Quedó pendiente castigo a funcionarios que inculparon a mujeres otomíes: abogado

El caso de las indígenas otomíes comenzó en 2006 cuando fueron acusadas injustamente

David A. Jiménez

PARA DESTACAR: Luis Tapia, abogado de Jacinta, Teresa y Alberta, recordó que “desgraciadamente” no se contempla una sanción al juez o a los agentes federales que las inculparon. Explicó que si bien la disculpa corrió a cargo de PGR, dependiente del Poder Ejecutivo federal, también hubo un error por parte de un juez –dependiente del Poder Judicial-.

Si bien la disculpa pública y el reconocimiento de inocencia otorgado a las tres mujeres otomíes marcó un hito en la historia de México, es necesario cuestionar el papel de la autoridad en la impartición de justicia, sobre todo hacia los grupos vulnerables, expresó Luis Tapia Olivares, representante legal de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.

Las tres mujeres originarias de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, fueron procesadas injustamente en el año 2006, acusadas de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), además de ser vinculadas a delitos en contra la salud, en la modalidad de posesión de cocaína.

Al respecto, Luis Tapia Olivares, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que si bien la disculpa corrió a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), dependiente del Poder Ejecutivo federal, también hubo un error por parte de un juez –dependiente del Poder Judicial- que dictó sentencia y además, en el caso de Alberta y Teresa, todavía la ratificó.

Recordó que “desgraciadamente” no se contempla una sanción al juez o a los agentes federales que inculparon a las mujeres originarias de Amealco, tanto en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que absolvió a Teresa y Alberta ni en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que acordó indemnizarlas.

En este punto, Tapia Olivares indicó que las tres mujeres afectadas todavía están en su derecho de solicitar la indemnización, que según el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa sería de 1 millón 72 mil 624 pesos con 79 centavos.

Sin embargo, el abogado lamentó que no se vaya a sancionar a los servidores públicos involucrados en el caso. “Ya se vencieron los plazos –para enjuiciarlos-. Al mismo tiempo hay que preguntarnos qué hacer con esos funcionarios. Qué tal si continúan trabajando en la administración pública, qué pasa con el juez que las condenó en dos ocasiones”.

Sobre la importancia del acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública, Tapia Olivares precisó que serán las mujeres indígenas las que tendrán la mejor opinión, pero resaltó que fue un día en que a la autoridad le tocó escuchar parte del contexto que se vive en el país: “Tuvieron que callar por la fabricación de delitos; la autoridades escucharon los estragos que provocan y producen las violaciones a los derechos humanos. Fue un momento donde toda la sociedad escuchó su palabra. Ellas van a pensar si eso significó algo para su proceso de búsqueda de justicia”.

Además, consideró Luis Tapia Olivares, el caso de las tres mujeres otomíes encarceladas injustamente también expone las carencias del sistema de justicia en el país, en el que no se incluyen a las lenguas indígenas, además de que existe falta de capacitación y una saturación de los defensores de oficio.

Igualmente, el caso sienta un precedente para inspeccionar otros casos similares en todo el país, mismos que deberán ser remunerados de forma integral –económica, psicológica y moralmente- “Vamos a continuar en la labor de orientación de asesoría y defensoría de casos; no podemos [en nuestro Centro de Derechos Humanos] llevarlos todos, por eso impulsamos que se tomen medidas de no repetición”.

Finalmente, externó Luis Tapia Olivares, será decisión de Alberta, Teresa y Jacinta, decidir si esto ya es caso cerrado o desean continuar.

No es culpa de un solo actor: Rangel Ortiz

El hecho de que el caso de Jacinta, Teresa y Alberta haya concluido 11 años después y debido a la intervención de autoridades federales, no habla de un Estado que falló en su momento, consideró la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso local, Atali Sofía Rangel Ortiz.

“Falla no solo del Estado; no culparía a un gobierno o a otro, ni hoy. Todos los que estaban involucrados. Hay una comisión, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Me incluyo. Todos debemos estar inmersos sobre lo que hay”, precisó la diputada por el Partido Acción Nacional.

En cuanto a la disculpa pública ofrecida a las tres mujeres amealcenses, Rangel Ortiz señaló que con el acto se abren muchas puertas en la lucha por los derechos de las mujeres indígenas: “Hay un montón de puertas abiertas gracias a su lucha. Es un precedente enorme para la defensa de la mujer indígena. Es crear una barrera grande y firme de decir ‘no más abusos’. Quiero reconocer la labor de la sociedad civil, que hoy más que nunca”.

La representante de los municipios de Jalpan de Serra y Arroyo Seco en el Congreso local destacó la existencia de 15 intérpretes del otomí, certificados y avalados por CDI para las distintas dependencias estatales.

Sin embargo, la diputada consideró que el trabajo va mucho más allá del entendimiento del idioma y apunta a toda una cosmovisión. En este rubro, y en el marco del Día Mundial de la Lengua Materna, señaló que existe la propuesta de establecer el otomí como una asignatura que se deba impartir al menos un semestre en “puntos elementales” como la secundaria o bachillerato.

Fue un acto noble de la autoridad: Sigala Páez.

Por otra parte, Aurelio Sigala Páez, delegado de la CDI en Querétaro, destacó que la disculpa ofrecida en la Ciudad de México reivindica la dignidad, no solamente de las personas señaladas, sino de los pueblos indígenas en general.

Además, consideró que se trató de un acto “noble” por parte de la autoridad aceptar haber cometido una equivocación: “Toda la comunidad se sintió agraviada por la situación. Esta parte habla mucho de la autoridad, del reconocer su dignidad a las personas afectadas y particularmente de la comunidad indígena que ha estado muy olvidada. Todos debemos voltear a verlos a ellos, ahí están nuestros orígenes. Fue una parte de nobleza por parte de la autoridad y el funcionario que lo reconoció”.

Sigala aceptó además la denuncia realizada por Jacinta Francisco Marcial durante su discurso, en la que aseguraba hay más personas encarceladas injustamente: “Hay mucha incapacidad de defenderse porque no hay abogados que dominen el idioma y se ven indefensos [los pueblos indígenas]. Hay que recapacitar y darles su dignidad de vida y personal; muchos están en la cárcel por cosas sencillas, pero por falta de una buena defensa”.

PGR acepta el error

Tuvieron que pasar 11 años para que Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), admitiera que hubo un error al procesar a las mujeres indígenas. “Sirva este acto para ofrecerle una disculpa pública por haber sido sujeta a un proceso penal por delitos que no se acreditaron” externó el procurado.

En acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública hacia Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, las tres mujeres agradecieron el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, así como de las organizaciones civiles que las apoyaron.

Teresa González Cornelio, indicó que la disculpa es una victoria, pero será necesario supervisar el actuar de la PGR para evitar más casos como estos. “Para mí esta disculpa pública es una gran victoria… quisiera darle un mensaje a mujeres víctimas como nosotras: luchen, no se queden calladas; que las autoridades las escuchen. Quisiera pedirle, señor procurador, a que se comprometa que ya no va a suceder que las autoridades fabriquen pruebas”.

Alberta Alcántara destacó que la disculpa no le devolverá el tiempo perdido, pero que jamás hay que quedarse callados ante situaciones de injusticia: “No se queden callados, siempre hay alguien que los puede ayudar. Espero que no sea la última ni la primera disculpa pública; hay muchas como nosotras. Con la disculpa pública no me devuelve el tiempo perdido”.

Jacinta Francisco, por su parte, denunció que en la cárcel hay muchas personas inocentes, por lo que exhortó a las autoridades a revisar bien los expedientes y casos de las víctimas y ponerse en el lugar de ellos. “Si no son culpables, les pido que chequen bien el expediente. Decía una compañera, disculpe la palabra, ‘las cárceles se hicieron para los pendejos’. Póngase en su lugar tantito y de nosotras que ya sufrimos”.