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Resuelve SCJN a favor de indígenas tras caso Raymundo Pascual

La detención y tortura de Raymundo Pascual dio pie a la publicación de cuatro tesis en el Semanario Judicial de la Federación, en las que se establece que las autoridades deben hacer esfuerzos por comprender y atender los reclamos de los pueblos originarios,

 El caso de Raymundo Pascual García generó cuatro tesis aisladas publicadas en el semanario Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en las cuales se establece que antes de imputar a una persona por el delito de sedición se debe corroborar que el acusado no ejercía su derecho a la resistencia civil pacífica; además se debe comprobar que la autoridad agotó todas las posibilidades de diálogo, pues debe haber un esfuerzo serio institucional por entender los reclamos de los pueblos originarios. Finalmente, establecen que los delitos políticos -como el de sedición- deben revisarse más exhaustivamente y bajo los principios pro persona amparados en la Constitución.

El caso de Raymundo

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. documentó el caso de Raymundo: lo define como un indígena originario de San Ildefonso Tultepec, municipio de Amealco de Bonfil; recuerda que “fue detenido arbitrariamente por elementos de la Policía Estatal, en su domicilio, golpeado, asfixiado y amenazado de muerte, debido a su participación en una reunión comunitaria, celebrada el día anterior, en la que mostraba su preocupación y rechazo al gasolinazo”.

Se detalla que el 5 de enero del 2017, Raymundo se acercó a una reunión informativa ciudadana sobre el gasolinazo y la escasez de combustible que afectaba ya a la economía local y decidieron pedir apoyo al delegado municipal, quien salió voluntariamente de sus oficinas y, tras escuchar las decisiones de las personas reunidas, decidió cerrar las instalaciones.

Los inconformes le pidieron prestada una patrulla para vocear y llamar a una nueva reunión para el día siguiente, a lo cual accedió. Raymundo comenzó a conducirla, pero dado que ésta no contaba ni con gasolina ni con bocina, las personas decidieron bajarse y estacionarla cerca de la delegación municipal.

“Ese mismo día por la tarde, el policía municipal Juan Carlos Jacinto Santiago denunció el supuesto robo de vehículo sin violencia cometido en agravio del Municipio de Amealco en contra de Raymundo Pascual García y/o quien resulte responsable. Sin embargo, la Jueza del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Amealco de Bonfil autorizó girar orden de aprehensión en contra de Raymundo por el delito de sedición en agravio del Estado, a petición de la Fiscal de Acusación”.

En un texto publicado por este centro de derechos humanos en la revista ‘Nexos’, recuerdan que “el 2 de marzo de 2017, la defensa de Raymundo logró la sustitución de la prisión preventiva por cuatro medidas cautelares; sin embargo, una de las nuevas medidas impuestas le prohibió participar en reuniones y manifestaciones”, es decir, una jueza de control restringió su derecho de mostrar disenso público.

Debido a esto presentaron una revisión de amparo y el 13 de julio de 2017, el Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa en Querétaro resolvió ampararlo para efectos de dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso, así como las medidas cautelares accesorias a éste.

Finalmente el 2 de octubre, la jueza de control declaró cancelada la orden de aprehensión con lo que terminó este proceso penal contra el queretano.

Tesis de la SCJN

El amparo que le fue otorgado a Raymundo bajo el número 133/2017 con fecha del 13 de julio de 2017 dio pie a la publicación de cuatro tesis el pasado 16 de febrero en el sitio oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales fueron firmadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito.

En la primera tesis se señala que se debe diferenciar entre el delito de sedición y la resistencia civil pacífica, pues esta última figura está protegida por la Constitución.

En el texto se señala que si la resistencia a la autoridad no es violenta, debe respaldarse en la Constitución bajo la reconocida figura de resistencia civil pacífica, por lo tanto es exigible “al operador jurídico un ajuste razonable de la norma penal a los hechos sobre los que pretenda proyectarse y una cuidadosa reflexión en cada caso, en relación con el origen y contenido del discurso de reclamo o protesta, y su necesaria adecuación en un régimen democrático, tomando en cuenta que la libertad de manifestación de las opiniones e ideas e, incluso, de protesta mediante la resistencia civil pacífica, encuentran cobertura de protección dentro del actual parámetro de regularidad constitucional”.

En la segunda tesis se señala la necesidad de que se eleve “el escrutinio normativo y el estándar fáctico y probatorio en la demostración de la conducta imputada”, pues se debe tomar en cuenta el principio de mínima intervención penal para este tipo de escenarios complejos, pues es necesario primero establecer si hubo o no “el esfuerzo serio o disposición institucional previa, por las autoridades y el o los imputados, de entablar un diálogo, en términos similares al derecho a la consulta previa reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un mecanismo para el respeto y la protección de los pueblos indígenas, cuyo objetivo principal es llegar a un acuerdo o, incluso, lograr un consentimiento referido a las medidas propuestas por las autoridades, pues naturalmente supone el enfrentamiento de la fuerza del Estado con la oposición que puede presentarse de alguna comunidad originaria, en donde es importante, anteponer el diálogo”.

“Lo anterior, en aras de comprender y atender la naturaleza y contenido de los reclamos y, en su caso, dar una respuesta o reconducirlos por los cauces institucionales competentes; puesto que, tal esfuerzo objetivo y probado, en todo caso, contribuiría a evidenciar la sinrazón o irracionalidad de aquella resistencia o ataque, pues antes de optar por la vía punitiva, la autoridad debe tomar como parte de su cometido democrático recuperar la paz y seguridad social por los medios más adecuados”.

La siguiente tesis recuerda que este tipo de figuras delictivas son consideradas por la doctrina como delitos políticos y se “trata de una definición criminal diseñada originalmente para contender contra la rebeldía y la disidencia en regímenes autocráticos, como las monarquías, que inicialmente prohibía y sancionaba a quien se atreviera a hablar en contra, o criticar públicamente al gobernante en turno, a pesar de que los dichos fueran ciertos o veraces, lo que llevó a catalogarlo, junto con otras conductas, dentro de los delitos de lesa majestad”.

Por lo tanto se señala que es exigible al operador jurídico “una cuidadosa reflexión en cada caso, en relación con el origen histórico y contenido del discurso de reclamo o protesta y su actual proyección progresiva y funcional en un régimen democrático y, además, la aplicación de justicia debe ser con base en los principios pro persona establecidos en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la última tesis se establece que la vinculación a proceso, en el caso de los delitos políticos o contra el Estado, debe ser con base en los principios pro persona, debido a que comúnmente quien ejecuta la presunta violación legal dice ejercer sus libertades públicas de información, pensamiento, expresión, asociación, manifestación pública y petición, entre otras.

Esto implica un análisis de cada caso bajo un parámetro de razonabilidad y, además, debe existir “especial cautela en el examen de los hechos descritos y los datos de prueba que pretendan respaldarlos, de manera que sean contextos de manifiesta y patente afectación u obstaculización a las instituciones o autoridades del Estado, los que ameriten su aplicación, además de ponderar de manera integral y cuidadosa las excluyentes del delito o causas de justificación, conforme al artículo 316, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

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