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Privatización del agua: Sociedad exige inconstitucionalidad de #LeyConcesiones

En la última semana, distintas organizaciones y personas se han organizado para exigir que la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se movilicen para promover una acción de inconstitucionalidad por la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado del Estado de Querétaro, aprobada el pasado 19 de mayo de 2022.

Este viernes, 30 organizaciones no gubernamentales se sumaron a exigir acciones de inconstitucionalidad, tras la omisión de parlamento abierto por parte de la Legislatura del Estado. Entre las organizaciones firmantes se encuentran Bajo Tierra Museo del Agua, el Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro (OCPAQ) y el Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán.

La acción de inconstitucionalidad permite controvertir leyes que ponen en riesgo a los derechos humanos, de acuerdo al artículo 105 de la Constitución: este recurso puede ser activado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal o de entidades federativas. Por lo que, ambas instancias de derechos humanos, cuentan con 30 días naturales a partir de la fecha de publicación de la ley para ejercer la acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se le invita a la ciudadanía a movilizarse para activar a las instituciones.

En las últimas semanas también otras expresiones ciudadanas y partidistas han salido contra el proyecto aprobado por la mayoría del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente. El pasado miércoles, la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto también adelantó que impugnaría el proyecto; en tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que expresó su inconformidad como partido y la intención de reformarla.

También destaca el oficio de Bernardo Romero Vázquez, expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dirigido al actual ombudsman, Javier Rascado Pérez, a quien le solicita su movilización para promover dicha acción ante la SCJN. El pasado jueves también distintas organizaciones y activistas feministas se sumaron al llamado, aunque no promovieron acciones legales, sólo externaron su preocupación; entre las firmantes estuvieron Colectiva Juntas, Pizarnikas, T’ek’ei Grupo Interdisciplinario por la Equidad, entre otras.

Dafne Azuby Arreola Santana

Estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Parte del equipo de Verificado Tribuna durante las elecciones 2021 y reportera de Tribuna Diario desde agosto de 2021.

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