Santiago Nieto advierte de una crisis de gobernabilidad en Querétaro tras renuncia en Fiscalía e inseguridad; el abucheo a Kuri, un rechazo a su política

En diálogo con Tribuna, Santiago Nieto profundiza en los últimos acontecimientos políticos en Querétaro, desde el abucheo al gobernador Kuri hasta la crisis en la Fiscalía y el aumento de la violencia. También reflexiona sobre temas de relevancia nacional, como la Ley Leslie, de la cual fue un importante impulsor en Hidalgo, y ofrece su visión jurídica sobre la nueva reforma judicial impulsada por la Cuarta Transformación.

Santiago Nieto, ex titular de la UIF, aborda el reciente abucheo al gobernador Mauricio Kuri durante un evento público. Describe el contexto en el que ocurrió, señalando la presencia de beneficiarios de programas sociales y la reacción del gobierno estatal. Nieto critica la gestión del gobierno de Kuri y destaca la polarización que este tipo de eventos revela en la sociedad queretana.

La renuncia del fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, y la detención de tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, marcan un punto crítico en la entrevista. Nieto analiza la falta de coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia en Querétaro, y advierte sobre los riesgos de influencias políticas en los nombramientos de fiscales, lo que compromete la independencia de la fiscalía.

Nieto expresa su preocupación por el aumento de la violencia en Querétaro, el cual atribuye a la ineficacia de las políticas de prevención y seguridad pública. Señala la necesidad de una revisión integral de las estrategias de seguridad y una mayor transparencia en la administración de justicia.

Por otra parte, a nivel nacional, Santiago Nieto destaca la importancia de la Ley Leslie, una legislación que endurece las penas por ataques con ácido, de la cual fue un importante impulsor en Hidalgo. Explica los retos y la relevancia de armonizar esta ley en todos los estados de la República para garantizar una protección uniforme a las víctimas.

Finalmente, Nieto ofrece su perspectiva como abogado sobre la nueva reforma judicial promovida por la Cuarta Transformación. Argumenta a favor de la creación de un tribunal disciplinario para supervisar a jueces y magistrados, y resalta la necesidad de estas reformas para fortalecer el sistema de justicia en México. Nieto subraya que estas medidas son esenciales para asegurar la independencia judicial y mejorar la administración de justicia en el país.

No supieron manejar la crisis del abucheo

La entrevista va de lo local a lo nacional. Y aunque ya han pasado semanas, sigue presente el tema del abucheo al gobernador Mauricio Kuri en un evento con el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Para el excandidato a senador, Santiago Nieto Castillo, resulta lógico que, si ese evento estaba lleno de beneficiarios de programas sociales, quienes han recibido apoyo directo del gobierno federal y, por tanto, son una base importante de apoyo para la Cuarta Transformación, simplemente se expresó un fuerte descontento con las políticas del gobierno estatal, encabezado por Kuri, que ha sido percibido como excluyente y favorecedor solo de ciertos grupos alineados con el PAN.

Nieto argumenta que el gobierno del estado debería haber previsto la reacción del público, dada la composición de la audiencia y el contexto de apoyo a los programas sociales federales. Critica la gestión del evento por parte del gobierno estatal, señalando que no supieron manejar adecuadamente la situación ni anticipar la respuesta del público. Asimismo, destaca que la actitud del secretario de gobierno, buscando culpables externos, refleja una falta de responsabilidad y madurez política.

El secretario de gobierno de Querétaro, Carlos Alcaraz, respondió al abucheo señalando directamente a Santiago Nieto y al senador Gilberto Herrera como responsables de incitar la rechifla. En respuesta, Nieto refutó estas acusaciones, calificándolas de infundadas y propias de una actitud infantil por parte del gobierno estatal.

«Es una actitud infantil buscar un culpable, un responsable, frente a una paranoia, aceptar los errores», afirmó Nieto. «El verdadero problema es la falta de comprensión y aceptación de la realidad por parte del gobierno de Kuri».

– ¿Carlitos, así en diminutivo?

– Sí, yo lo llamo Carlitos. Y lo que hace es infantil absolutamente, por eso el comportamiento de echarle la culpa a otros de sus propios errores.

Crisis de gobernabilidad y argucias para mantener la Fiscalía

La crisis en la Fiscalía de Querétaro también fue un tema central en la entrevista con Santiago Nieto. La renuncia del fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, junto con la reciente detención de tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ha generado un clima de inestabilidad y preocupación en el estado.

– ¿Qué opina sobre la renuncia del fiscal general y la detención de altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana?

– Primero, hay que aceptar que hay una crisis de gobernabilidad en Querétaro. En la Secretaría de Seguridad se desarrolla un proceso de investigación y la fiscalía termina deteniendo al subsecretario y a dos directores generales. Esto me parece absolutamente inconcebible cuando hay que entender que la política criminal del Estado abarca la seguridad, la prevención, la procuración de justicia, la impartición de justicia y la ejecución de penas.

Nieto criticó la falta de coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia en Querétaro, señalando que esta desorganización ha contribuido a la crisis actual. «Es increíble que en Querétaro no exista coordinación entre los dos espacios», afirmó.

En el contexto de la reciente renuncia del fiscal Echeverría, surge un debate crucial sobre el futuro de la fiscalía en Querétaro. El entrevistado aborda la crisis de gobernabilidad en el estado, subrayando que la situación se agrava con la detención de altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad, lo que refleja una falta de coordinación en la política criminal del estado.

El entrevistado sostiene que la renuncia del fiscal está vinculada con el cambio de legislatura y la influencia del gobernador Mauricio Kuri. Critica la idea de un «fiscal carnal», es decir, una figura que esté estrechamente alineada con los intereses del grupo de los hermanos Granados, quienes han tenido un control prolongado sobre la seguridad en Querétaro. Asegura que la seguridad del estado ha deteriorado gradualmente, una percepción respaldada por los índices del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la opinión ciudadana.

Desde la perspectiva de Morena, se rechaza la idea de que esta legislatura defina al nuevo fiscal, no solo por razones de cortesía política, sino también porque el mandato de las urnas exige controles más rigurosos sobre el gobierno de Kuri. Nieto Castillo recalca que los resultados de las elecciones del 2 de junio reflejan un rechazo a la influencia política continua de los Granados sobre la fiscalía.

La posición de Morena, según el entrevistado, es firme en contra de un fiscal que sirva a intereses políticos particulares. Aboga por una fiscalía autónoma e imparcial que no se convierta en un botín político ni en un instrumento para atacar a opositores o grupos desfavorecidos. Esta postura se establece como la ruta para asegurar una administración judicial justa y efectiva en Querétaro.

Ley Leslie

Santiago Nieto, quien apoyó la implementación de la Ley Leslie en Hidalgo, abordó los avances en la protección de los derechos de las mujeres. Destacó que esta legislación, que aumenta las penas para delitos cometidos con ácido, responde a la necesidad de mejorar el acceso a la justicia, asegurar que las sentencias se ejecuten efectivamente en casos de violencia de género, y promover una mayor inclusión de mujeres en todos los ámbitos, como el gobierno, sindicatos y universidades.

El entrevistado subrayó que la Ley Leslie también introduce una responsabilidad agravada para los delitos graves, como los ataques con ácido, que se consideran tentativas de homicidio dependiendo de las circunstancias. Este enfoque busca responder al hecho de que el 90% de las víctimas de estos ataques son mujeres y que el 70% de los agresores son parejas sentimentales. Además, el entrevistado hizo hincapié en la importancia de regular la Ley Olimpia a nivel nacional y de abordar la violencia política de género en el ámbito electoral y penal.

En cuanto a la situación en Querétaro, el entrevistado expresó preocupación por la armonización de las leyes locales con los avances federales. Mencionó la necesidad de reformar la ley del suministro de agua potable y de discutir la interrupción legal del embarazo, conforme a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También abogó por la creación de tipos penales específicos para delitos de odio y transfeminicidio, y propuso la posibilidad de un código penal único para todo el país, una competencia que, según él, debería ser evaluada por el Poder Judicial y el Congreso de la Unión.

Reforma Judicial

En el debate en torno a la reforma judicial, el entrevistado, abogado egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y estudioso de la jurisprudencia, ofreció una visión crítica sobre el actual funcionamiento del sistema judicial en México. Expresó que el Consejo de la Judicatura Federal, tras 30 años de existencia, no ha logrado la legitimidad de otras instituciones debido a su estructura y funcionamiento, que considera inadecuada.

Criticó la doble función de la Presidenta de la Corte, quien también preside el Consejo, y la mayoría de miembros del Poder Judicial en dicho organismo, sugiriendo que una elección directa de jueces y magistrados para el Consejo de la Judicatura sería más adecuada. A favor de la reforma, respaldó la sustitución del Consejo por un tribunal disciplinario de cinco miembros y la sujeción de los ministros de la Suprema Corte y magistrados a responsabilidades, ya que actualmente son los únicos funcionarios que no pueden ser removidos o sancionados de manera efectiva.

Respecto a las preocupaciones sobre la posible violación de la división de poderes, el entrevistado aclaró que el tribunal disciplinario sería parte del Poder Judicial y no del Ejecutivo, lo que evitaría la imposición del poder del Ejecutivo sobre el Judicial. A pesar de su acuerdo con la necesidad de un tribunal disciplinario, cuestionó la viabilidad técnica de la elección directa de ministros debido a las discrepancias entre distritos judiciales y electorales, sugiriendo que la legislación secundaria debería abordar estos problemas.

Además, el entrevistado recordó que la reforma judicial se alinea con modelos históricos de elección de ministros y destacó la importancia de avanzar desde un sistema que en el siglo XIX limitaba el voto a un sector reducido de la población. Indicó que en los próximos foros de discusión se abordarán estos temas y la necesidad de una reforma profunda en las fiscalías y otras instituciones relacionadas con la justicia cívica municipal y la atención a víctimas. Subrayó que, más allá de debates constitucionales, lo que preocupa a la ciudadanía es la efectividad en la sanción de delitos y la atención a las víctimas, una tarea pendiente que requiere atención en los próximos años.