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“Sospechosa” aprobación de Ley de Participación Ciudadana en ocho días

Por Miguel Tierrafría

Sin la inclusión de figura de revocación de mandato y con un periodo de ocho días entre la iniciativa de ley (12 de marzo) y su presentación en el pleno de la LVI Legislatura –20 de marzo–, “no deja de ser un poquito sospechoso” la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, con el voto a favor de 24 diputados, consideró Guillermo Castellanos Guzmán, presidente de Ciudadanos por la Democracia.

En entrevista, Castellanos Guzmán dejó entrever una posible “negociación de por medio” entre los diputados para sacar adelante el contenido de esta nueva ley, puesto que desde 2009 había otra que estaba pendiente de ser ratificada por el Poder Ejecutivo (Tribuna de Querétaro, octubre de 2010).

“No se le dio muchas luces y de repente salió la aprobación sin que estuviéramos tan enterados. Nosotros todavía estábamos peleando de que se descongelara la que ya estaba aprobada y de repente sacan una nueva iniciativa ampliada y se aprueba, no deja de ser un poquito sospechoso”, afirmó Castellanos Guzmán, al referirse a la sorpresa que les causó la aprobación de esta ley.

“La experiencia que tenemos en muchas otras leyes es que cuando se aprueba una ley así tan rápido y tan relativamente fácil, cuando lo veníamos peleando desde tanto tiempo y tanto tiempo estuvo congelada, es que debe haber una negociación de por medio”, insistió.

Sin embargo, señaló que entre las ‘bondades’ del contenido de la ley aprobada, está el hecho de que contempla las figuras ya planteadas en la ley anterior como la de plebiscito, el referéndum, iniciativa ciudadana, así como la de obra pública con participación ciudadana.

Aunque según el artículo 2, la ley “tiene por objeto establecer, regular, fomentar y promover los instrumentos que permitan la organización y funcionamiento de la participación ciudadana, en el ámbito de competencia del Estado y de los ayuntamientos”, los filtros que se requieren para generar los instrumentos de participación están limitados por el tres por ciento del padrón electoral para que los ciudadanos, organizaciones sociales y demás sujetos hagan válida una consulta.

También se pide la intervención por parte del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ), como órgano que se establece como la autoridad competente para la procedencia o improcedencia del plebiscito.

No obstante, las autoridades gubernamentales (Gobierno del Estado, ayuntamientos y la Legislatura) poseen menos dificultades para la solicitud de estos instrumentos.

El tres por ciento “se me hace un porcentaje altísimo para que el ciudadano pueda (participar), como que casi nos están diciendo ‘ya lo tienes pero va a ser muy difícil que lo apliques’.

“Cuando yo quiera decir ‘este asunto me gustaría que se fuera a plebiscito’, no va a ser fácil de conseguir las firmas del tres por ciento del padrón, ¿cuánto es lo que piden para que se mantenga un partido en unas elecciones? Es casi lo mismo, como si fuéramos un partido político”, planteó Guillermo Castellanos.

“Los consejeros del IEQ van a responder a intereses partidistas, no ciudadanos”

Con respecto a las atribuciones que se le otorgan al IEQ, que sería el órgano que daría cauce y analizaría las peticiones de plebiscito y referéndum, el presidente de Ciudadanos por la Democracia manifestó que “si el IEQ estuviera bien elegido no me preocuparía tanto, el problema es que recordemos que los consejeros fueron electos en una forma totalmente violatoria de la Constitución.

“Entonces son cuates de partidos, son gente que los partidos metieron a la fuerza”, advirtió.

Ante este panorama, Guillermo Castellanos precisó que este órgano “no tiene la legitimidad para cumplir con esas funciones, o sea, ellos son los que van a declarar si es causa, así se menciona, no sólo es conseguir el tres por ciento que ya es difícil, sino además es que cómo vamos a poner una serie de argumentaciones de por qué consideramos que cierta ley o cierta política pública es importante que se someta a consideración de la población.

“Ellos (consejeros electorales) son los que van a juzgar, no pues estos cuates dicen que esto es muy importante para el desarrollo de la población y la vida en el estado, pero en realidad ‘nosotros no consideramos que sea tan importante, así que no se aprueba’”.

“Fundamental evitar prostitución de consejos ciudadanos”

Dentro de los instrumentos de participación ciudadana que se establecieron en la ley, la figura de revocación de mandato no aparece en sus contenidos.

Guillermo Castellanos consideró esto como una de las principales limitantes de esta ley, en la que si bien “es un avance en donde al menos se definen ya los mecanismos del referéndum, del plebiscito, de la iniciativa, obviamente no se incluye nada de la revocación de mandato, pero insisto, así en una primera lectura pues sentimos que es un avance”.

Castellanos Guzmán hizo énfasis en que una de las limitaciones que presenta la ley es la falta de vinculación de las agrupaciones ciudadanas en materias como transporte, salud, educación, entre otros.

“No hay una vinculación, debió habérsele dado mas fuerza a esas comisiones de participación ciudadana en materia cultural, de transporte, en varios campos donde de hecho han venido trabajando y que muchas veces son un tanto impuestas por el propio gobierno y pierden su operatividad porque no son independientes.

“Esta ley debió fortalecer esos espacios, pero haciéndolos verdaderamente ciudadanos”, expresó.

Si bien se han logrado establecer órganos que ‘favorecen’ los intereses de la ciudadanía, tales como el IEQ, “esos consejos ciudadanos, como siempre en la política, se proponen y luego los prostituyen, o sea se crea un comité ciudadano y luego la autoridad es la que pone al presidente del comité y es el que dirige todo y se vuelven un poco aplaudidores (sic) de políticas públicas en lugar de verdaderos grupos ciudadanos”, alertó.

El activista y articulista del blog Diálogo Queretano recordó que se requiere de la participación activa de la ciudadanía para que esos comités ciudadanos contribuyan a los intereses y las políticas públicas de los mismos, ya que “la experiencia que tengo aquí es que de por sí la población es muy apática, no tiene mucho interés en participar”.

Además, si a esto se le añade que “te das cuenta que el que lo está manejando (al comité ciudadano) es una gente impuesta por el gobierno y que quiere cuidar todo y que no haya críticas, ése ya no es un comité ciudadano”.

Por último, Castellanos Guzmán señaló que si la representatividad de los gobernantes y legisladores fuera tal y como establece la ley, que respete la voluntad de los ciudadanos y no a los grupos de poder, la necesidad de leyes que rijan la participación ciudadana sería nula.

“Se está pidiendo la participación ciudadana, porque está fallando el problema de representatividad, tenemos una democracia representativa en donde en teoría los diputados deberían representar un cierto porcentaje de la población.

“Si realmente funcionaran como la ley lo prevé o como está especificado, no sería tan importante esta participación ciudadana porque de hecho los diputados deberían, al ser nuestros representantes, ir a los foros, no con su opinión sino con la de sus representados”, concluyó.

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