Trabas institucionales bloquean el acceso a CERESO para la búsqueda de desaparecidos
El colectivo Desaparecidos Querétaro realiza del 24 al 28 de agosto jornadas de búsqueda humanitaria y toma de muestras genéticas, mientras denuncia que la Fiscalía General del Estado tarda hasta 72 horas en abrir investigaciones.
A 20 años de la desaparición de Juan González, el colectivo Desaparecidos Querétaro realiza la Jornada de Búsqueda Humanitaria del 24 al 28 de agosto en un escenario de bloqueo institucional. En entrevista, la coordinadora Yadira González Hernández denunció que las autoridades impiden el acceso de las familias a los Centros de Reinserción Social (CERESOs). Esta restricción frena la localización en vida a través de entrevistas con personas privadas de la libertad y vulnera la Ley General en Materia de Desaparición Forzada ante la omisión del Congreso local para armonizar la legislación estatal.
La activista expuso también que la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) demora hasta 72 horas el inicio de las investigaciones en casos de hombres y omite notificar a la Comisión Local de Búsqueda para activar la localización inmediata. A este entramado burocrático se suma el conflicto de interés de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas al depender de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Querétaro.
Por otro lado, a la par de las labores de búsqueda, Desaparecidos Querétaro en colaboración con el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) realizarán jornadas de toma de muestras genéticas del 24 al 28 de agosto en Querétaro y San Juan del Río. A su vez, el colectivo tiene contemplada una rodada ciclista el 29 de agosto desde Plaza del Estudiante y un festival de resistencia en Plaza Fundadores el 30 de agosto con conversatorios, obras de teatro y mercado comunitario.
Restricciones en penales y vacíos de ley
Aunque la Fiscalía General de la República emite los oficios de colaboración necesarios para la revisión de los centros penitenciarios, las autoridades locales mantienen cerradas las puertas de los penales. Para los colectivos, este acceso resulta crucial para entablar un diálogo directo con la población penitenciaria que permita cruzar fotografías, ubicar a personas que han sido encarceladas sin redes de contacto e incluso obtener información estratégica sobre posibles paraderos de fosas en campo.
«Querétaro es uno de los estados, si no es que el único estado ahorita, en el que los CERESOs no nos han dado entrada a las familias para buscarles […] La intención es hablar con los PPL, con los internos, en dos vías: primero saber si ahí están las personas desaparecidas, porque los hemos encontrado internos -incluso migrantes que no tienen forma de contactar a sus familias-, y la otra es que nos puedan dar información de dónde ir a buscarlos», explicó Yadira González.
Al no estar homologada la ley en Querétaro, el derecho victimal se vulnera. Yadira advierte que este vacío normativo desmantela la búsqueda en vida y deja a las familias sin respaldo: «La búsqueda de Juan nos ha llevado a entender una política pública insuficiente para la desaparición forzada en el estado […] Querétaro está siendo omiso desde hace muchísimos años en no homologar las leyes que dotan de estos derechos victimales a las familias».
Trabas burocráticas y desconexión institucional
El protocolo de búsqueda inmediata tropieza desde el momento en que las familias intentan denunciar. A pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas obliga a las autoridades a activar los reportes de manera automática ante cualquier aviso, la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) incurre en demoras al condicionar la apertura de carpetas en casos de hombres. De igual forma, existe una falla de comunicación donde la FGE asume la investigación del delito, pero no le turna los reportes a la Comisión Local de Búsqueda, lo que frena las acciones de rastreo en campo durante las primeras horas cruciales de la desaparición.
«Si es un hombre el que está desaparecido, la fiscalía se espera 72 horas para buscarlo, incluso para abrirle la carpeta de investigación, con lo que conlleva a una omisión del Estado […] La fiscalía tiene la obligación de investigar la desaparición, pero no de buscar. Pero si la fiscalía no le reporta a la comisión de búsqueda, entonces no se hacen búsquedas inmediatas».
Esta falta de articulación entre la fiscalía y la comisión se agrava por el diseño institucional de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Al estar subordinada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este organismo genera un conflicto de interés directo al poner a la misma corporación policial a calificar y reparar posibles violaciones a los derechos humanos.
«La Comisión de Atención a Víctimas está dentro de las arcas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana […] Si existe una violación a derechos humanos por parte de un policía del estado, quienes van a reparar van a ser los mismos policías. No pueden ser violentadores y reparadores al mismo tiempo».
Jornadas de identificación y memoria
A la par de los rastreos, el colectivo activará una agenda enfocada en la toma de muestras genéticas y la visibilización pública. Las jornadas de muestreo, coordinadas con el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), se llevarán a cabo sin requerir denuncia previa ni trámite penal, lo que facilita el registro de perfiles para familias que no han denunciado por temor u opacidad institucional.
«Son jornadas de toma de muestras genéticas totalmente gratuitas, no necesitan tener una denuncia […] El Centro Nacional de Identificación Humana viene a Querétaro a tomar estas muestras para alimentar la base de datos nacional y cruzar información con cuerpos no identificados en todo el país».
Las muestras se tomarán de 9:00 a 17:00 horas en dos sedes:
Querétaro (24, 25 y 27 de agosto): Comisión Local de Búsqueda de Personas (Calle Benito Juárez Norte 50, Centro Histórico).
San Juan del Río (26 y 28 de agosto): Instituto Tecnológico de San Juan del Río (Av. Tecnológico 2, Quintas de Guadalupe).
