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Proponen replantear participación ciudadana en proceso electoral

Por: Rosa María Valencia

En el marco de la “Primera Asamblea en Querétaro hacia una nueva Constituyente Ciudadana-Popular”, realizada con el apoyo de la Red de Jóvenes ante la Emergencia Nacional, los asistentes acordaron construir un espacio de “actuaciones comunes frente al proceso electoral de 2015”.

Marcos Tello señaló que es necesario replantear el tema de la participación ciudadana para no permanecer pasivos “durante los periodos en que el representante actúa prácticamente por su cuenta y en función de intereses que son ajenos a las mayorías”.

Una de las propuestas del Movimiento es “la construcción de los consensos necesarios para que, en el marco de la resistencia y desobediencia civil pacífica, construyamos un espacio de actuaciones comunes frente al proceso electoral del 2015”.

Por su parte Ximena Ugarte destacó la importancia que tiene la organización de las mayorías, pues son quienes “dan cuenta de que están hartas de la situación actual, de la crisis en la que viven, en donde ya hay cero confianza en las instituciones y en el sistema jurídico mexicano” pero que ven en la Constituyente Ciudadana una “forma real, efectiva y posible de salir de esta crisis”.

Durante la reunión, los ponentes Magdiel Sánchez, Marcos Tello y Ximena Ugarte explicaron los planteamientos de la Constituyente y, posteriormente, los asistentes formaron mesas de trabajo en las que discutieron sus propias opiniones y propuestas sobre la difusión de este Movimiento Político-Social que tiene como misión el desplazamiento de la dirección “absoluta” del gobierno y lograr que la sociedad civil lo asuma a partir de sus propias posibilidades y necesidades para la refundación del país.

Este movimiento tiene el objetivo de reescribir la Constitución Mexicana y entregar una nueva para el año 2017. Los facilitadores de la Constituyente Ciudadana-Popular hicieron énfasis en una alianza nacional igualitaria y que dignifique y reconozca la diversidad.

La Constituyente se formó a partir del registro y la documentación que ha realizado, durante sus tres años de trabajo en México, el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre 500 casos de violaciones de derechos humanos y colectivos entre los que figuran la venta de tierras a empresas internacionales, privatización de servicios, educación y salud, violencia ambiental, exclusión social y migración, feminicidios y violencia hacia las mujeres, oligopolio de los medios de comunicación, homicidios y constantes amenazas a los periodistas, violaciones a la libertad de expresión, corrupción e inseguridad.

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