Pese a que uno de los principales compromisos de campaña fue la desaparición del programa conocido como RedQ, el proyecto, con el mismo concepto, mismo trayecto, pero diferente nombre, es aludido en el documento que se recibió como respuesta ante el amparo de un grupo de universitarios contra el alza a la tarifa.

La red de transporte «RedQ», será reemplazada solo de nombre, ya que, a pesar de los «cambios», todo el sistema operativo parece seguir siendo el mismo

Por: Ana Karina Vázquez

El 20 de enero, la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, (SEDESU), Romy Rojas Garrido, anunció que el 25 de febrero comenzaría la construcción del llamado “primer troncal para transporte público”, carril que se pretende será exclusivo para la circulación de vehículos que prestan dicho servicio.

El trayecto que comprendería la obra, estaría ubicado entre Tejeda y Bernardo Quintana, a través de Avenida Constituyentes. Pese a que uno de los principales compromisos de campaña fue la desaparición del programa conocido públicamente como RedQ, el proyecto, con el mismo concepto, mismo trayecto, pero diferente nombre, es aludido en el documento que se recibió como respuesta ante el amparo de un grupo de universitarios contra el alza a la tarifa, presentado como estudio técnico, y cuya información lo justificaría.

El proyecto en el plan de RedQ es denominado como “Corredor Constituyentes”, y se asegura que desde el 26 de junio de 2014, el Fondo Metropolitano Ciudad de Querétaro, autorizó 13.8 millones de pesos destinados a al diseño ejecutivo para la realización del proyecto.

El documento de donde se desprende dicha información fue obtenido como anexo a la copia del acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Queretano del Transporte, con fecha del 30 de julio de 2015, en el que se aprueba el aumento de hasta el 25% a la tarifa del transporte público en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro.

Ante amparo, tuvieron que entregar el estudio técnico

En el acta, aparece la firma del entonces director del Instituto Queretano del Transporte (IQT), Luis Enrique Moreno Cortés, pesar de que el 4 de febrero del año en curso, la Unidad de Información Gubernamental del Poder Ejecutivo (UIGPE), aseguró, en respuesta a la solicitud de acceso a la información pública con expediente SPF/UIGPE/AJ/253/2016, “…no obra en existencia un documento, acuerdo, estudio en el que se da cuenta o sustente incremento en tarifas firmado por el entonces director del IQT, Luis Enrique Moreno Cortés.”

El 11 de septiembre de 2015, fue presentado ante el Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Querétaro, el amparo colectivo solicitado por una comunidad de estudiantes universitarios en el que se califica dicho aumento como inconstitucional, puesto que no cumple con los requerimientos mínimos establecidos por la Ley de Movilidad para el Transporte en el Estado de Querétaro, como lo son, la presentación de un amplio estudio técnico.

‘Más que estudio técnico, parece discurso político’

El documento, bajo la denominación de “Estudio de Costos del Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de la Zona Metropolitana de Querétaro”, que supuestamente realizó el IQT, no cumple con ninguno de los puntos requeridos por el artículo 162 de la legislación.

Las cifras que propone no son más que menciones de datos sin fuentes ni citas de la obtención. No se describe ningún tipo de metodología que se siguió para obtenerlos, ni fecha en la que se realizó. Ejemplo de lo anterior, son las múltiples inconsistencias de la cifra de autobuses que circulan, las cuales oscilan entre, mil 200,  mil 148,  y mil 148, así como la ambigua aseveración sobre el número de abastecimientos de recargas del sistema electrónico de tarjetas, sobre el que únicamente se aluda a “cerca de 200”.

En lo que debiera ser el inventario de las unidades que conforman la flota del transporte público, se utilizan términos como “midibús”, “microbús” y autobús, indiscriminadamente, sin definir cuántos hay de cada tipo, su antigüedad, cuáles son las características de cada uno y si esto tiene relación con el mantenimiento que requieren. No se presentan cotizaciones ni medias de los precios, sólo un precio prácticamente de cada parte del vehículo, el mismo caso se presenta en cuanto a los costos de los servicios administrativos y al punto relativo a la longitud del recorrido por ruta. Según César Tarello Leal “ningún dato está sustentado, parece discurso político y no técnico”.

Respecto al punto que debiera ser el diagnóstico del servicio que incluya oferta, demanda y su relación, la única frase dedicada en las 26 páginas se sitúa en la primera, en la que se asegura, sin fuentes ni datos estadísticos, que el transporte colectivo “atiende al 45% de los viajes/ motorizados con sólo 1,200 autobuses”.

Para el abogado César Tarello Leal, de entre todas las irregularidades en el proceso que llevó al aumento de la tarifa, los dos puntos más preocupantes son: la ausencia del estudio socioeconómico que evalúe el impacto que esto tendría para los usuarios, y la inexistencia del estudio, tanto técnico como socioeconómico que la ley les demandaba a los concesionarios para solicitar el aumento a la tarifa. En este sentido, uno de los argumentos citados en el amparo promovido, se refiere al porcentaje del aumento a los ingresos de la población queretana, el cual es superado en más de 20% por el aumento a la tarifa del transporte.

El hecho de que se haya considerado, y aprobado el aumento a la tarifa sin los requerimientos legales debidos implica, según Tarello Leal, un acto de inconstitucionalidad.

Según el abogado y también académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, el estudio debió haberse hecho antes del aumento de la tarifa, sin embargo, las autoridades nunca lo hicieron público sino hasta que, a través del amparo de la comunidad de estudiantes universitarios, fue obtenido a principios de diciembre de 2015. Esto, según Tarello, da pie a sospechar que lo que aluden como estudio técnico no existía cuando se aprobó el alza a la tarifa.

120 millones gastados en el sistema de prepago

En el mismo documento, se reconoce a la empresa  NRTEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.A DE C.V como la prestadora de los servicios del sistema de prepago, software,  cámaras en unidades, geolocalización, así como también, de ser la responsable de la contratación y pago a los operadores de las unidades de transporte público. Es decir, NRTEC es la empresa ganadora de la licitación en 2012. La inversión para destinada entonces fue de cerca de 120 millones de pesos.

El 9 de febrero, el actual director del IQT, Alejandro Delgado Oscoy, anunció que a fines de mes se anunciaría la nueva licitación para el nuevo software, el cual, según el funcionario, costaría 150 millones de pesos, más lo que implique indemnizar a NRTEC, dependiendo del contrato generado en 2012 entre dicha empresa y el gobierno del estado, quien le concesionó el servicio.

De llevarse a cabo las afirmaciones hechas por Delgado Oscoy, la administración encabezada por Domínguez Servién estaría actuando con la misma lógica con la que se llevó a cabo el programa de RedQ, sumándole no más que gasto de recursos públicos, con el agravante si es que no se toma ninguna decisión respecto a los estudios, inexistentes, incompletos e inconstitucionales que llevaron a determinar la actual tarifa.

“Va a morir RedQ, eso es retórico, porqueRedQ no existe, es el nombre de una campaña. No nos han explicado qué significa que va a morir RedQ, ¿El nombre? ¿O van a quitar a NERTEC, o van a quitar a la UTUQ? Si morir RedQ significa una transformación profunda entonces ¿por qué siguen con los mismos troncales, cambiándoles de nombre?”, sentenció Tarello.

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