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Testigo de caso Anaya participa en nuevo parque industrial SJR

Autoridades impulsan un parque industrial en San Juan del Río en el que está involucrado David Alberto Aarón Galindo González, quien ha testificado ante la PGR sobre la supuesta triangulación de recursos orquestada por el empresario Manuel Barreiro.

San Juan del Río, Qro.- De acuerdo a lo publicado en la gaceta municipal del 17 de febrero del 2017 del Municipio de San Juan del Río, ese ayuntamiento aprobó el cambio de uso de Protección Agrícola de Temporal (PAT) a industria pesada en un predio con una superficie de 500 mil metros cuadrados ubicado en la comunidad de Santa Cruz Escandón, exejido de El Mirador, espacio donde se desarrollará el tercer parque industrial del municipio en favor de diferentes accionistas, entre los que se encuentran Tesorem, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) administrada por David Alberto Aarón Galindo González.

La Procuraduría General de la República (PGR) pidió la presencia de Galindo en calidad de testigo protegido, junto con su socio Daniel Rodríguez Velazco en la Operación Manhattan, en la que estaría vinculado el candidato a la Presidencia de la República de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortes.

El fideicomiso

De acuerdo a declaraciones hechas públicamente por el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, la intención es crear ahí un parque industrial con una extensión de 200 hectáreas, aunque aún se deben desahogar diversos procedimientos.

En la gaceta municipal se explica que el cambio de uso de suelo fue para el predio con superficie de 500 mil metros cuadrados, ubicado en camino a Santa Cruz Escandón S/N, exejido El Mirador de San Juan del Río, identificado como “Polígono 01” con escritura No. 51,767 de fecha 30 de septiembre del 2016, con inscripción en el Registro Público de La Propiedad y del Comercio (RPPC) de Querétaro, bajo el folio inmobiliario no. 145861/001 de fecha 29 de noviembre del 2016; propiedad del fideicomiso “2302B6294” en la que intervienen como fideicomitente y fideicomisario en primer lugar Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V.; fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, Constructora Novaris, S.A. de C.V. y fiduciaria Tesorem, S.A. de C.V., que a la vez es una Sofom y Entidad no Regulada (ENR).

Progreso justificó la decisión

Previamente, mediante oficio CUS/008/S/16 de fecha 12 de septiembre del 2016, se autorizó la subdivisión del predio antes descrito. Así surgieron las fracciones denominadas; “polígono 1”, con superficie de 500 mil metros cuadrados, así como “polígono 2”, con superficie de 495 mil 337.585 metros cuadrados.

El cambio de uso de suelo fue solicitado por David Alberto Aarón Galindo González, Administrador General Único de la empresa Tesorem, fiduciaria del fideicomiso 2302B6294.

De acuerdo al análisis hecho, se verificó que aprobar este cambio de uso de suelo no generaría un impacto negativo para la zona y sus colindantes, sino al contrario, resultaría en un beneficio directo para la población en general, si se tomaba en consideración el progreso, la creación de predios con vocación industrial y de fuentes de empleos formales.

Para esta aprobación también se consultó el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Juan del Río (2005–2025) y ahí se establecía que dicho predio se encuentra ubicado en zona de Protección Agrícola de Temporal.

Mientras en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Juan del Río, ubica el predio en zona con aptitud territorial “alta” para uso “habitacional”, sin riesgos o vulnerabilidad detectada y dentro de las reserva de crecimiento a mediano plazo.

Testigo protegido

El abogado David Alberto Aarón Galindo González es señalado como uno de los autores financieros de la triangulación de recursos que habrían beneficiado a Manuel Barreiro y a la familia política de Ricardo Anaya.

Habrían contratado sus servicios para evitar estar relacionado con la figura política mencionada, por lo que requería de sus servicios, con la finalidad de perdieran el rastro del dinero, mediante una estructura financiera y corporativa, que habrían de diseñar.

La acusación señala que durante ocho meses se gestó una operación financiera para comprar una nave industrial propiedad de la familia política del panista oriundo de Querétaro.

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