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Redacción

Desde que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó reponer el procedimiento para elegir al presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, el actual titular de ésta, Miguel Nava Alvarado, ha señalado que es ‘ilegal’ la determinación, y denunció que solicitó medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas amenazas de muerte contra él y su familia.

En la audiencia que le otorgó la Junta de Concertación Política, Nava Alvarado buscó persuadir a los diputados de no acatar la resolución del Tribunal, y reiteró las acusaciones que había vertido días antes: que los poderes Judicial y Legislativo podían actuar violentando sus derechos humanos y sin especificar bien la resolución.

Además, diputados locales y federales del PAN han expresado su preocupación por la situación que se vive alrededor del máximo ente de los derechos humanos en la entidad.

Alejandro Cano Alcalá, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública en la LVII Legislatura, pidió al Poder Ejecutivo preserve la integridad y vigile a Miguel Nava.

Por su parte, Marcos Aguilar Vega advirtió que en Querétaro se podría estar viviendo un “Estado fallido”.

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