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Restricciones del gobernador refuerzan violencia contra grupos vulnerables: ONG

La vigencia de las disposiciones se prolonga después del tiempo estipulado para la contingencia sanitaria y refuerzan el ejercicio de la violencia hacia sectores vulnerables y discriminados.

Las reformas aprobadas al Código Penal de Querétaro el pasado 29 de abril resultan excesivas y desproporcionadas, debido a que penalizan conductas relacionadas con la protección de la salud de la ciudadanía, manifestaron diversas organizaciones de la sociedad civil de Querétaro a través de un comunicado de prensa.

El boletín, firmado por COIVIHS, CAIFAJ, CDHFJD y CLEIDH, advierte que la vigencia de las disposiciones se prolonga después del tiempo estipulado para la contingencia sanitaria por el COVID-19 y refuerzan el ejercicio de la violencia hacia sectores vulnerables y discriminados.

Por lo anterior, realizaron un exhorto para que los diputados locales emitan normas enfocadas a persuadir a la ciudadanía para abstenerse de prácticas y conductas de riesgo sanitario. De igual forma, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos, así como la concientización sobre la importancia de los cuidados preventivos para evitar la propagación del virus.

Las ONGs consideraron que tales medidas son restrictivas y represoras. “[Las medidas impuestas] restringen la movilidad de la ciudadanía, siendo esto facultad exclusiva de la Federación, quien hasta ahora tiene una campaña Nacional de Sana distancia y concientización social”, resaltaron.

Las medidas del gobernador

Entre los nuevos lineamientos aprobados, se establece de cuatro a seis años de prisión “a la persona que no respete el periodo de aislamiento obligatorio impuesto por padecer una enfermedad transmisible grave o la cuarenta”, así como tres a cinco años por desobedecer medidas de la autoridad sanitaria o de protección civil decretadas durante una emergencia sanitaria y el aumento de penas a los delitos de riesgo de contagio y omisión de auxilio.

Ajeno al contexto de contingencia sanitaria, la reforma también considera dos a cinco años de prisión a las personas que obstruyan obras o trabajos públicos, con la agravante de cuatro a seis años si participan varias personas. Cabe mencionar que el pasado 4 de mayo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración a nivel nacional, Alejandro Encinas, hizo un llamado a los congresos locales para no hacer uso del derecho penal para enfrentar la contingencia, haciendo referencia a las reformas aprobadas en Querétaro.

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