas del gobierno del estado.
El revocar o modificar el decreto emitido el 21 de julio de 1982, por el entonces presidente de la república, José López Portillo, pondría en riesgo el parque porque se quedaría desprotegido de forma legal y con ello, se eliminaría la vigilancia constante que actualmente tiene para evitar la destrucción de la zona.
Para la directora del Panec, la Conanp se quiere deshacer de los compromisos y presiones al permitir que el gobierno del estado sea el único encargado de la protección del parque, como ocurre en la práctica, porque la inversión para la vigilancia y manutención del mismo, lo realiza la administración estatal.
Advirtió que si la Conanp permite la revocación o modificación del decreto de ese parque, demostraría que se repliega ante presiones y permite que se vulneren áreas naturales que le corresponde proteger. “Sería un verdadero fracaso”, enfatizó la activista.
El pasado viernes, a través de redes sociales, la organización Libre A Bordo inició una campaña de protección al parque al solicitar a los ciudadanos en general a firmar una petición y exigencia que no se revoque la declaratoria.
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