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Publicidad irregular JCR, ejemplo prácticas discrecionales y opacas: Calleja

Entre los gobernantes existe una “lógica perversa de la utilización de la publicidad oficial para promover carreras políticas y para incidir en los medios de comunicación”, dijo la especialista

Por: Carlo Daniel Aguilar González / Miguel Ángel Rodríguez Vivas

El caso del gobierno de José Calzada Rovirosa, que gastó ilegalmente hasta 5 millones de pesos en “servicios de difusión de las obras, programas y acciones de gobierno” con tarifas que se llegaron a cotizar en miles de dólares (Tribuna de Querétaro 719), es un ejemplo de cómo se usan recursos del erario “de forma totalmente discrecional y opaca”, advirtió Aleida Calleja Núñez, presidenta del Observatorio Latinoamericano de Medios y expresidenta de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI).

Entrevistada vía telefónica el jueves 4 de septiembre, Calleja Núñez señaló que los millones de pesos que gastó el Poder Ejecutivo estatal en publicidad podrían haberse utilizado para “otros programas prioritarios”.

“Es el mismo problema que tenemos en todo el país: la opacidad que se maneja en los recursos públicos del tema de la publicidad oficial, el dispendio que se hace. Por desgracia, no tenemos -en los estados- reglas claras y concretas para la contratación de la publicidad oficial.

“En la Federación se ha avanzado un poco, pero seguimos teniendo el mismo problema de la opacidad que se maneja con los recursos públicos. El mal que tenemos los estados en el país es que los gobernadores, e incluso los alcaldes -sobre todo los municipios más fuertes, económicamente hablando- utilizan esos recursos públicos de una manera totalmente discrecional y opaca.

“Ya sabemos que en este país la publicidad oficial se utiliza como forma de premiar o de castigar  a determinados medios de comunicación en función de su línea editorial. Es un arte de una relación histórica que ha tenido el periodismo con el poder gubernamental, el poder político, y que -por desgracia- lo que hace es gastar millones de pesos (…) que pudieran ser utilizados para otros programas prioritarios que debieran tener los estados”, explicó la especialista.

De acuerdo con Aleida Calleja, no tiene justificación el hecho de que se haya invertido 3.1 millones de pesos en publicitar obras del gobierno de Querétaro en revistas de circulación nacional que no cumplían con la normatividad de distribución.

Para la especialista en acceso a la información, esto es parte de un intento por fortalecer una “carrera política” a partir de lo que se publicita en los medios de comunicación, situación que tiende a repetirse en diversas zonas de Latinoamérica.

Se trata, dijo, de una “lógica perversa de la utilización de la publicidad oficial para promover carreras políticas y para incidir en los medios de comunicación; es un fenómeno muy latinoamericano y muy mexicano, también, porque aquí se gastan cantidades ‘ingentes’ de recursos públicos en esa publicidad; ese vacío jurídico es el que aprovechan los políticos para hacer lo que hace un gobernador como el de Querétaro.

Gasto en publicidad debiera ser destinado a programas sociales

Tanto el caso del gobernador Calzada Rovirosa -advirtió la especialista- como los de otras entidades federales, están “replicando” lo que en su momento hizo Enrique Peña Nieto (en su etapa de gobernador del Estado de México): gastar miles o millones de pesos en publicitarse en medios que trascienden sus fronteras, sin transparentarlos o cuidar el equilibrio con los montos que se erogan para programas sociales.

“Todos lo replican…  Ves el caso de Moreno Valle; el de Manuel Velasco, de Chiapas; el de Hidalgo, el caso de Querétaro (Calzada Rovirosa)… O sea, ¿qué tengo que andar viendo en un periódico o en una revista de circulación nacional que el señor Moreno Valle, en Puebla, puso una rueda de la fortuna? Francamente, es de una inmoralidad épica, tremenda, porque son estados donde hay una pobreza brutal, donde hay rezagos sociales, de justicia, educación, de salud brutales, como para que se gasten esas cantidades de dinero que deberían de servir para los programas sociales”, consideró Aleida Calleja.

Cuestionada sobre el hecho de que, por segundo año consecutivo, el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) advierta que no se sabe cómo se ejercen los más de 30 millones de pesos que se asignan en el presupuesto a la Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal, la expresidenta de la AMEDI dijo que esto obedece a un “manejo oscuro” del recurso del erario y que se trata de “total opacidad”.

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