Siguen sin respuesta socios de caja “30 de Agosto”
La vocera de los socios afectados aseguró que Calzada “ni nos ve ni nos oye”
Por: Mónica Rivera
A seis meses de solicitar por escrito al gobernador José Calzada Rovirosa una copia de las auditorías contables que se encuentran en poder de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y cuatro meses de hacer esta petición en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), un grupo de 160 socios de la caja popular “30 de Agosto” aún no ha obtenido una respuesta.
Los oficios tienen el sello de recibido en ambas dependencias y este medio posee fotocopias de todos.
Patricia Mastache Villalobos, vocera del grupo de 160 socios y presidenta del Consejo de Administración de la caja popular, aseguró que las auditorias contables son necesarias para aclarar dudas sobre el cierre de la misma y el dinero que no les han entregado.
Mastache Villalobos consideró que Calzada Rovirosa “ni nos ve, ni nos oye”, ya que no han obtenido respuesta de las autoridades estatales ni federales.
“Aunque el gobernador y las instituciones digan que ya se pagó el FIPAGO (Fideicomiso Pago) y que muy pronto se va a acabar con este problema, la verdad es que no es así. El problema todavía tiene muchas aristas que hay que resolver”, enfatizó la vocera de los socios.
La petición de copia de la auditoría contable de la caja fue recibida por Gobierno del Estado el 21 de agosto de 2014 y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el primero de octubre del año anterior.
El oficio, que tiene sello de recibido de la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia y está firmado por Mastache Villalobos, solicita a Calzada Rovirosa, además de la copia de la auditoría, “encomiende a dichas instituciones, me faciliten el acceso a los documentos incautados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, con el fin de hacer el cotejo de la información que la auditoría reporta”.
Después, del primero de octubre de 2014, la presidenta del Consejo de Administración de la Caja entregó una petición a Guillermo Barnés García, comisionado del Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
En la misiva, con sello de recibido de la Oficialía de Partes de la CNBV, se advierte de un acta de asamblea que tiene “irregularidades” y que fue la base para que Gobierno del Estado comenzara a entregar apoyos vía FIPAGO, motivo por el cual Patricia Mastache pide al comisionado intervenga para que “se detenga el proceso de entrega de apoyo a los ahorradores”.
La información no se les ha sido negada debido a algún estatuto de privacidad, simplemente su solicitud ha quedado sin respuesta afirmativa o negativa.
Obstáculos de las autoridades
Patricia Mastache enfatizó que los pagos de Fipago sí se han realizado pero no han sido mediante procedimientos “transparentes” y sólo se ha regresado cerca del 70% del dinero que había en la caja. Aseguró que, entre los 160 socios que se agruparon para pelear por su dinero, el monto que están reclamando asciende a los 150 millones de pesos.
Debido a que el monto de pago para la mayoría de ellos supera los 240 mil pesos –en cada uno de los casos-, Fipago pagaría sólo 168 mil pesos a los socios.
“Este problema para nosotros, ya no es sólo un problema económico sino de dignidad y derechos humanos. Porque han sido pisoteados nuestros derechos: el derecho a la legalidad, a la información y así como esos, algunos otros”, aseveró la vocera del grupo.
Aunado a esto, los socios se han visto frente a obstáculos puestos por las autoridades, además de ignorar sus solicitudes de información.
Uno de ellos fue negarles la protocolización como cooperativistas de la “Caja 30 de Agosto” por lo que tuvieron que ir a Dolores Hidalgo, Guanajuato, para que la Notaría Pública Número 6, a cargo de Gerardo González Téllez les acreditará dicha sociedad cooperativa.
Los socios, mediante la vía legal, han logrado revelar que los rumores sobre el cierre de la Caja no tienen fundamentos. La Caja 30 de Agosto tenía 40 años en funcionamiento en Santa Rosa Jáuregui.
Además, quien se encarga de vigilar el funcionamiento de las cooperativas de acuerdo al Artículo 20 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, es el gobierno federal y el gobierno estatal y municipal por lo que, sí la Cooperativa era irregular, está última versión responsabilizaría directamente a los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con cifras del gobierno estatal, sólo 4 mil, entre los 6 mil socios de la caja popular han recibido algún pago.
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