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Se compromete alcaldesa de Huimilpan a investigar caso Avícola Gala

“Lo que nosotros como administración tengamos que realizar, lo vamos a hacer”, indicó la alcaldesa María García Pérez

Foto: Ricardo Lugo

Por: Lourdes Durán Peñaloza

A dos semanas de tomar protesta como presidenta municipal de Huimilpan, María García Pérez se ha convertido en la heredera de un conflicto entre la empresa Avícola Gala S.P.R. de R.L. y habitantes de diversas comunidades de la demarcación (Tribuna de Querétaro en sus ediciones 635, 636 y 637), conflicto que, aseguró, su administración se encargará de investigar a fondo.

Ambientalistas sostienen que en Huimilpan lo que huele mal es que las autoridades no clausuren Avícola Gala S.P.R. de R.L., aun cuando la empresa no cuente con los permisos de las autoridades correspondientes.

Rosillo, abogada que lleva el caso y quien pidió se reservara su nombre completo en el anonimato por temor a seguir sufriendo represalias, afirmó que “se está perdiendo de vista que aquí estamos ante una situación de Estado de derecho que se ha estado quebrantando”.

Señaló que las granjas no deberían de estar operando. Primero, porque no tienen permisos; segundo, por una cuestión de prevención, ya que no hay cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana.

“No me explico, y yo creo que tampoco los indígenas, que una norma oficial mexicana, que es de cumplimiento obligatorio, no se esté observando por las autoridades”, alertó.

La abogada, especialista en derecho ambiental, aspectos de sustentabilidad, manejo de residuos y recursos forestales, consideró que, independientemente de que la resolución tarde años, las autoridades pueden proceder a la clausura, ya que la empresa no cuenta con los permisos para funcionar.

Sin embargo, solicitaron al Municipio que clausurara y éste se negó porque no se los había ordenado ninguna autoridad.

“Se violan las suspensiones cuando tú de forma material quebrantas la suspensión por acción o por omisión, y aquí hay una omisión, porque no se dejaron las cosas en el estado que se encontraban al momento en que se tramitó el amparo.”

No obstante, lo más grave del asunto es, a su parecer, el estado de indefensión en el cual dejan a los indígenas: “se están olvidando los derechos humanos, de la protección de los mismos.”

“Se nos está olvidando cuál es la función de nuestra legislación, de nuestra normatividad y la obligatoriedad a las mismas”, advirtió.

Recordó que existe un tratado internacional en el que se establece que se les debe de dar voz y voto en la toma de decisiones a fin de que decidan el desarrollo de sus comunidades, para proteger sus usos y costumbres.

“Aunque se hubiera otorgado cada uno de los permisos, tampoco reúnen con ese requisito.”

Y es que, agregó, no están cumpliendo con una disposición constitucional. “¿Por qué las autoridades manifiestan que no hay daños cuando están obligadas a la protección de los derechos indígenas, existan o no daños?”

El Estado no puede, dijo, permitir actos de impunidad para beneficiar a unos cuantos. Y es que es ése, concluyó, el fin del Estado: procurar el bien común.

A su parecer, el desarrollo sustentable no está peleado con la industria ni con la producción. No obstante, comentó, la responsabilidad social de las empresas debe proyectarse y orientar cada una de sus acciones, para no causar perjuicios a la sociedad.

 

Alcaldesa busca el “buen entendimiento” de las partes

María García Pérez, alcaldesa de la demarcación, informó que ya hubo un primer acercamiento con un grupo de gente de la comunidad de Carranza para tratar el tema de las naves de engorda propiedad de la empresa Avícola Gala.

Ahí, se comprometió a revisar todo el expediente y a hacer mesas de trabajo –las cualesFoto: Ricardo Lugo empezarían esta semana– para resolver el conflicto.

También, indicó, se entrevistarán con los inversionistas para conocer su punto de vista y llegar a lo que ella llamó un “buen entendimiento”.

A su parecer, el acercamiento con ambas partes permitirá al Municipio determinar el número de empleos que generan las granjas y la procedencia de las personas que ahí trabajan, sin dejar de lado las inconformidades de la gente.

La panista, quien fue diputada local durante los últimos tres años, reconoció que ha habido una inversión “muy fuerte” en las granjas, anticipó que el Municipio velará por la seguridad y salud de los ciudadanos y enfatizó que cada instancia deberá resolver lo que en su competencia le toca.

“Lo que nosotros como administración tengamos que realizar, lo vamos a hacer. Si nos dicen que tenemos que clausurar en un momento y que nos toca a nosotros, adelante”.

En el caso del Municipio, dijo, revisarán en qué condiciones y por qué se otorgaron las licencias de construcción y funcionamiento, y si se acató lo que marca la norma.

–¿Actualmente las granjas cuentan con permisos de funcionamiento? ¿Tendrían que estar funcionando?

–Ahorita les dieron su licencia de funcionamiento, hasta donde yo tengo entendido. Precisamente es lo que está revisando la gente del área jurídica, para concretarnos la información de cómo fue caminando este proceso. A estas últimas que se instalaron no se les dio la licencia de funcionamiento, pero a las anteriores sí.

Lo que sí han hecho saber a la gente, agregó, es que van a estar cercanos a ellos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en su entorno, ya que dijo, no sólo los de la comunidad están preocupados, sino también gente de comunidades circunvecinas.

Al ser cuestionada sobre si el Municipio vigilará que las naves de engorda de pollo no continúen con su expansión en tanto no se emita una resolución, García Pérez apuntó: “precisamente es lo que estamos esperando, la resolución, para poder tener ese elemento más para poder darles un resultado por parte de nosotros como Municipio”.

 

Asociación civil Ecologistas de Juriquilla se solidariza

En un comunicado de prensa emitido por la asociación civil Ecologistas de Juriquilla, se exige a las autoridades clausurar las granjas y aplicar la ley a los empresarios.

En él, se reitera que desde que la empresa Avícola Gala S.P.R. de R.L. se estableció en las comunidades, inició actividades y se amplió, lo hizo de manera ilegal.

Esto, se advierte, toda vez que desmontaron la cobertura vegetal; violan la Norma Oficial Mexicana; no cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental evaluada, dictaminada y aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la respectiva autorización de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado.

Además, se recuerda que la vigencia del permiso que el Municipio otorgó a los inversionistas, el cual se condicionó a cumplir con todos los anteriores, ya venció y estos no presentaron las respectivas autorizaciones.

En el documento, los ambientalistas cuestionan si es un asunto de olores o de cumplimiento de la legalidad, y si existe una ley para el ciudadano común y otra para los empresarios “bien relacionados”.

“La no aplicación de la ley deja en indefensión a los indígenas de Huimilpan, y sin otros medios de defensa que la organización y la defensa social”, se asegura en el escrito, en el que se reprocha que al favorecer al empresario para proteger la inversión, se discrimine a los indígenas.

Actualmente, las partes, todas, están a la espera de que se emitan las resoluciones, tanto a la sentencia del juicio principal de la denuncia interpuesta por pobladores, como a la sentencia del incidente de violación a la suspensión.

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