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PRI, alfil de la Iglesia Católica

La organización Católicas por el Derecho a Decidir sospechó de la visita de Peña Nieto a El Vaticano como posible detonante

Foto: Gabriela Lorena Roldán

Por: Lourdes Durán Peñaloza

De acuerdo con la organización Católicas por el Derecho a Decidir, la reforma al artículo 24 de la Constitución no es sino un compromiso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la jerarquía católica, y el inicio de una serie de iniciativas que buscan restringir cada vez más las libertades y derechos de la ciudadanía.

Lo preocupante es, manifestó su coordinadora de Relaciones Interinstitucionales, Aidé García Hernández, la interpretación de la jerarquía católica sobre la libertad religiosa; la alianza política que ya rebasó a los grupos conservadores y el hecho de que los políticos continúen recurriendo a la legitimidad de la Iglesia, en lugar de legitimarse con la soberanía del pueblo.

Para la asociación Católicas por el Derecho a Decidir, la reforma al artículo 24 era algo innecesario, ya que la “libertad de culto” quedaba garantizada por el artículo mismo.

Más bien, la organización entiende la reforma como un riesgo; una demanda que la jerarquía de la Iglesia católica hacía desde hace tiempo y que se concretó tras el viaje de Enrique Peña Nieto, presidente electo, a El Vaticano.

“Nosotras interpretamos que Peña Nieto fue a El Vaticano e hizo ese compromiso con el Papa, porque cuando él regresa, meses después, los diputados priistas empezaron a promover la modificación del 24, aun cuando la reforma ya había sido introducida por el PAN y otros partidos, y nunca se aprobó”, recordó.

 

“Reforma representa un riesgo para el Estado laico”

La organización, caracterizada por la defensa del Estado laico, sostiene que la reforma representa un riesgo para el laicismo, ya que la jerarquía católica la piensa como una forma de entrometerse en la educación pública y los medios de comunicación.

“Nos extraña mucho que el anuncio se haga por la aprobación del 24 y no por la reforma al 40”, explicó Aidé García.

La reforma al artículo 40, que ha pasado a un segundo plano, sube a rango constitucional la laicidad del Estado.

No obstante, García Hernández recordó la existencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en la que se establecen ciertos criterios y artículos para denunciar las violaciones del Estado laico.

Es aquí donde aseguró, se centrarán los esfuerzos de la asociación, que actualmente trabaja en colaboración con otras organizaciones a nivel nacional para garantizar la defensa del Estado laico.

“Nosotras como defensoras de la laicidad del Estado vamos a estar trabajando en la observancia del comportamiento tanto de los funcionarios públicos, como de los ministros de culto para salvaguardar la laicidad del Estado”, advirtió.

 

“Injusto que nos quieran condicionar”: Padres de familia

Probablemente uno de los aspectos polémicos de la reforma al artículo 24 radica en que a raíz de las modificaciones hechas a la Carta Magna se permitirá la impartición de religión en las escuelas públicas del nivel básico: primaria, preescolar y secundaria.

Las reacciones no se hicieron esperar: para Ricardo Zúñiga Gutiérrez, padre de familia, la religión es muy distinta e independiente de la educación y se ve en la casa, no en la escuela.

A su parecer, en lugar de preocuparse de si los niños son cristianos o católicos, de si van o no a la iglesia, deberían de ocuparse para mejorar la calidad educativa (no especificó quiénes) y preparar más a los maestros, así como enfocarse en impartir más clases de civismo, que dice, buena falta nos hace.

“No se vale que nos quieran condicionar”, señaló, al tiempo que agregó que la educación de los niños no puede estar condicionada a una religión específica –en específico el cristianismo, que él profesa–, que varía del resto de las religiones.

En su caso, afirmó, no permitiría que su hijo participe dentro de un grupo en el que tenga que hacer cosas que vayan contra sus principios.

Más que necesaria, Ricardo consideró que detrás de la aprobación de la reforma al artículo 24 hay cuestiones políticas.

Respetuoso de la diversidad de religiones, pero en contra de la reforma, opinó que “cada pieza va en su lugar” y que religión y educación “no van de la mano”, ya que dijo, la primera es una cosa muy personal y familiar que se enseña y ve en la casa.

Otra voz que se manifestó en contra de la reforma fue Nadia, a quien no se le hace justo que exista la posibilidad de impartir una religión específica en las escuelas públicas, cuando dijo, muchos niños y sus familias profesan diferentes religiones.

“No se me haría justo que tomaran niños que son de otra religión, (para educarlos en) la religión que vaya a imponer la escuela”, expresó, y luego añadió que la impartición de clases en las escuelas podría devenir en sesgos en la impartición de enseñanza, e incluso discriminación.

Coincidió con ella Jaime Navarro, para quien la reforma está causando controversia precisamente por la diversidad de religiones. Intuyó qué religión se tomaría de base –la católica– y le pareció una forma poco incluyente para integrar a todos los alumnos dentro de un mismo salón.

 

Aprobación sin debate

El viernes 7 de septiembre el pleno de la LVI Legislatura del estado aprobó las reformas a los artículos 24 y 40 de la Constitución Política del país.

La aprobación de las reformas, ambas enviadas desde el Senado de la República en marzo de este año, se llevó a cabo en la penúltima sesión de la Legislatura local con 17 votos a favor y uno en contra, sin que hubiese un debate de por medio e incluso sin aparecer en la orden del día.

Hiram Rubio García, presidente de la Mesa Directiva, sostuvo en aquel momento que la reforma al artículo 24 adecúa el contenido constitucional a los pactos internacionales firmados por México, y que con las modificaciones a la Carta Magna se reconoce expresamente la libertad de religión, en lugar de prohibirla.

Tras la aprobación de las modificaciones a los artículos 24 y 40 de la Constitución, Querétaro se ha convertido en el sexto estado del país en sumarse a la reforma.

Para aplicarse a nivel nacional, estas reformas requieren la aprobación de la mayoría de los estados que integran la República Mexicana.

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