Violencia institucional contra desaparecidos y sus familias

Integrantes de T’ek’ei denunciaron las irregularidades que las autoridades cometen en los procesos de denuncia y búsqueda de las víctimas

David Eduardo Martínez Pérez

En la problemática de desapariciones que ocurren en el estado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) llega a “borrar fichas de personas”, además de que la actitud de su titular, Arsenio Durán Becerra, es “evasiva” y no quiere admitir que el aumento de las desapariciones tiene relación con el crimen organizado, consideraron integrantes del grupo T’ek’ei, colectivo interdisciplinar que brinda ayuda a familiares de personas desaparecidas.

“En la Procuraduría borran fichas de personas. Hay un caso de un joven, que se llama Bryan y desapareció el año pasado, cuya ficha ya no existe. Quitan fichas de personas que desaparecieron en 2013 o a principios de este año y la verdad es que dejan mucho qué pensar.

“También hay fichas sin edad, o fichas sin nombre, sin características físicas o hasta sin especificar el municipio en el que ocurrió la desaparición. A la gente la informan mal en el Ministerio Público, les piden datos incompletos”, denunció Julio César Borja Cruz, integrante del grupo que participará en la marcha por las desapariciones, la tarde de este lunes 10 de noviembre.

Por su parte Aleida Quintana Ordaz, también integrante de la organización, manifestó que es “antiético” que el procurador descarte que el crimen organizado no está detrás de las desapariciones, al mismo tiempo que no se actúa para resolver la problemática.

“Hacer ese tipo de declaraciones constituye una actitud evasiva y además es antiético. No podemos decir que el culpable de las desapariciones no es el crimen organizado para luego sentarnos y no hacer nada”, advirtió Aleida Quintana Ordaz, integrante de dicha organización.

En este sentido, Quintana Ortiz también señaló que si Durán Becerra se niega a vincular al crimen organizado con las desapariciones, entonces debe aclarar por qué motivo no han sido localizadas las personas que hasta hoy se encuentran desaparecidas.

También puntualizó que las autoridades hacen caso omiso cuando se trata de dar seguimiento a las denuncias presentadas por familiares y que no existe un protocolo claro de búsqueda dentro del estado.

“Urgen protocolos de búsqueda efectivos. Digo, existe la Alerta AMBER, pero no se sigue en muchos de los casos. Hay familias a las que les han dicho que es un trámite difícil y luego las mandan directamente a su casa, ignorando el riesgo inminente que corren las personas desaparecidas”.

Entre las familias que han sufrido lo anterior, Quintana Ordaz incluyó a la de Gustavo Zamudio, quien desapareció el viernes 3 de octubre, ante lo cual la PGJ no ha emitido la Alerta AMBER (Tribuna de Querétaro, 726).

Del mismo modo, la antropóloga y activista manifestó que casos como el de Gustavo Zamudio, en el cual además no se atendían las exigencias de la madre del menor, ponen en evidencia una sistemática culpabilización de las víctimas de las desapariciones.

Denuncian “violencia institucional”

Respecto a la omisión de la LVII Legislatura para llamar a comparecer a Arsenio Durán (Tribuna de Querétaro 727), pese a lo que piden los familiares de desaparecidos, los activistas señalaron que hay omisiones “muy graves” por parte de distintos órdenes de gobierno.

“Esta omisión de la Legislatura es un ejemplo muy claro de violencia institucional, pero no es lo único; en otros órdenes de gobierno hay intimidación y amedrentamiento contra familiares de los desaparecidos. Sabemos incluso de municipios donde los alcaldes piden que se retiren las lonas en las que los familiares solicitan la búsqueda de sus seres queridos”.

“Las familias buscan a sus parientes por sí solas y luego tienen que pagar las consecuencias. A Brenda Rangel (cuyo hermano, un comerciante queretano, desapareció en Coahuila desde 2009) le inventaron que tenía armas y así le han hecho con otros familiares de desaparecidos”.

Otro obstáculo en la búsqueda de desaparecidos que los activistas denunciaron es el desorden que existe en las actas y los archivos que se utilizan para dar seguimiento a los casos de desaparición.

Julio César Borja Cruz advirtió que existen fichas de desaparecidos que ni siquiera cuentan con una descripción clara de los hechos. Del mismo modo, mencionó que incluso hay varias personas sin relación entre sí que en sus fichas tienen el mismo número de expediente.

“Una madre nos describió que en la ficha de su hija decía que traía un pantalón y una blusa de determinada manera, cuando ella nunca había especificado qué ropa traía su hija al desaparecer. Hay fichas de menores clasificadas como si fueran adultas, porque tenían un bebé y desaparecieron junto con él. Entonces, al bebé lo meten con los menores y a ellas, chicas de quince, dieciséis años, las clasifican como adultas por eso.

“Eso es violencia institucional y la verdad no pensamos que sean errores en absoluto. Es como cuando en 2012 ponían justificaciones en las fichas de las mujeres desaparecidas señalándolas como rebeldes, desobedientes, etcétera”.

Los activistas también advirtieron que esta violencia institucional prevalece en la Procuraduría y el Ministerio Público, sobre todo cuando a los padres de familia con hijos desaparecidos se les pregunta si sus hijos tomaban, salían mucho o se drogaban.

Incluso mencionan que han tenido noticia de casos en los que se les pide a las madres que lloran que mejor salgan de la oficina y regresen para declarar una vez que hayan suspendido el llanto.

Marcha de lunes 10 será un “contrapeso” ante labor desinformativa

Aleida Quintana y Julio César Borja aseguraron que buena parte de la responsabilidad de que se hayan incrementado las desapariciones radica en el discurso que señala a Querétaro como un lugar seguro en el que no pasa absolutamente nada.

Indicaron que las autoridades no sólo omiten que ‘no estamos en una isla’ y que nos encontramos sujetos a las dinámicas violentas en estados aledaños, sino que además ejercen una peligrosa labor desinformativa que finalmente se traduce en jóvenes que asumen conductas de riesgo pensando que ‘aquí no pasa nada’.

Consideraron que la manifestación convocada para el lunes 10 de noviembre por parte de familiares de los desaparecidos puede significar un contrapeso a esta labor desinformativa ejercida desde Gobierno del Estado.

“Agentes del estado y tomadores de decisiones hacen todo lo posible por desinformar, por eso la manifestación busca visibilizar e informar. Los desaparecidos son nuestros parientes y es importante que los familiares participen para que estas violencias no estén presentes y se desarrollen búsquedas efectivas” señaló Borja Cruz.

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