Derecho a la ciudad y movilidad del cuidado: una agenda para la sostenibilidad de la vida
Las costumbres, valores y tradiciones vinculadas a la organización social quedan impresas en la configuración, diseño y morfología de la ciudad. El espacio construido es parte de la dinámica de comunicación y en eso reside su gran característica: “la capacidad de transmitir en formas simbólicas y pautas humanas, una porción representativa de la cultura” (Mumford,1989, pág. 70). ¿Qué valores nos transmiten nuestras ciudades? ¿Qué jerarquías quedan visibles en su estructura y diseño? ¿Quiénes se quedan sin tiempo? ¿Quiénes se quedan sin espacio? ¿Quiénes tienen derecho a la ciudad y quiénes no?
Las mujeres destinamos el 74.8 por ciento de las horas destinadas a los cuidados, el 50 por ciento de nuestros trayectos tienen que ver con la movilidad del cuidado. Se trata de una categoría que comprende los viajes realizados por personas adultas para atender las tareas de cuidado de personas dependientes como infancias, personas mayores, personas con alguna discapacidad o enfermedad, al igual que la resolución de labores domésticas y mantenimiento del hogar. Los cuidados aportan el 26.3 por ciento del PIB, sin embargo, las encuestas de Origen-Destino realizadas por INEGI, se concentran únicamente en los viajes considerados como “productivos” de estudio y trabajo, es decir, que no sabemos cómo se mueven ni qué necesidades tiene el 50 por ciento de la población. Al quedar al margen de los estudios y las mediciones, la movilidad del cuidado se invisibiliza y se desvincula de la toma de acciones, los marcos normativos y políticas públicas.
Para construir ciudades más justas, es necesario generar condiciones que permitan tanto la redistribución como el reconocimiento. En el ámbito urbano, esto se traduce en políticas que no solo provean servicios, sino que también revaloricen el cuidado como actividad central para el sostenimiento de la vida en común. Esta revalorización exige una transformación cultural: que permita comprender los cuidados como una responsabilidad compartida, que debe materializarse y asumirse de manera transversal en el ámbito social, cultural, institucional, económico y espacial. Ello implica que el diseño urbano, la planeación territorial y la asignación presupuestal integren el cuidado como principio rector. No basta con reconocer su valor económico o social; es necesario que el cuidado se traduzca en infraestructura, servicios y normativas que faciliten su ejercicio en condiciones de dignidad.
Una ciudad que coloque los cuidados en el centro debe garantizar tiempo, espacio y seguridad para quienes cuidan y para quienes requieren cuidados. Esto supone reorganizar prioridades: desplazar el énfasis de la eficiencia productiva hacia la sostenibilidad de la vida, redistribuir los costos del cuidado entre Estado, mercado, instituciones y comunidad, promover entornos accesibles y adecuados a las necesidades de una diversidad de personas.
Asumir el cuidado como responsabilidad colectiva transforma la concepción misma de ciudadanía: no se trata solo de circular, consumir y producir, sino de habitar la ciudad en comunidad, sostener vínculos y posibilitar la reproducción de la vida. Integrar el cuidado en la morfología urbana es una forma de justicia redistributiva y simbólica, porque reconoce el derecho de todas las personas a habitar y existir en el espacio público sin que su experiencia esté marcada por la marginación y precariedad.
En última instancia, apostar por ciudades cuidadoras es apostar por una sociedad más justa: una que no excluya a quienes se mueven despacio, a quienes necesitan cuidados, que no castigue el tiempo dedicado a sostener la vida y que convierta el cuidado en un acto colectivo de corresponsabilidad social.
