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Querétaro, reprobado en transparencia y rendición de cuentas

Informe elaborado por alumnos de la FCPS demuestra que la Legislación “tiene fallos” y la justificación de los actores llega a ser “política”

Por: Ana Belén Méndez Jiménez / Jonathan Romero Granados*

De acuerdo con el informe 2012 Rendición de Cuentas en Querétaro, que es parte de los trabajos que hace la Red de investigación sobre la calidad de la democracia en México y en el que se involucraron tanto académicos como estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), el cumplimiento de Rendición de Cuentas en el estado es “decadente”.

 

Una evaluación hecha durante finales de 2012 a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos (como el IEQ y la CEIG), la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) y municipios dio como resultado que la Rendición de Cuentas existe en un 51 por ciento “en nuestra base de datos”, señala la conclusión del informe.

“La Legislación sobre transparencia y sanción a sujetos obligados tiene fallos, la justificación que éstos dan ante la sociedad y los medios no es de fácil acceso y en algunos casos no existe, para terminar, las instituciones encargadas de sancionar lo hacen sólo al último nivel jerárquico, de manera muy opaca y por lo mismo, tal vez incluso ni siquiera con justificación legal, sino política”, se lee en la página 30 del documento elaborado por los estudiantes universitarios.

El informe “contiene los resultados de evaluación de cuatro subdimensiones sustantivas, las cuales son: aspectos generales, información, justificación y sanción. Como dimensión principal se tomó el concepto Rendición de Cuentas”, del cual se desprendieron las subdimensiones.

La meta principal del informe fue “explicar la calidad de este concepto ‘Rendición de Cuentas’ en el estado de Querétaro y poder entender un tanto el panorama actual de este proceso” en la entidad.

Como parte del trabajo, se establece que rendición de cuentas y transparencia no son sinónimos.

“La Rendición de Cuentas está integrada por información  justificación y sanción (…) no se puede concebirse si no existen sanciones ni justificaciones coherentes, legales y efectivas  que  expliquen  y avalen  su  razón de ser”, manifiesta el escrito.

El trabajo abarcó, en primera instancia, el análisis de la información publicada por cada sujeto obligado en sus portales y sitios web, con la intención de corroborar o no el cumplimiento de la ley.

Después se realizaron ejercicios con solicitudes de acceso dirigidas a las distintas instancias que se estudiaron en el informe, para ver el proceso de respuesta y el cumplimiento o no de lo que estipula la ley. Los resultados y los principales aspectos se presentan a continuación.

 

Poder Ejecutivo, “el que peor respondió al examen sorpresa”

Como parte de los trabajos del informe, hubo solicitudes de información que se hicieron mediante un “usuario simulado”.

Este ejercicio consiste en ir a las diferentes áreas de acceso a la información y ver cómo funciona todo el proceso de transparencia ciudadana directa, del gobierno a la sociedad. Al recrearlo todas las solicitudes fueron presentadas el mismo día para cuantificar la eficiencia.

La administración encabezada por José Calzada Rovirosa “fue sin duda el que peor respondió a este examen sorpresa”.

“El problema en el Poder Ejecutivo no es meter la solicitud sino la forma en que la procesan. La Ley señala que si la información que requieres no es precisa el área de acceso tiene tres días para notificarte de que lo corrijas y si no lo haces en menos de cinco días tu solicitud se considera resuelta, este proceso es amable con el ciudadano además de tener la posibilidad de ser vía correo electrónico que lo facilita aún más. Desgraciadamente tiene una gran desventaja, y es que pueden presentarse errores técnicos.

“La información que se pedía era gastos en viáticos del Oficial Mayor y del gobernador José Calzada así como un recibo de nómina de este último.

“Al ver que no se podía meter la solicitud vía internet y que ya había llegado en físico la contestación, se acudió con la respuesta al área de acceso del Poder Ejecutivo y se confrontó al respecto, ellos dijeron que “había un fallo en el correo del área”, al escuchar esto les pregunte si podía entonces corregirla en físico y seguir bajo la misma solicitud, pero dicha solicitud fue denegada”, expone el informe.

 

“Desfavorable” su evaluación

Como parte de la tercera subdimensión de análisis (justificación), se evaluaron los gastos relacionados con los medios de comunicación, la emisión de informes y la legitimidad de su gestión.

El Ejecutivo obtuvo un resultado “desfavorable”. “La evaluación del Poder Ejecutivo tuvo una calificación total del tres por ciento de requisitos de justificación señalados por la base de datos y es que presenta déficits desde el último informe de gobierno y es que aunque fue presentado en tiempos no presenta ninguna prueba práctica de datos, es decir, principales facturas, planes desglosados, etcétera.”

En cuanto al estudio del vínculo con los medios de comunicación, el informe devela cómo el Gobierno Estatal busca justificar cualquier posible error del mandatario a través de los medios, y apuntalar su imagen en los medios.

“Se analizaron los diarios de enero a octubre de 2012 del periódico a.m. y se descubrió que los medios de comunicación no sólo no pedían justificación sino que ellos mismos justificaban al gobernador y es que cuando de vez en cuando sacaban una nota negativa del gobernador José Calzada (lo cual rara vez pasó) en el mismo periódico justificaban sus acciones e incluso lo hacían quedar como un héroe.

“Cabe mencionar que tuvo sólo cuatro por ciento de menciones negativas en el año, por otro lado la solicitud de acceso a la información no ha sido contestada y las observaciones en cuanto a las auditorías no se encuentran desde el 2011”, explica el escrito.

 

El Legislativo, con “serios problemas” en su sitio web

Para el caso del Poder Legislativo “la respuesta en tiempo y en calidad fue más eficiente” en las primeras subdimensiones.

Sin embargo, el sitio web del Legislativo “tiene serios problemas”.

El hecho de “que la información esté desactualizada parece un detalle minúsculo ante el hecho que según su sitio de internet no apliquen formas de participación ciudadana para la construcción de leyes, publiquen pocos datos presupuestales de las comisiones, no existan actas del comité de adquisiciones, los gastos en comunicación social y por último las resoluciones sobre sanciones y denuncias a funcionarios públicos.

“Igual que en el Poder Ejecutivo, el problema fue la respuesta, y es que se tuvo que llamar días antes de pasar los 15 días para que se acordaran de la solicitud, a lo cual el área de acceso a la información tuvo dentro del plazo la mitad de la información que correspondía a los expedientes técnicos de los consejeros, faltando los gastos en viáticos de la Legislatura en 2011 y 2012, toda esta información a una módica cantidad de 600 pesos, ya que se cobraron las copias a poco más de 50 centavos. Pese a esto cumplieron con entregar toda la información solicitada.”

A diferencia del Ejecutivo, en su página sí se puede consultar el informe. Sin embargo, “tampoco justifica con facturas o algún comprobante de pago sus acciones en cuanto a la Legislación (por ejemplo consulta a la población, demanda social, etc.), no presenta resultados de auditorías ni estado de observaciones, peor aún, en el sitio de internet de acceso a la información menciona que este sujeto obligado no se puede auditar, y las sanciones se consideran de carácter discrecional.”

 

Poder Judicial, con mejores resultados

En el caso del Poder Judicial, “sí cumplen con las estadísticas en cuanto a resoluciones y casos resueltos, aunque siguen fallando en la publicación de gastos en viáticos, currículos, dietas y actualización de información, como todos los sujetos obligados.”

“Aunque es el sujeto obligado más sancionado en los periódicos analizados, presenta estadísticas sobre el estado que guardan los casos, su mal actuar si se considera público y la información solicitada sobre la impugnación a la elección de San Juan del Río es satisfaciente con los criterios, la justificación sólo existe en la esfera más baja.

“Este órgano cumplió con entregar la información ‘resolución sobre la elección de San Juan del Río 2012, recibos de nómina de los magistrados, etcétera’ en tiempo y forma, dicha información costó alrededor de 200 pesos igual cobrando 50 centavos la copia.

“El Poder Judicial parece ser coherente con el experimento en cuanto a publicidad de información”. Sin embargo, se advierte que “no publican la evaluación de los cuerpos de policía ni los resultados de las demandas a funcionarios públicos.”

 

Municipio de Querétaro, escueto y poco comprometido con la información

El único que fue coherente en su comportamiento tanto en la solicitud interpuesta mediante usuario simulado y con los datos que publica en su sitio web, fue el Municipio de Querétaro. En ambos casos el resultado fue desfavorable.

Para lo que corresponde al ejercicio de usuario simulado, “el que más trabajo presentó fue el Municipio de Querétaro”.

“Además de que la solicitud pide información con sentido de encuesta, el diseño de esta solicitud tenía una pequeña traba y es que tenías que señalar a que dependencia del Municipio le hacías la pregunta, es decir, tienes que saber cómo funciona la administración pública municipal para saber quién tiene la información que solicitadas, ya que si no se la pides al área del Municipio que la posee, el área de acceso a la información no se hace responsable.

“Para que la solicitud en el Municipio de Querétaro fuera contestada fue necesario hablar por teléfono y recordarles que nos debían una respuesta.

“Ante esta llamada un día antes de los 15 días se nos solicitó ir a recoger la información, la cual no fue satisfactoria ya que nos dijeron que la información referente a los gastos en viáticos de la ex alcaldesa ya no estaban, que el logo del Municipio de Querétaro (el cual posiblemente fue plagiado) fue creado por miembros del área de diseño de la misma dependencia, y que la información de gastos de comunicación social no la pedimos al área indicada.

“La única información que nos proporcionaron fueron el total de despidos por el cambio de administración en el mes de septiembre y octubre, el cual asciende a más de 300 despidos.

“En cuanto a la transparencia, el Municipio de Querétaro también fue consistente con el experimento. La página de internet no publica las reuniones de cabildo, muy poca información presupuestal, la gestión en cuanto a la toma de decisiones y justificación de proyectos anteproyectos y resultados está oculta, por si fuera poco la información está desactualizada.

“Aquí se tiene que hacer un paréntesis pues el gobierno actual de Municipio tiene pocos meses y podría ser que en un tiempo reducido cambie esta situación.”

 

Caso IEQ, “reservada” la lista de consejeros que asisten a las sesiones

Como parte del ejercicio de usuario simulado, el Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) rechazó entregar la lista de asistencia de los consejeros que asisten a las sesiones del órgano.

El motivo: los consideran “confidenciales”.

De acuerdo a la respuesta emitida por el instituto, si se entregase dicha información se violaría la privacidad de los actores.

 

Contraloría, atada al Poder Ejecutivo

La Secretaría de la Contraloría también fue objeto del análisis del informe.

Los resultados del informe cuestionan la “ineficiencia” como sujeto obligado. También señalan que incumple con la ley y violenta las disposiciones.

“Como juez, la Contraloría del estado es aún menos eficiente. Que desde 2005 no exista una sola sanción registrada ante la SFP (Secretaría de la Función Pública), pudiera ser una cuestión de falta de coordinación, pudiera ser que la Contraloría contara con un registro público de sanciones actuales, pero no es así.

“Al introducirnos en la página de la Contraloría nos damos cuenta que no existe una estadística de sanciones a funcionarios públicos y peor aún, muchas de las ligas a documentos importantes (como contraloría social, publicaciones oficiales, etc.) están caídas, lo único que la página informa son los trámites y las formas de sanción pero nada más.”

 

Conclusiones del informe

“Todas estas instituciones hacen que el marco político y legal, la transparencia, la justificación pública y la sanción no sean más que un requisito mediocremente cumplido. Y es que aunque todos los sujetos cumplen con publicar la información, en su mayoría no es actual ni de calidad, para conseguir una justificación ésta se hace ante unos cuantos privilegiados y cuando se llega a la sanción, quién sabe que suceda, pues las instituciones encargadas se pasan la responsabilidad de una a otra y mientras tanto a nivel estatal ninguna tiene un registro actualizado sobre el cauce legal que se guarda al respecto.

“No es de esperar que después de todos estos fallos el resultado de la evaluación de Rendición de Cuentas no sea satisfactorio.

“Con el dato de 51 por ciento de cumplimiento aún no podemos decir que es una Rendición de Cuentas de calidad o no (debido a que es necesario tener los resultados de los demás estados para así poder establecer el parámetro en cuanto a evaluación), pero sí podemos afirmar que el cumplimiento de la Rendición de Cuentas en el estado es decadente, pues en el estricto sentido que señala Schedler, en Querétaro no hay ‘Accountability’.

“Aunque existe capacitación en cuanto a la presentación de cuentas públicas, esto aún no es digerido por todos. La capacitación a los sujetos obligados en Querétaro existe, ya sea la ESFE, contraloría del estado o la CEIG pero existe capacitación, sin embargo estos cursos sólo son al personal operativo, olvidando algo importante, la ciudadanía no está capacitada.

“La culpa por la falta de Rendición de Cuentas es corresponsal entre ciudadanía y gobierno. Si sólo funcionarios son capacitados para responder a la ciudadanía ¿Cómo esperan que la ciudadanía sepa de su capacidad para cuestionar?

“Esto empeora cuando se expone el hecho de que los pocos que saben que pueden preguntar no saben ni que preguntas hacer, al final el resultado es el mismo ya que se opta por no preguntar nada”, concluye.

*Estudiantes de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública

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