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Pugna entre particulares y taxistas; autoridades no intervienen

El enfrentamiento se ha tornado violento, ante omisión de autoridades, ya hay queja en la DDH

Por: Aurora Vizcaíno Ruiz

Santiago Mexquititlán, Amealco.- Juan Juárez Quintero ha construido unos baños públicos en una parte del terreno de su suegro. Un grupo de taxistas ha tomado dicho sitio como base sin el consentimiento de Eusebio Martínez García, dueño del predio.

Esto ha propiciado una confrontación entre Juárez Quintero y el grupo de conductores de taxis mixtos, conflicto que derivó en agresión física y del que han estado notificados el Instituto Queretano del Transporte (IQT), la presidencia municipal de Amealco y la agencia del Ministerio Público, sin que éstos hayan intervenido a favor de quien ha sido agredido y amenazado por los taxistas.

A partir de mayo de 2013, Juárez Quintero acusó que ha sido objeto de actitudes “violentas” por parte de un grupo de conductores de taxis mixtos del Barrio I de Santiago Mexquititlán; y que, además, cuando se quejó ante un policía, éste le dio la razón a los taxistas porque se estacionaban ahí debido a «órdenes superiores».

El conflicto se perpetuó hasta el enfrentamiento que Juárez Quintero tuvo con Ricardo Cruz Peña, quien maneja el taxi mixto unidad MSA 6009 placa 1SMP253, cuando éste le “reclamó de manera agresiva” y procedió a bloquear con la unidad “la entrada” a los baños públicos.

Por ello, Juárez Quintero extendió una misiva (el 11 de octubre de 2013) al presidente municipal de Amealco, Gilberto García Valdez, en la cual expresó: «no quiero problemas, menos violencia física, por lo que solicito, de la manera más atenta, que ponga un orden y los ubique donde no causen perjuicios».

No fue hasta el día 6 de diciembre cuando Ricardo Cruz Peña agredió verbalmente a la esposa de Juárez Quintero, Josefa Ramírez Padilla.

Juan intentó defenderla, pero Cruz Peña lo agredió con una pala: le abrió un brazo, le hirió la cabeza y le dio patadas; después, huyó. Eso pasó frente a los baños públicos.

Cuando la pareja agredida fue al hospital de la Cruz Roja (ubicado en la cabecera municipal) les indicaron que primero debían levantar una denuncia ante la agencia del Ministerio Público de Santiago Mexquititlán para poder proceder con la consulta médica.

Sin embargo, cuando Juárez Quintero intentó levantar las denuncias, las autoridades tergiversaron la realidad e indicaron que Juan Juárez Quintero había sido quien, en realidad, había comenzado la agresión contra Ricardo Cruz Peña.

El hecho fue negado y se intentó llegar a un acuerdo monetario entre los implicados, según el cual, Cruz Peña y el Ministerio Público serían los encargados de pagar los gastos médicos.

Cuando Juárez Quintero presentó su certificado médico ante el Ministerio Público, explicó que necesitaba hacerse una tomografía; sin embargo, las autoridades correspondientes se negaron a pagarla. Entonces, el quejoso pidió que, al menos, le fueran pagados los 140 pesos que su esposa había gastado por el viaje a Querétaro.

Ante tal petición, el Ministerio Público pretendió crear un oficio en donde se acordaba que el conflicto quedaba solventado sólo con el pago de 140 pesos, lo cual hizo que Juárez Quintero tomara otras medidas para llevar su caso.

Sólo SCT ha respondido a la queja; DDH ya atiende el caso

El 10 de diciembre de 2013, Juárez Quintero extendió, por segunda vez, una queja hacia el Instituto Queretano del Transporte, para que se aplicara un «reglamento que regula la actividad de los taxis mixtos y sus dueños»; de igual forma, para que «se establezca orden y sanción al Sr. Ricardo Cruz Peña conforme a la ley y ordenamiento que regulan la actividad y comportamiento de los dueños de taxi mixtos».

Seis días después, elaboró una carta similar, pero hacia la Secretaría de Seguridad Ciudadana, específicamente dirigida a su titular, Adolfo Vega Montoto.

Ahí afirmó: «le solicito su intervención para que reestablezca orden y se sancione a quien se tenga que sancionar, ya que no quisiera ser agredido nuevamente, pues detesto la violencia». También elaboró una carta dirigida a José Calzada Rovirosa en la que expresaba lo mismo.

De las cartas que ha enviado, el oficio IQT/DG/0004/2014 -fechado el 10 de enero de este año- enviado al Instituto Queretano de Transporte, ha sido respondido: «Hacemos de su conocimiento que se están tomando medidas a través de la implementación de un operativo de inspección, que consistirá en realizar rondines de manera periódico para vigilar y evitar las situaciones de carácter social y político de las que pueda ser sujeto la base en cuestión».

Después, a finales de enero, a Juárez Quintero lo amenazaron con una bala. Él estaba sentado frente a los baños públicos cuando Francisco, también apodado «Conín», concesionario del taxi mixto 1SMP 211, le aventó un proyectil de 2 centímetros.

Con esta acción, Juárez Quintero se sintió completamente amenazado y tuvo que recurrir a la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH) para que ésta llevara su caso.

Hasta el momento, Juárez Quintero ha llevado el caso de su agresión en conjunto con la DDH, porque desconfía de las autoridades municipales.

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