Violan derechos de indígena del Segundo Barrio de Dolores

El pasado domingo se cumplieron tres meses de la detención de Marcelo Clemente Alberto quien, de acuerdo con sus vecinos, tiene dificultades para comprender el español

Por: David Eduardo Martínez Pérez

Marcelo Clemente Alberto, indígena otomí con dificultades para hablar español que vive en el Segundo Barrio de Dolores –municipio de El Marqués-, fue detenido el 26 de enero -al salir de una reunión oficial- y desde entonces está preso en San José el Alto, acusado presuntamente de despojar de un terreno a un particular; perjuicio por el que las autoridades piden el pago de seis millones de pesos por concepto de “reparación de daños”.

Ante esta situación, vecinos del Segundo Barrio de Dolores denunciaron las irregularidades que ha habido en el proceso jurídico, entre las que destacaron la falta de un intérprete para Clemente Alberto. Además, advirtieron que su detención forma parte de un grupo de intimidaciones que han vivido desde más de 15 años por parte de las autoridades estatales.

El 26 de enero, al salir de una reunión en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Técnico, Agropecuario, Industrial y Urbano (SEDATU), Marcelo Clemente Alberto, indígena otomí que vive en el Segundo Barrio de Dolores en el municipio de El Marqués, fue detenido.

Junto con él, se detuvo también a Óscar Moreno Ortiz. A ambos se les acusó de haber despojado y dañado un terreno que supuestamente es propiedad de dos personas de apellido Vallarino.

Dos días después, luego de haber pagado una fianza por más de sesenta mil pesos, Oscar Moreno Ortiz salió en libertad. La situación, sin embargo, no fue así para Clemente Alberto, quien tiene dificultades para entender y hablar el español. Además de los sesenta mil pesos de fianza, para dejarlo salir en libertad le piden otros seis millones de pesos por concepto de “reparación de daños”.

Desde entonces, Marcelo Clemente ha permanecido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San José el Alto, con limitaciones para recibir visitas, comunicarse con otras personas y sin tener una idea de cuál es su situación jurídica en este momento.

Intereses de DRT en el Segundo Barrio

Además de que existen irregularidades en la forma en que se ha conducido el caso de Marcelo Clemente Alberto, los vecinos del Segundo Barrio de Dolores denunciaron que su detención forma parte de un grupo de intimidaciones que han vivido desde más de 15 años por parte de las autoridades estatales.

Esta presunta intimidación inició cuando un deslinde de tierras llevado a cabo por la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, dictaminó que los pobladores podían tomar posesión de las 179 hectáreas sobre las cuales se ubica el Segundo Barrio de Dolores.

Entre los beneficiados por el deslinde de tierras, que se realizó en 1998 gracias a la gestión realizada por el poblador Manuel Moreno Martínez, se encontró Marcelo Clemente Alberto, quien emigró a El Marqués hace más de diez años procedente del municipio de Amealco de Bonfil.

Sin embargo, en palabras de Jorge González, quien también es habitante del Segundo Barrio de Dolores, desde entonces se ha presentado una tensión constante entre las autoridades y quienes residen en el Segundo Barrio.

“Todos estos problemas ya tienen tiempo ocurriendo dentro del Segundo Barrio. En 2006, por ejemplo, vinieron personas de la inmobiliaria DRT y colocaron una cerca dentro de los territorios que por el deslinde se había acordado que pertenecían a los habitantes del Segundo Barrio de Dolores”.

Jorge González explicó que la cerca fue retirada en 2008, pero que se han producido conflictos durante todo ese tiempo.

Señaló que Manuel Martínez Moreno estuvo detenido varias veces y que de hecho, la última lo sacaron del Cereso porque estaba enfermo en fase terminal.

En este sentido, advirtió que hay un interés “muy fuerte” por parte del gobierno para intimidar a los vecinos del Segundo Barrio de Dolores y evitar que desarrollen acciones de organización colectiva.

“El gobierno lo que quiere evitar es que la gente de aquí del Segundo Barrio tenga representantes y se organice. Lo que ellos buscan es especular, junto con inmobiliarias como DRT, con toda la tierra que hay de aquí hasta donde está el nuevo aeropuerto”.

Tanto Jorge González como otros vecinos del Segundo Barrio de Dolores, enfatizaron que la detención de Marcelo Clemente obedece a una estrategia de intimidación por parte de las autoridades.

Como prueba de este hecho, aseguraron que la vez que fueron detenidos tanto Marcelo como Oscar Moreno Ortiz, se habían reunido varios vecinos en la SEDATU para obtener la documentación que acredita el deslinde realizado en 1998.

“Habíamos ido a la SEDATU para obtener la documentación del deslinde. Ahí, una señorita a la que decíamos ‘la licenciada’, comenzó a tomarnos fotos, supuestamente para tener una lista de asistentes a la reunión, y después se salió que porque según tenía mucha tos y ya no regresó, pero a la salida detuvieron a Oscar y a Marcelo.”

Detención de Clemente ‘no es un hecho aislado’

Además de las circunstancias “extrañas” en las que se produjo la detención de Oscar Moreno y de Marcelo Clemente, los vecinos del Segundo Barrio de Dolores aseguraron que el terreno por el cual los están demandando, no sólo se encuentra en perfectas condiciones y totalmente virgen, sino que hasta las dueñas del mismo reconocieron en declaraciones oficiales que ni conocen al señor Marcelo Clemente, ni señalan la presencia de daño dentro de su propiedad.

“Las afectadas, que son Ana Laura y Myriam Vallarino, declararon que su patrimonio no había sido afectado y que además desconocían por completo a Marcelo. A mí eso hace que me parezca raro el que lo acusen de haber ocupado un terreno cuando las mismas Vallarino dicen que ni lo conocen y que además no hay afectación a su patrimonio”, señaló Jorge González.

En este sentido, los habitantes del segundo barrio sostuvieron que, incluso, podrían probar mediante documentación que el terreno que supuestamente es de las Vallarino, en realidad está catalogado como “propiedad federal”, lo cual sumaría una más a la lista de irregularidades denunciadas por los vecinos.

A estos hechos hay que añadir el que no se proporcionó ningún intérprete a Marcelo Clemente y que además no le han dado la suficiente ayuda jurídica como para resolver su presente situación.

“La familia no puede pagar abogados, ni tampoco puede hacer nada porque no tienen dinero. Nosotros ya pedimos el apoyo a la Defensoría de los Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y nos dijeron que nos podían apoyar pero solamente con la fianza, de los seis millones por daños no nos pueden dar nada”.

Por otra parte, González intentó en todo momento dejar en claro que lo que sucede no es un hecho aislado y que corresponde a una dinámica de intimidación que han venido sufriendo los habitantes del Segundo Barrio desde hace ya mucho tiempo atrás.

También recordó que la supuesta especulación con su territorio que busca hacerse desde el gobierno estatal es un problema que viene incluso de administraciones pasadas y que en tiempos de Francisco Garrido Patrón, los pobladores incluso padecieron del derribo de varias casas por orden de Gobierno del Estado.

De igual manera, enfatizó que desde gobierno se han creado “grupos de choque” dentro de la comunidad y que la gente que mantiene alguna relación con Gobierno del Estado, recibe instrucciones “de más arriba” para entablar demandas contra los vecinos que se muestren inconformes y que insistan en comprobar que las 179 hectáreas del Segundo Barrio de Dolores son exclusivamente para uso de la comunidad.

Finalmente, mencionó que lo que ahora buscan con el caso de Marcelo Clemente Alberto, es gestionar la posibilidad de que pueda llevar su proceso fuera del penal y que de esta manera pueda mantener a su familia. Además de que cesen las intimidaciones y se reconozca por fin a los habitantes del Segundo Barrio el derecho a vivir en paz dentro de su terreno.

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