Querétaro bajo fuego: Por qué salvar el suelo es más urgente que plantar árboles

Querétaro inició 2026 con una actividad inusual de incendios, registrando más de 226 incidentes que han afectado una superficie superior a las dos mil hectáreas. Ante esta situación, el Consejo Estatal de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia preventiva con el fin de fortalecer la coordinación entre los 18 municipios y agilizar los tiempos de respuesta. Este escenario pone de manifiesto la advertencia del geógrafo Jorge Ibares, quien señala que la gestión ambiental debe ir más allá de la reforestación: “Perder suelo y recuperarlo será muy costoso, porque no se trata solamente de poner árboles”. Para el especialista, el enfoque prioritario debe ser la conservación integral del suelo para evitar daños irreversibles en los ecosistemas locales.

El Tángano, un ecosistema bajo asedio

El caso de El Tángano es emblemático de la vulnerabilidad ambiental en la entidad. Esta Área Natural Protegida, que abarca más de 700 hectáreas entre Querétaro, El Marqués y Huimilpan, es un pilar para la región: no solo alberga una vasta biodiversidad, sino que es fundamental para la recarga de acuíferos y la regulación de la calidad del aire. Sin embargo, su equilibrio es frágil. Apenas el 1 de enero de 2025, un incendio consumió casi 100 hectáreas de matorral, y en lo que va de 2026, un nuevo siniestro afectó otras 2.7 hectáreas, principalmente de ejemplares de encino.

La problemática en esta zona se agrava por su topografía. Al tener pendientes pronunciadas, la pérdida de cobertura vegetal impide que el agua se infiltre, provocando que esta fluya hacia la ciudad en lugar de recargar el subsuelo, lo que acelera la desertificación y altera el microclima local. La situación de El Tángano se enmarca también en un contexto estatal crítico.

Según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Querétaro vive su peor inicio de año en materia de incendios forestales de los últimos cinco años. En las primeras seis semanas de 2026, el estado ya acumula quince incendios forestales con más de 200 hectáreas afectadas; una cifra que supera con creces los registros de años anteriores, en 2025 con 4 incendios forestales equivalentes a 97 hectáreas, en 2024 con 3 incendios forestales equivalentes a 12 hectáreas, en 2023 con dos incendios forestales equivalentes a 26 hectáreas, y en 2022 con dos incendios forestales equivalentes a 22 hectáreas.

Una emergencia… provocada

Más allá de las zonas forestales, la crisis se extiende también los pastizales. Javier Amaya Torres, coordinador estatal de Protección Civil, reporta una estadística alarmante: un promedio de 27 incendios de pastizal diarios tan solo en la zona metropolitana. Lo más preocupante es el origen de estos siniestros, ya que Amaya estima que “cerca del 80 por ciento son provocados por la acción humana, ya sea por descuido o de manera intencional”.

Ante la gravedad de estas cifras, que ya superan las dos mil hectáreas afectadas en el estado, el Consejo Estatal de Protección Civil ha modificado su esquema de actuación mediante una declaratoria de emergencia preventiva. La diputada Teresita Calzada Rovirosa explicó que, con esta medida, el protocolo ahora exige que cualquier instancia municipal, estatal o federal que se encuentre cercana al siniestro intervenga de forma inmediata: “No es necesario esperar a este centro de mando para activar a ese municipio; debe llegar de inmediato en un rango de tres a siete minutos para atender la emergencia”. Esta nueva estrategia busca reducir drásticamente los tiempos de respuesta ante una temporada que se prevé más intensa en los meses de marzo y abril.

Más allá de la reforestación: Jorge Ibares

Para el geógrafo Jorge Ibares, conocido como “Geografía en Viz” en redes sociales, la respuesta institucional ante los incendios suele ser insuficiente al centrarse únicamente en plantar árboles. Ibares advierte que la verdadera crisis reside en la degradación del terreno: “Perder suelo y recuperarlo será muy costoso, porque no se trata solamente de poner árboles”. El especialista enfatiza que, en zonas de pendientes como El Tángano, la pérdida de suelo impide la infiltración del agua, lo que acelera la desertificación y altera el microclima de la zona metropolitana: “Afecta el microclima. Si continúan las quemas o la destrucción en zonas altas que cubren el valle de Querétaro, la temperatura aumentará”.

Además, Ibares señala una falta de transparencia y cumplimiento de tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, firmado por México en 2021 para garantizar el acceso a la información y justicia ambiental. Según el geógrafo, en Querétaro la aplicación es mínima: “No se ha dado la divulgación de la información sobre la restauración de El Tángano y Peña Colorada, ni se ha garantizado la justicia ambiental”. Esta falta de apertura limita la participación ciudadana, pues, como él mismo lamenta, “las oportunidades en áreas ambientales están muy limitadas para gente como nosotros que queremos divulgar información”.

Cerro Colorado, una victoria ciudadana con retos pendientes

Tras décadas de exigencias, el pasado 24 de febrero se aprobó finalmente el decreto que protege al Cerro Colorado como Área Natural Protegida (ANP), bajo la categoría de parque intraurbano. Sin embargo, la narrativa oficial suele omitir que este logro no es una concesión institucional, sino el resultado de un esfuerzo social que se remonta a 1995. Vecinos del barrio de Hércules y colectivos a través de redes sociales fueron quienes, mediante consultas públicas, caminatas y pronunciamientos; frenaron las amenazas de expansión urbana que han asediado la zona desde el crecimiento del fraccionamiento Milenio III.

La relevancia ecológica de estas 12.4 hectáreas es indiscutible, el sitio alberga 340 especies de flora y 109 de fauna, de las cuales once se encuentran bajo alguna categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Además de ser un refugio de biodiversidad, el cerro funciona como un regulador micro climático y un sistema natural de mantenimiento de cuencas y escurrimientos, vital para evitar inundaciones en las zonas bajas.

Sin embargo, pese al avance; la transparencia obliga a señalar los ‘claroscuros’ del decreto. Por un lado, aunque se celebra la protección, el polígono final cuenta con 10 hectáreas menos de las proyectadas en 2019, cuando se buscaba resguardar una superficie total de 22 hectáreas. A su vez, en la sesión de cabildo donde se anunció su declaración como Área Natural Protegida (ANP), regidores advirtieron que zonas como ‘El Zapote’ (con una extensión 20 veces mayor al Cerro Colorado) continúan aún bajo una fuerte presión inmobiliaria sin una protección similar. 

Por otro lado, la declaratoria también estuvo precedida por la preocupación de vecinos de áreas colindantes y colectivos ante construcciones recientes. Aunque las autoridades han señalado que estas obras se encuentran fuera del polígono protegido, especialistas y habitantes coinciden en que la integridad del ecosistema no puede depender únicamente de límites administrativos. Requiere un ordenamiento territorial efectivo, vigilancia constante y acciones que trascienden el papel del decreto.

El reconocimiento de Cerro Colorado como ANP constituye una señal de esperanza y un precedente de que la organización ciudadana puede incidir en la política ambiental local. No obstante, el caso deja una lección crítica. La protección del suelo en Querétaro demanda marcos legales más sólidos, que impidan la enajenación de terrenos donados y establezcan sanciones ejemplares para quienes deterioren el patrimonio natural. La conservación ha ganado una batalla, pero la defensa del territorio en su conjunto sigue siendo una tarea urgente, constante y profundamente ciudadana.