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Sin tolerancia a la corrupción, el mandato de AMLO: Santiago Nieto

A partir del primero de diciembre revisarán todos los asuntos que se encuentren en la Unidad de Investigación Financiera para determinar lo que conforme a derecho corresponde: “Debe haber justicia, no venganza”, enfatizó Santiago Nieto Castillo, extitular de la FEPADE.

Para Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), no habrá una cacería de brujas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dado que no necesita legitimarse: “Tiene más del 50 por ciento de la votación; desde 1982 no teníamos un presidente con esos niveles de votación y además es el primero que ha sido emanado ya después de la transición democrática”, sostuvo.

Ejemplificó con el caso de Joaquín Hernández Galicia —“La Quina”, otrora líder del Sindicato de Trabajadores de Petroleros de la República Mexicana (STPRM) —, arrestado tras el triunfo de Carlos Salinas de Gortari; lo mismo con Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que fue absuelta recientemente de los delitos de malversación de fondos y lavado de dinero de los que la acusó el actual Gobierno Federal.

Estos dos casos emblemáticos se dieron, en palabras de Nieto Castillo, porque “ambos necesitaban legitimarse frente a procesos electorales que habían sido particularmente cuestionados”. Por lo anterior, López Obrador “no necesita tener un acto espectacular en contra de alguien”, señaló. No obstante, remarcó que el mandato que le planteó fue claro, ahora que lo perfiló como el próximo titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Debe haber justicia, no venganza; la justicia implica en cualquiera de sus acepciones, el cumplimiento del Estado de derecho”, sentenció.

En ese sentido, el egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) aseguró que a partir del primero de diciembre revisarán todos los asuntos que se encuentren en la UIF para determinar lo que conforme a derecho corresponde y —según corresponda— presentar las denuncias a Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de la Función Pública (SFP) o pasar la información a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en caso de tratarse de crimen organizado.

Asimismo prometió que, en el tema de la “estafa maestra” —que evidenció la triangulación y desvío de recursos federales mediante empresas fantasmas y universidades públicas, así como otros temas que se encuentren en el foco público—, “no se va a permitir la impunidad y lo que haremos es aplicar la ley frente a cada caso que se esté presentando”.

Lo anterior, agregó, con la finalidad de “generar confianza en la ciudadanía” a través del ejercicio de sus facultades como funcionario y “llevando ante las autoridades a las personas que han sido responsables, en el caso específico de la UIF, de lavado de dinero por cualquier medio”.

A favor de una Fiscalía autónoma

Algunas de las razones por las que se ha criticado el actuar de la administración en curso es porque, además de la impunidad, el dinero desviado en casos de corrupción rara vez es recuperado y porque las instituciones de procuración de justicia se utilizan con fines políticos. En ese sentido, Nieto Castillo consideró prioritaria la creación de una Fiscalía General de la República “que sea autónoma y que por lo tanto no te genere actos de persecución a actores políticos como lo hemos visto con la PGR”.

Por lo anterior, celebró la iniciativa presentada en el Senado de la República por la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, junto a los senadores Julio Menchaca y Ricardo Monreal. Además, aseguró que esta iniciativa “fue construida de forma conjunta entre integrantes de la academia, del grupo de transición, del Instituto de Investigaciones Jurídicas [de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y] organismos de la sociedad civil como Fiscalía Que Sirva y Vamos Por Más”.

Rediseño institucional

Además, Nieto consideró que se necesita mejorar el diseño institucional y propuso tres acciones que podrían garantizar condenas y recuperación de recursos; la primera consistente en una reforma legislativa para “establecerle una obligación a la Fiscalía para que no archive sus asuntos”.

Como segunda opción, propuso una reforma constitucional para generar un modelo que permita el ejercicio de acciones penales a otro tipo de entes públicos, para que así la UIF o la Auditoría Superior de la Federación “pudieran ejercer la acción penal para efecto de que los jueces se pronuncien directamente sin pasar por los de la Fiscalía”.

Finalmente, Nieto Castillo consideró la tercera opción como la más viable. Consistiría en la firma de “convenios de colaboración” entre instituciones que generaría mesas de trabajo conjunto “que permita darle seguimiento a los asuntos y que se presenten las denuncias para efecto del combate a la corrupción”.

Odebrecht, caso de corrupción más importante de AL

Santiago Nieto Castillo saltó al foco público nacional tras su destitución como titular de la FEPADE a finales de 2017. En aquel entonces, el litigante investigaba delitos electorales relacionados con el que, calificó como “la investigación del caso de corrupción más importante de América Latina”: sobornos relacionados con la firma constructora brasileña Odebrecht.

En ese sentido, Santiago Nieto Castillo aseguró que desde la UIF “se revisará qué existe al respecto, si hubiera algo o se presentara una denuncia, por supuesto que vamos a desarrollar la investigación que corresponde”, aseguró. Sin embargo, recordó que la investigación ya es caso cerrado: “Tengo conocimiento, me consta, que la investigación ya está concluida y se podría ejercer la acción penal, [sin embargo] la PGR decidió no hacerlo”.

Además, recuperó la declaración de Raúl Cervantes, extitular de la PGR, que al renunciar en 2017 aseguró ante el Senado de la República que la investigación del caso estaba concluida y la calificó como “uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto” y que funcionó bajo un “complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales”.

Por todo el continente han caído o se investigan funcionarios implicados en los sobornos y fraudes inmobiliarios por parte de la constructora sudamericana en 10 países, a excepción de dos: Venezuela y México. Documentos obtenidos por el diario ‘O Globo’ señalan al extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por haber recibido 10 millones de dólares como soborno desde 2012, cuando era parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, Nieto Castillo no pudo finalizar la investigación, ya que fue separado de su cargo. Aseguró haber recibido presiones por parte de Lozoya para declararlo inocente, por lo que filtró información del caso; días después fue destituido.

Aunque la PGR aseguró estar en constante comunicación para indagar más, The Associated Press publicó un documento el 10 de octubre —enviado por el Ministerio Público de Brasil— donde se asegura que esta se ha negado a firmar un acuerdo de intercambio de información que establece como regla el no poder usar esa información contra los colaboradores de la empresa.

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