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Servicios de salud: Agonía y desesperación

Los pacientes deben de realizar toda una odisea para ser atendidos, y cuando eso pasa, las consultas exprés resultan ineficientes

Por: Lourdes Durán Peñaloza

A Luis Alberto, de 17 años de edad, difícilmente se le olvidará el dolor que provoca una fractura. Hace algunas semanas, con una mano fracturada, deambuló por tres centros médicos y tuvieron que pasar más de cuatro horas, para finalmente ser atendido.

En la Unidad de Medicina Familiar número 9 de Felipe Carrillo Puerto, primer centro al que acudió, le cobraban 500 pesos por la consulta, más la radiografía, a pesar de contar con seguro por parte de su escuela y sus padres.

El pretexto: trámites administrativos; específicamente, una constancia.

“Creo que después de los 15 años tienes que presentar una constancia, cosa que yo no sabía”, detalló.

De ahí tocó el turno al Hospital General, en donde a su vez lo turnaron, por su edad, al Hospital del Niño y la Mujer.

“Como ahí todos están regados y todos en su rollo, estuvimos pregunte y pregunte dónde nos formábamos, dónde preguntábamos, cómo pasábamos a que nos atendieran (…) menores de 18 no los atienden en el General, pero en el del Niño y la Mujer me dicen que no, que de 15 para arriba no me pueden atender ahí. Me molestó mucho.”

Tras regresar al General, a la desesperación e incertidumbre se sumó la falta de un lugar para estacionarse: “no hay estacionamientos. Llegas y ahí te tienen que dejar. La gente va con una urgencia, y cómo dejas el carro ahí. Por ejemplo, en caso que me hubiera acompañado sólo mi hermano, cómo entraba yo sólo y dejaba ahí el carro, en una avenida”.

Una vez que accedieron a atenderlo, la consulta médica duró menos de cinco minutos y tuvo un costo de 300 pesos, más el medicamento.

“No sé cómo se tome, hay más gente esperando, pero en el momento yo no sabía qué tenía, y para mí era una urgencia. Tal vez no era algo de vida o muerte, pero a mí me urgía saber qué tenía”, concluyó.

Se requieren más enfermeras

El panorama no es más alentador para el resto de los usuarios de servicios médicos en hospitales públicos en la entidad y gran parte de la República Mexicana.

Mientras la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro atiende una queja al día por el trato que se brinda en los centros hospitalarios, el Colegio de Enfermeras Profesionistas del Estado de Querétaro intenta incrementar el número de enfermeras certificadas en la entidad.

De acuerdo con Isabel Rangel Aguilar, presidenta del colegio, menos del cinco por ciento del total de enfermeras que labora en alguna institución pública de Querétaro cuenta con la certificación expedida por la Dirección de Profesiones.

Desde el año 2007, el colegio ha pugnado porque todas las enfermeras que bridan sus servicios en instituciones públicas y privadas de la entidad estén certificadas, a fin de ofrecer cuidados de excelencia a los usuarios de algún servicio médico.

Rangel Aguilar aseguró que, con todo y eso, las quejas en contra del personal de enfermería son muy pocas y agregó que su principal motivación es el reconocimiento de la sociedad.

El Colegio de Enfermeras Profesionistas estima que en el estado de Querétaro laboran –en instituciones públicas como el IMSS, ISSSTE o la Secretaría de Salud– alrededor de tres mil 800 enfermeras, las cuales, según indicadores de la Comisión Permanente de Enfermería, atienden a un promedio de cinco pacientes durante su jornada laboral.

Según Rangel Aguilar, los motivos de hospitalización más frecuentes continúan siendo las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, insuficiencia renal, y accidentes automovilísticos.

Problemas de comunicación

La semana pasada, durante la firma de un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el comisionado de Arbitraje Médico en el estado de Querétaro, Norberto Plascencia Moncayo, atribuyó las quejas de los usuarios de servicios médicos a “problemas de comunicación” entre médicos y pacientes.

“No es que se hayan hecho mal las cosas medicamente, sino que no se ha logrado una comunicación adecuada entre los médicos o entre el personal de salud en general, y los pacientes y sus familiares.

“A veces hay malos entendidos, a veces no se supo exactamente qué se debía esperar de una operación o de un tratamiento, a veces no se informó de las complicaciones que pudiera haber”, explicó.

Dijo que, en muchas ocasiones, estos problemas de comunicación se deben, más que a la falta de sensibilidad por parte del personal de salud, a la falta de tiempo.

“A veces no tienen el tiempo suficiente o no tienen la facilidad administrativa para retener una comunicación directa con el paciente y con su familia.”

En lo que va del año, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro ha atendido un total de 63 quejas de usuarios o familiares de los mismos, quienes han recurrido al órgano conciliador para manifestar su inconformidad por el trato obtenido en algún centro médico.

De estas quejas, detalló Plascencia Moncayo, alrededor del 50 por ciento corresponden a servicios médicos brindados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, seguido de las instituciones de salud privadas y, en tercera instancia, la Secretaría de Salud.

Plascencia Moncayo aseguró que hasta el momento no ha habido ningún caso de negligencia demostrada y que la mayoría de estas querellas se han resuelto mediante gestiones inmediatas o bien, convenios de conciliación entre el quejoso y la instancia que le brindó el servicio.

En todo caso, la Comisión de Arbitraje Médico no tiene capacidad legal para sancionar y sólo cumple una función conciliatoria entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de dichos servicios.

En el convenio de colaboración, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión de Arbitraje Médico se comprometieron a intercambiar información, a establecer criterios comunes en aquellos casos en que se presentan quejas por la prestación de algún servicio médico y a investigar las querellas en las que se presuma la existencia de violaciones a los derechos humanos.

El documento también contempla la realización de actividades de difusión, capacitación y actualización profesional del personal de ambas instituciones.

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