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Reforma ‘fast track’ del PAN aplicará cárcel por desacatos a contingencia

Quien cometa “un delito contra un servidor público” podría pasar de 3 a 5 años de prisión.

Tras dos meses de no sesionar en pleno, la Legislatura del Estado aprobó reformas al Código Penal estatal para endurecer las penas a diversos delitos en el marco de la pandemia por COVID-19: La iniciativa fue presentada por el grupo mayoritario, el Partido Acción Nacional (PAN), la mañana del miércoles, aprobada en comisión la tarde del miércoles y votada en pleno la mañana de jueves: un proceso legislativo de menos de 24 horas.

Aunque el objetivo principal es proteger al personal de salud frente a las agresiones o endurecer penas en violencia familiar y no acaten las medidas de confinamiento, otros delitos también vieron aumentadas sus penas. Algunas de estas sanciones se aplicarán a quien “desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad”, a quien “quebrante la prohibición de residir en una circunscripción territorial determinada” o “ir a zona específica que esté prohibida”.

Hasta 5 o 6 años

Destacan de 3 a 5 años de prisión a quien impida “la ejecución de una obra o trabajos públicos” y la pena sube de 4 a 6 años si son varias personas las involucradas. También quien cometa “un delito contra un servidor público” podría pasar de 3 a 5 años de prisión. Y en los artículos 299 y 300 se establecen penas por quebrantar la “prohibición” de “residir” o de “ir” a una circunscripción, lo que podría afectar la movilidad entre municipios ante un eventual endurecimiento de las medidas de control sanitario.

En la sesión de pleno se criticó el que la comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales no incluyera a otras comisiones en la discusión del dictamen, como la de Administración y Procuración de Justicia o Salud; y además reservas de la oposición a algunos artículos, finalmente la reforma fue aprobada en lo general por mayoría: 24 votos a favor y uno en contra de Néstor Domínguez Luna de Morena. También se desecharon reservas a diversos artículos.

Además, destacan las penas de 3 a 6 años de prisión por convocar saqueos y a quien, sabiendo que tiene una enfermedad en periodo infectante, ponga en peligro a terceros. Así mismo, a quien no respete el confinamiento por padecer una enfermedad transmisible y grave se le darán de 4 a 6 años; y a quien “sin causa legítima rehusare prestar un servicio al que la ley obligue o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad” se le darán de 3 a 5 años; misma pena para violencia familiar.

Por otra parte, el delito de Discriminación contemplado en el artículo 170 del Código Penal local doblará sus penas en caso de que se ejerza en contra de personal del sector salud, pues pasará a un intervalo de 2 a 6 años.

Connie Herrera a la Mesa Directiva

Una discusión acalorada se vivió también en la Legislatura local al dar el nombramiento de Concepción Herrera Martínez como presidenta de la Mesa Directiva. La propuesta fue rechazada por las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Morena; la coordinadora de esta última fuerza política, Fabiola Larrondo Montes, asentó que la presidencia correspondía a su partido por ser el segundo grupo mayoritario.

El legislador de Morena, Néstor Domínguez Luna, aseguró que “pareciera” una decisión inclusiva “al dejar que una de las fuerzas políticas menos votadas” ejerciera la presidencia; sin embargo, acusó a Querétaro Independiente, de Herrera Martínez, de “estar del lado del gobierno estatal”. Hugo Cabrera, legislador del PRI, calificó la decisión como “vicio y una consecuencia de cuando se tiene el monopolio del poder”, sentenció.

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