Repartidores de plataformas en Querétaro alzan la voz por derechos laborales y protección

Desde antes de la creación de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), en septiembre de 2021, los repartidores de Uber Eats, Didi Food y Rappi han exigido su reconocimiento como trabajadores, y no como socios, de estas empresas. Luego de tres años, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, firmó una iniciativa de reforma para asegurar los derechos de los trabajadores de plataformas digitales, quienes, alrededor de cuatro mil de ellos, son del estado de Querétaro.

Repartidores en riesgo

José Luis González Godínez, actual coordinador general de La Casa Obrera de Querétaro, un espacio dedicado a la defensa de los derechos laborales, señala que desde 2020 se registraron “eventos muy dramáticos” en el estado, en torno a los repartidores de aplicaciones digitales. Es a partir de “una ola de accidentes que les cuesta, inclusive, la vida a algunos”, externa el coordinador, que este sector comienza a reflexionar y organizarse para visibilizar “las condiciones tan inseguras, inciertas y desprotegidas” en las que llevan a cabo su trabajo.

Además de algunas protestas, también comenzaron a cuestionar, a nivel federal, sobre quién protege a este sector, de qué manera se hace y bajo qué esquema jurídico están accionando. Ante esto, la primera respuesta que recibieron los repartidores fue por parte de las empresas de Uber Eats, Didi Food y Rappi, que trataron de justificar su trabajo a través de un convenio de colaboración bajo la ley civil, mas no laboral u oficial como el resto de los empleos.

Si bien esto es cierto, al tratarse de un acuerdo colaborativo entre estas empresas y las personas que prestan sus servicios y herramientas de trabajo, como su automóvil, motocicleta, bicicleta, e incluso su propio caminar, la situación se tornó más complicada. De acuerdo con el también abogado laboral, González Godínez, se pensaba que la distribución de beneficios sería equitativa bajo esta dinámica, misma que, expresa, “no es más que un acto de simulación”.

Con el auge de las plataformas sociodigitales, y como resultado de la pandemia por COVID-19, los servicios aumentaron, pero también se monopolizaron; y como consecuencia, el convenio de colaboración generó desventajas para los repartidores. “Las y los deja en total estado de inseguridad e indefensión en el aspecto tanto laboral, como de integridad física”, afirma González Godínez.

La reforma de Sheinbaum

El nuevo panorama que planteó Claudia Sheinbaum el pasado 16 de octubre, con la firma de un nuevo capítulo para la Ley Federal del Trabajo, supone que la situación de los repartidores comenzará a cambiar. La reforma propone que este sector, tanto chóferes, como repartidores, tendrá derechos amparados por la ley, tales como: la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pago de utilidades, el acceso a crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el seguro contra accidentes, así como derecho a la implementación de protocolos con perspectiva de género para atención de casos de acoso, hostigamiento y similares.

Todo ello con el respeto a la flexibilidad del horario laboral y el reconocimiento de la subordinación discontinua, que se refiere a la relación laboral que se establece únicamente durante el tiempo efectivo de trabajo, es decir, cuando el repartidor acepta un pedido o un viaje, hasta completar la entrega.

Aunque esto no resuelve todos los problemas de inmediato, reconoce el abogado González Godínez, representa un avance significativo. Además, puntualiza que es importante aclarar que esta reforma “no es solo una acción bondadosa de la presidenta, también es el resultado de la lucha de las y los trabajadores que constituyen la UNTA”. Si bien ya están plasmados en una iniciativa, “lo que sigue es hacer efectivos estos pronunciamientos jurídicos”, rectifica el abogado, para que todos los trabajadores puedan disfrutar de estabilidad económica, social, cultural y emocional.

“El principio de un proceso”

Sin embargo, el coordinador general de La Casa Obrera de Querétaro, advierte que esta reforma “no es una cuestión acabada, sino el principio de un proceso”. En este sentido, aclara que es fundamental recordar que lo que la ley establece, y su cumplimiento, son dos cosas distintas; y que, además, se viene de un periodo complicado, por lo que tomará tiempo implementar estas leyes de manera efectiva: “este proceso nos permitirá continuar ajustando y mejorando las medidas”, afirma en tono optimista.

En este entendido, un aspecto particular todavía a tratar, es el derecho a la desconexión y la forma en que se calculará el tiempo y el salario. Es importante revisar cómo cotizarán al Seguro Social, ya que muchos trabajadores no laboran para una sola plataforma, sino para varias; por lo que, se supone, que cada plataforma deberá hacer sus aportaciones y sumarlas para determinar el salario y las prestaciones sociales.

De manera complementaria y necesaria, González Godínez puntualiza algunas cuestiones más. Primero, ambas partes, la empresa y los trabajadores, deben reconocer que se trata de una relación laboral con derechos y obligaciones para ambos. En términos legales, estarán regulados por la Ley del Trabajo y otras leyes secundarias. Los dueños de las plataformas deben asumir su rol de empleadores y cumplir con sus obligaciones, mientras que los trabajadores deben conocer y exigir sus derechos y cumplir con sus responsabilidades.

Ante estas iniciativas, explica el abogado, que las autoridades también juegan un papel crucial al asegurar el cumplimiento de las futuras leyes a aprobar.

Una observación constante

González Godínez afirma que adoptar esta cultura no será fácil, ya que la mentalidad de los empleadores suele ser solo la maximización de sus ganancias. Sin embargo, deben entender que, al integrarse al marco legal laboral, deben cumplir con sus obligaciones. A la par, el gobierno y las autoridades deben estar atentos, y es fundamental que los trabajadores sigan organizados, como lo han hecho con la UNTA, que ha sido clave en el inicio de este proceso de reconocimiento legal.

Para finalizar, el coordinador y abogado exhorta que, si los trabajadores, colectivamente, vigilan el cumplimiento de sus derechos, el sistema puede funcionar correctamente, y ajustarse según sea necesario.