Sanfandila, la ciudad perdida de Querétaro
A pesar de las amenazas de cárcel que pesan sobre los ejidatarios de Ajuchitlancito, afirman que nadie les podrá quitar nuevamente las 638 hectáreas, debido a que no existe ningún decreto federal expropiatorio.
El domingo 3 de septiembre de 2017, 200 ejidatarios de Ajuchitlancito se reapropiaron de 638 hectáreas que les fueron invadidas por los gobiernos federal y estatal que invirtieron la estratosférica suma de 14 mil 806 millones de viejos pesos, en el denominado desarrollo urbano Sanfandila que proyectaba la construcción de una ciudad para 33 mil 200 viviendas ubicadas en el kilómetro 11 de la carretera estatal 431 en dirección Los Cues-Sanfandila. Al final, el desarrollo fue un rotundo fracaso y ahora, en lo que fueran los lotes urbanizados, los campesinos han vuelto a sembrar maíz, frijol y calabaza.
Génesis ejidal
Por decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, en 1936 se concedió al ejido de Ajuchitlancito 2 mil 137 hectáreas de tierra. Después, en 1944, el presidente Manuel Ávila Camacho, concedió al mismo, por concepto de ampliación de ejido, 666 hectáreas más.
Antonio Calzada Urquiza
En 1978, el gobernador Antonio Calzada Urquiza, edificó una suntuosa casa club que aparentemente cumplía con las funciones de oficina alterna del gobernador. Sin embargo, los ejidatarios recuerdan que también era para el disfrute y el esparcimiento de la alta burocracia de las administraciones estatales; construida con la mano de obra de los propios ejidatarios de Ajuchitlancito, a quienes no se les solicitó permiso ni se les avisó del proyecto, a pesar de ser los propietarios legítimos del lugar. En aquel momento ninguno de ellos tenía conciencia del despojo.
Algunos ejidatarios refieren que la casa club contaba con saunas, mesas de billar, salón de baile, cantina, cava, sillones de cuero, áreas de descanso, piscina, cocina, comedor, alacena y un club hípico con finos caballos a la disposición de los burócratas. Sin embargo, por razones desconocidas por los propios campesinos, dejó de estar en servicio desde el 2000 y actualmente se encuentra abandonada y deteriorada.
El Nuevo Rumbo
Siguiendo el esquema de la descentralización del gobierno federal encabezado por Miguel de la Madrid Hurtado, la administración del gobernador Palacios Alcocer, sin decreto de expropiación federal, operó en 638 hectáreas del ejido de Ajuchitlancito un proyecto de desarrollo en el que se invirtieron, de 1987 a 1991, 14 mil 806 millones de (viejos) pesos en la urbanización de 84 hectáreas.
El folleto “Sanfandila Desarrollo Urbano. La Ciudad Verde del Siglo XXI”, publicado en junio de 1991 por el gobierno queretano, contiene información integral relativa al ambicioso proyecto: desde los decretos locales de creación de la comisión que realizó la obra hasta la aplicación de los recursos financieros, así como la cantidad de trabajadores que participaron (111) en esta obra en la que el gobierno saluda con sombrero ajeno al señalar que “al estado le correspondió aportar el predio de 638 hectáreas”.
El 22 de octubre de 1987 fue publicado en el periódico oficial de Querétaro –“La Sombra de Arteaga”-, la creación de la Comisión para el Desarrollo Urbano Sanfandila. El 28 de marzo de 1991, se publicó el decreto de creación del nuevo centro de población denominado Sanfandila y el 23 de marzo de 1991 fue publicado el decreto que autorizaba la comercialización del desarrollo, así como el uso de suelo de cada uno de los lotes.
El folleto desglosa las obras realizadas y sus costos de 1987 a 1991. Al final señala que la suma aplicada durante ese tiempo fue de 14 mil 806 millones de (viejos) pesos (de los cuales 11 mil 564 millones de pesos fueron federales y 3 mil 242 millones, estatales), recursos con los que se urbanizaron 84 hectáreas. También se informa que fueron donadas 50 hectáreas al Instituto Mexicano del Transporte (que sí cuenta con decreto expropiatorio federal del 28 de abril de 1993), 133 al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (Cideteq) y 7 hectáreas al municipio de Pedro Escobedo.
El desarrollo fue dotado con 4 pozos de agua potable, alcantarillado, carpeta asfáltica, electrificación, luminarias de alumbrado público, planta de tratamiento de aguas negras, red de agua potable e infraestructura telefónica, un módulo de vigilancia, un mercado, un jardín de niños con tres aulas, una escuela primaria, una escuela secundaria, una unidad médica y un parque recreativo.
La información contenida en el folleto también señala que la comercialización debería realizarse con total transparencia a través de las empresas establecidas del sector privado. Para ello, el gobierno del estado publicó durante los días 25, 27 y 29 de junio de 1990, en los periódicos locales y dos nacionales, un concurso de comercialización.
Sin embargo, la respuesta a la convocatoria no tuvo éxito debido a que únicamente se inscribió la empresa Los Gamitos, pero como no presentó propuesta, el concurso se declaró desierto. Ante esta situación, en octubre de 1990 el gobierno promovió la comercialización ante la XIX Convención Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), en Tijuana, Baja California. Después de una visita guiada de un grupo de 21 desarrolladores, únicamente dos empresas ofrecieron alternativas de comercialización que no se concretaron.
Ante el estrepitoso fracaso, la administración del gobernador Mariano Palacios Alcocer (1985-1991), de acuerdo al folleto del desarrollo urbano Sanfandila, “consideró conveniente no sacar a la venta los terrenos, con la intención de entregar Sanfandila a la siguiente administración, sin ningún compromiso”.
El gobierno del cambio
En 1997 el ingeniero Ignacio Loyola Vera desplazó de la gubernatura al PRI bajo el lema del cambio debido a que la sociedad queretana estaba cansada de la prepotencia, la corrupción y el nepotismo de los priistas.
Sin embargo, durante su gestión, Loyola Vera también cayó en los mismos vicios de los políticos de siempre y, abusando del poder, en el año 2000 se mandó construir una lujosa y exclusiva mansión en Sanfandila, en la colina que los ejidatarios identifican como la Media Luna: un terreno de 24 hectáreas, cuyo acceso está en el módulo de vigilancia del desarrollo urbano Sanfandila, cuidado las 24 horas del día por vigilantes pagados por Loyola Vera, desde hace 18 años.
De acuerdo a los ejidatarios de Ajuchitlancito, el predio ocupado por Loyola Vera fue invadido en 1963 por Javier Fernández de Cevallos y Nicolás González Jáuregui, quienes se lo apropiaron por “una permuta” de la cual nunca hubo una resolución presidencial.
En marzo del año 2000, 32 ejidatarios de Ajuchitlancito fueron procesados y puestos a disposición de las autoridades penales demandados por Celina Aréstegui Sada (esposa de Nicolás González Rivas) y el gobierno del estado por despojo. Desde aquel momento, los campesinos se vieron obligados a acudir a firmar, cada ocho días, al penal de San Juan del Río.
Díganme Paco
En 2005, la administración de Francisco Garrido Patrón también intervino en Sanfandila retomando el proyecto de Mariano Palacios Alcocer, al que denominó “Plan de Desarrollo Urbano de la Zona de Crecimiento de Sanfandila”, que consistía en vender más de 400 hectáreas a la empresa Desarrolladora Inmobiliaria Sanfandila para edificar 33 mil 200 viviendas.
Aunque en aquel momento ni los legisladores de la LV Legislatura que votaron a favor del dictamen ni el propio gobernador Garrido Patrón dijeron desconocer los nombres de los integrantes de la empresa después se supo que, entre otros, figuraban Pedro Adib Checa Acra y Luis Alfonso Mier Cuevas (presidente de la Coparmex Querétaro, durante la administración del gobernador Garrido Patrón, a quien, en aquel momento, le organizara un reconocimiento por su “gestión y liderazgo”.
El periódico “La Jornada” informó en diciembre de 2007 que: “En agosto el gobierno estatal canceló por incumplimiento de pagos el acuerdo con una inmobiliaria que iba a construir 33 mil viviendas económicas”, en referencia a la empresa Desarrolladora Inmobiliaria Sanfandila.
Por un Querétaro sin colores
Con el gobierno de José Calzada Rovirosa los negocios turbios alrededor de Sanfandila siguieron; al igual que la represión a los ejidatarios de Ajuchitlancito, los dueños originarios de las 634 hectáreas invadidas por los gobernantes.
El 29 de junio de 2011, el licenciado Rodrigo Díaz Castañares, titular de la notaría 6 de Querétaro, dio constancia del contrato de compra-venta entre el estado de Querétaro. Fue presentado por Roberto Loyola Vera, secretario de Gobierno de José Calzada Rovirosa, con la comparecencia del contador público Manuel Pozo Cabrera oficial mayor del gobierno y la Desarrolladora Inmobiliaria Sanfandila, representada entre otros por Pedro Adib Checa Acra y Luis Alfonso Mier Cuevas.
El 21 de octubre de 2012, después de la publicación de un desplegado en un periódico local dirigido al gobernador que invocaba el Estado de derecho por parte de Carlos Miranda Saulny, María de Lourdes González Rivas y Edmundo Jiménez Suso; este último representante legal de la Inmobiliaria de Desarrollos Tecnológicos. Sin orden de aprehensión, fue detenido y encarcelado en San Juan del Río, Gerardo Rojas de Camilo, ejidatario de Ajuchitlancito que en aquel momento contaba con 68 años de edad, acusado de despojo e invasión de propiedad privada.
Los desarrolladores
Ahora, medio año después de la reapropiación de las 638 hectáreas en febrero de 2018, los ejidatarios, que colocaron dos lonas en la caseta de vigilancia de la entrada al desarrollo con la leyenda “Ejido Ajuchitlancito”, recibieron la visita de Pedro Adib Checa Acra, quien se ostentó como el propietario del Desarrollo Urbano Sanfandila, sitio cuya venta se promueve en diversos portales de Internet en 60 millones de dólares o su equivalente en pesos mexicanos.
Tres días después de la visita del supuesto dueño, llegaron agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, quienes les informaron que Pedro Adib Checa Acra había demandado por despojo a los ejidatarios Marciano de la Cruz Trejo, Reyna Trejo Botello y Braulio Álvarez Botello, de acuerdo a la carpeta de investigación C1-4-33418 2017.
No, no nos moverán
A pesar de las amenazas de cárcel que pesan sobre los ejidatarios de Ajuchitlancito, afirman que nadie les podrá quitar nuevamente las 638 hectáreas, debido a que no existe ningún decreto federal expropiatorio. También señalan que seguirán sembrando frijol, calabaza y maíz como históricamente han venido haciendo.
