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Tribunal resolverá hasta 2019 a jubilados del STSPE

Más de 180 jubilados ingresaron una demanda colectiva el 9 de septiembre de 2016. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje espera que exista una sentencia a más tardar en febrero de 2019.

Que regrese su prestación de servicio médico al modelo anterior, es la exigencia de un grupo de jubilados y pensionados del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (STSPE), mismos que la semana pasada se manifestaron para exigir a las autoridades, particularmente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), una solución lo más pronto posible.

Con el modelo que les fue modificado a mediados de 2016, y que gozaban desde el año 1986, los jubilados ingresaban las facturas de sus tratamientos y gastos médicos con la parte patronal y posteriormente el Gobierno del Estado les retribuía el dinero en efectivo.

Durante una protesta ocurrida el lunes pasado frente al TCA, los manifestantes indicaron que el gobierno encabezado por Francisco Domínguez Servién optó por darles servicios médicos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero sólo a un determinado grupo; además, este seguro facultativo no les cubre gastos médicos mayores, aseguraron.

“Con esto, ellos cumplen con el precepto legal, pero nosotros argumentamos que tenemos la prestación de gastos médicos que es mucho más favorable para nosotros”, indicó José Rojas Casillas, delegado de pensionados y jubilados del STSPE.

Aunque más de 180 personas ingresaron una demanda colectiva el 9 de septiembre de 2016, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje les dio audiencia para presentar pruebas apenas en el pasado mes de febrero. Según el presidente de este organismo, Ignacio Aguilar Ramírez, por la carga de trabajo, se espera exista una sentencia a más tardar en febrero de 2019.

Vacíos legales complicarán discusión

El convenio laboral fue firmado por el STSPE y el Gobierno del Estado el 6 de enero de 1986. La cláusula octava, que defienden los quejosos, dice: “Se acuerda pagar asistencia médica a los trabajadores que se encuentren jubilados con el fin de que puedan disfrutar de la misma”.

Según Ignacio Aguilar Ramírez, magistrado presidente del TCA, se estudiará el caso puesto que el pagar los servicios médicos particulares a los jubilados era una “práctica que hacían” y especificó que la obligación del Ejecutivo es la de dar seguridad social a los trabajadores. “No establece la legislación la forma como debe darse la misma, anteriormente se hacía de manera privada”, indicó.

Según la información que compartió Aguilar Ramírez, los jubilados y pensionados consideran el cambio de régimen como una violación a un derecho que ya habían generado. Agregó que existen cuatro expedientes con cerca de 12 trabajadores cada uno, cerca de 40; sin embargo, la información compartida por el delegado sindical contempla a poco más de 180 personas afectadas.

El magistrado presidente insistió en que deben analizarse las pruebas para analizar la procedencia de la petición y así saber si era un derecho adquirido por los trabajadores. En próximas semanas, el Gobierno del Estado y el STSPE, desahogarán las pruebas en una sesión.

Morir en la lucha

El lento proceso genera preocupación entre los burócratas retirados, puesto que al menos seis de ellos murieron en la espera y lucha de recuperar su prestación de gastos médicos. Por lo anterior, el delegado de los jubilados y pensionados del sindicato, José Rojas Casillas, instó a la autoridad a dar una solución pronto a quienes se ven afectados. “Nos estamos muriendo, llevamos dos años y nos dan un año más. Ponen de pretexto que tienen retraso en las demandas. Que vean prioridades, estamos hablando de la salud y vida de los compañeros”, aseveró.

También acusó el abandono de su dirigente sindical, Rafael Roa Guerrero, aunque se atrevió a asegurar que éste y el Gobierno del Estado están coludidos pues, desde su perspectiva, en los hechos han obrado como si así fuera.

Finalmente, exigió a Roa que entregue al tribunal algunas facturas que posee, mismas que los trabajadores le confiaron con anterioridad: “Decía que se las lleváramos mientras Gobierno del Estado no las recibiera”. Agregó que el sindicato tampoco quiere intervenir dado que la demanda también está contra el mismo.

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