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Querétaro no es último lugar en transparencia: Infoqro

Al presidente de Infoqro le resultó “curioso” que en el estudio de 2017 de World Justice Project se use una evaluación de 2016. El comisionado presidente también adelantó que ya se trabaja una nueva medición en conjunto con el INAI y el CIDE

La plataforma Infomex estaba inhabilitada cuando se realizó el estudio Métrica de Gobierno Abierto 2017, por ello es que Querétaro aparece en último lugar nacional en cuanto a gobierno abierto, precisó el comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro), Javier Rascado Pérez.

El ‘Índice de Estado de Derecho en México 2018’, elaborado de World Justice Project, retomó este trabajo hecho por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ahí recalcó que nuestra entidad obtuvo  en gobierno abierto una puntuación de 0.27, muy por debajo del 0.51 de la Ciudad de México, primer lugar nacional de la categoría citada (Tribuna de Querétaro, 896).

Remarcó que la inhabilitación del sistema Infomex no era imputable al estado de Querétaro, y aunque se aclara en el estudio, no hubo una medición diferente para Querétaro, ya que el CIDE remarcó que no podía emitir un resultado distinto por el parámetro y metodología aplicada en otros estados: “En el momento en que se presentó el estudio nos sorprendimos, porque gobierno abierto era un tema que apenas comenzaba a desarrollarse”.

El mismo ‘Índice de Estado de Derecho en México 2018’ puntualiza: “[Querétaro] no es estrictamente comparable debido a que durante su elaboración la Plataforma Nacional de Transparencia presentó problemas técnicos”.

A Rascado Pérez le resultó “curioso” que en el estudio de World Justice Project de 2017 se use una evaluación de 2016. El comisionado presidente también adelantó que ya se trabaja una nueva medición en conjunto con el INAI y el CIDE, mismo que, se prevé, podrá estar listo en 2019. “Es el mismo proceso con dos años de retraso; ahora se levanta en 2018 en estas fechas y en enero o febrero de 2019 estará el nuevo estudio”, afirmó.

Desde su punto de vista, Querétaro cuenta con varios mecanismos de participación ciudadana, razón por la cual es “lamentable” que por una cuestión técnica se hayan afectado los números de la entidad.

Resultado distinto

Cuestionado sobre el lugar que podría ocupar Querétaro en la siguiente medición de gobierno abierto, Javier Rascado confió en que habrá un resultado distinto: “Ahora tenemos perfectamente trabajando Infomex y el sistema de transparencia”.

El gobierno abierto, según el propio estudio de World Justice Project, se refiere a aquel ente que empodera a la ciudadanía para que participe activamente y exijan la rendición de cuentas. Tomó en cuenta dos factores: las formas de participación y el derecho a la Información, conformado por las respuestas a las solicitudes de acceso a la Información y los datos que tienen los sujetos obligados en sus portales.

Sobre las constantes actualizaciones de los sujetos obligados en sus portales de transparencia —y su posible impacto en el estudio— el presidente de Infoqro reconoció que esto les representa un reto cuando realizan revisiones a los portales: “Hacemos revisiones periódicas para que los órganos de control interno den seguimiento a las irregularidades”.

Consulta sobre NAICM no es gobierno abierto

Sobre el gobierno abierto, el presidente de Infoqro subrayó que es un término amplio pero concentrado en todos los mecanismos que permitan una participación en la toma de decisiones. En el caso de la referida comisión, se trabajó con comunidades de algunos municipios en la construcción de un presupuesto participativo.

Por otra parte, Javier Rascado Pérez ejemplificó con la participación de la ciudadanía en la elaboración del ‘Plan de Desarrollo Municipal’, impulsada por la administración capitalina.

No obstante, aseveró que la consulta del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, realizado el pasado fin de semana —aunque es un ejercicio que fortalece la participación de las personas—, no proviene de un gobierno constituido, ni está fundamentado en alguna ley.

“Tenemos un tema complejo. No está institucionalizada, no se está haciendo por el ámbito institucional, no hay una metodología o legitimidad claramente, pero este tipo de ejercicios son de participación ciudadana”, indicó. A la par aclaró que en el gobierno abierto estos ejercicios deben provenir desde una administración pública o ente público.

Dado que la consulta la realiza un gobierno de transición sin poder constitucional, Rascado Pérez descartó que entre propiamente dentro de la categoría de gobierno abierto. Sin embargo, pidió a todos los involucrados en la administración pública abrir los canales de comunicación para fortalecer mecanismos de participación.

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