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Vecinos de Rancho Bellavista a la deriva por planta tratadora de aguas

Por Eduardo Martínez / Carlo Aguilar

Pese a que desde el año 2010 los vecinos del fraccionamiento Rancho Bellavista han denunciado los malos olores y los riesgos para la salud que provoca la planta tratadora de aguas negras de San Pedro Mártir, que instaló la Comisión Estatal de Aguas (CEA), ni esta comisión, ni la Secretaría de Salud, ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) han resuelto la situación.

 

Tribuna de Querétaro posee copias de los oficios y documentos que tres habitantes de este fraccionamiento (ubicado en el norponiente de la ciudad) han turnado a las dependencias señaladas –excepto la Profepa–, así como las respuestas que han recibido de cada una de ellas.

 

Los vecinos han realizado movilizaciones y han presentado denuncias ante la CEA y la CEDH, sin obtener respuesta a la problemática.

La planta tratadora, instalada dos años después de la construcción del fraccionamiento en 2008, desprende ácido sulfhídrico y genera problemas respiratorios, además de nauseas e irritación ocular.

Asimismo, genera la aparición de mosquitos, moscas y ratas dentro del fraccionamiento.

El 18 de mayo de 2011, Jorge Luis Olivares Castrejón, vecino del fraccionamiento, remitió a la CEDH un documento firmado por 44 vecinos, en donde se detallaban las molestias generadas por el funcionamiento de la planta. El oficio fue dirigido al entonces titular de la comisión, “Lic. Adolfo Ortega Osorio”, y fue recibido el 23 de mayo de 2011.

Olivares Castrejón destacó entre las molestias, el olor a “huevo podrido”, la concentración de ácido sulfhídrico y el ruido emitido por los procesos de separación de lodos. Tribuna de Querétaro tiene copia de este documento.

La CEDH investigó la denuncia (a través de la Visitaduría Adjunta Auxiliar, a cargo de Laura Alcocer Fernández) y le dio el número de expediente CEDH/1296/2011/SA.

En el oficio que la CEA emitió como respuesta (número VE/2344/2011), del cual este medio posee una copia y el cual viene firmado por el vocal ejecutivo de la dependencia, Sergio Loustaunau Velarde, se asegura haber eliminado la generación de olor, así como cualquier foco de riesgo para la salud de los habitantes de Rancho Bellavista.

El oficio fue enviado por la CEA el 21 de junio de 2011 y tiene el sello de ‘recibido’ por la CEDH el 23 de junio.

Dos semanas después, el 6 de julio, en el oficio número VA/1871/2011 (del cual este medio también posee una copia), la Comisión Estatal de Derechos Humanos notificó al ciudadano de la respuesta emitida por el organismo encabezado por Sergio Loustaunau.

En respuesta al oficio emitido por la CEA, que manifestaba “contradicciones” respecto a lo denunciado por los vecinos de Rancho Bellavista, la CEDH envió a Jorge Luis Olivares un formato para que detallara las contradicciones en las que incurría la autoridad.

Olivares Castrejón mencionó la persistencia del olor “nauseabundo” y de los mosquitos como principal evidencia de que Loustaunau Velarde no decía ‘la verdad’ en el documento emitido en junio de 2011.

De la misma forma, argumentó que el ruido provocado por la separación de lodos continuaba y además, no dejaba dormir a los habitantes del fraccionamiento.

Detalló que en un informe preventivo de impacto ambiental que se desarrolló cinco años antes de la construcción de la planta, se menciona que la desinfección del agua tratada se realizaría con gas cloro, en contradicción con lo afirmado por Loustaunau, quien en el oficio de junio de 2011, aseguraba que esta desinfección se hacía con “rayos ultravioleta”.

En noviembre de 2011 la CEDH dio por concluida la investigación

Debido a la insistencia del ciudadano, la comisión elaboró otro informe del seguimiento al caso.

En el oficio número VA/3090/2011, firmado por la visitadora general, Mónica Gabriela González Casillas (con fecha del 9 de noviembre de 2011), se indica que “por instrucciones del presidente de la comisión (…) me permito informarle que el expediente en cuestión fue concluido por haberse Resuelto Durante el Trámite (negritas del documento original). En consecuencia, el mismo se remitirá al archivo de esta institución”.

Para ello, expone el seguimiento que se le dio al expediente CEDH/1296/2011/SA.

En la página 2, donde se manifiesta la visita que hizo personal de la comisión para corroborar “las condiciones insalubres denunciadas por el quejoso”, la CEDH dice que aunque se percataron “de que alrededor del desarrollo se encuentran zonas de descarga de aguas negras provenientes del fraccionamiento, además de dos canales por los que también transitan aguas negras, obras pendientes de concluir”, no se percibieron “los olores nauseabundos”.

Posteriormente, explica que se acudió con personal “responsable de la operatividad y funcionamiento” de la planta tratadora, comprobando, a decir de la comisión, que la desinfección del agua se lleva a cabo con “rayos ultravioleta” y que no existen materiales “peligrosos” ni tampoco contaminación por ruido.

Respecto a los olores en el lugar, la comisión señaló que éstos sí se detectaron pero que provienen “del alcantarillado”.

Ya en 2012, Jorge Luis Olivares Castrejón turnó una carta a la visitadora general de la CEDH, en donde le solicita que “de acuerdo a las facultades que le otorga la ley” a la comisión y con base en los resolutivos anteriores emitidos por la CEA y la propia CEDH, esta última denuncie al Consorcio de Ingeniería Integral S.A. de C.V. (constructora encargada del fraccionamiento) ante distintas dependencias estatales y federales.

Esto por un posible delito ecológico debido a la descarga de aguas negras “en lugares inadecuados”, hecho que la propia CEDH reconoció y que el ciudadano pide para denunciar “ante las Secretarías de Salud federal y estatal, ya que los olores nauseabundos en diversas horas del día representan un grave riesgo de salud pública (…)”.

Hasta el cierre de esta edición (viernes 20 de abril), aún no había respuesta a la carta.

 

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