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El derecho a contar con ciudadanos formados

Es asombroso que jóvenes queretanos no puedan acceder a la educación media o superior y que haya “ahorros”, es decir, sobrantes, subejercicios presupuestales. Eso es lo que se reporta en las cuentas públicas.

Quizá la razón más inmediata para evidenciar la necesidad de destinar recursos suficientes para la educación pública —en todos sus niveles— es la del derecho de los jóvenes a estudiar y participar de la vida universitaria y sus beneficios, independientemente de sus posibilidades económicas.

Es cierto. Una de las tareas más desagradables de los que participamos en la administración de la Universidad es recibir a los que realmente desean estudiar y no encuentran cupo. Peor aún cuando resulta evidente que el aspirante reúne todo lo que la experiencia nos dice que requerirá para hacer una carrera exitosa. Uno les sugiere que esperen a la siguiente promoción, consciente de que un año es mucho tiempo a los 18.

A veces, cuando los padres acompañan a sus hijos, con la esperanza de que haya una alternativa, delante de un extraño (el funcionario universitario) los riñen o se preguntan: “¿Y qué voy a hacer con este o esta todo un año? No quiero que se me descarrile”.

Otro punto de vista es el del derecho que tenemos los ciudadanos a que el Estado financie la formación de los cuadros profesionales del futuro. En efecto, el contar con profesionistas bien capacitados y con conciudadanos críticos, conscientes y participativos —como se forman en las universidades públicas—, no conviene solo a ellos o a sus familias; sino a todos. Por tanto, la mayoría de nosotros, si nos detenemos a reflexionar, estaremos de acuerdo en que la bolsa común que se integra con los recursos fiscales tenga ese destino prioritario.

Algo análogo sucede con la salud. Estar saludable me conviene a mí y a mi familia. Pero si, por ejemplo, no me vacuno o dejo vivir cepas de patógenos por no completar un esquema antibiótico, perjudico a todos los demás. Y, seguramente por ello, casi nadie cuestiona que el destino prioritario de aplicación de los recursos públicos son la educación y la salud. Es decir, debieran serlo. Mucho más que carreteras de uso libre para los automovilistas, aunque también se requieran.

Pero lo peor —o lo mejor, tal vez— es que en Querétaro habría suficiencia para una y otra cosa. Es asombroso que jóvenes queretanos no puedan acceder a la educación media o superior y que haya “ahorros”, es decir, sobrantes, subejercicios presupuestales. Eso es lo que se reporta en las cuentas públicas. Son documentales públicas y, por tanto, cualquiera las puede consultar.

Y, ¿por qué la UAQ? Ojo: nadie en la UAQ dice “solo la UAQ”. Todo el sistema de educación pública debe —y podría— tener financiamiento suficiente.

La UAQ es la mayor, la más plural y versátil y la que en proporción recibe el menor subsidio. Ofrece más programas educativos de licenciatura y posgrado; tiene más laboratorios; más investigadores e investigaciones en curso; publica más libros y artículos científicos y de divulgación; tiene orquestas, grupos de danza y de teatro; clínicas de salud que dan servicios gratuitos o a bajo precio y medios de comunicación que tienen la misión de estar al servicio de todos. ¡Hasta las oficinas de gobierno requieren con frecuencia las instalaciones universitarias, particularmente cuando quieren ahorrarse alguna erogación! Las ciudades del estado, empezando por la capital, están llenas de estudiantes y profesionistas bien entrenados, la mayoría de ellos exalumnos de la UAQ. Y, repito, es la universidad que en proporción, recibe el menor subsidio estatal.

Y me parece que ha sido víctima de dos posturas abiertamente mentecatas: una es la opción que desde hace años adoptó el Gobierno Federal de limitar fuertemente el sistema de educación superior pública y que, al parecer, la “Cuarta Transformación” no va a transformar. Acaso se escapen a ello las tres universidades que tienen una gran población estudiantil en la Ciudad de México. La otra es que en Querétaro se replique esa postura de forma aún más aguda y pichicata. Y, peor aún cuando se suman a ello las secuelas de una rencilla personal y caprichosa. No nos lo merecemos. Y ciertamente, desquitamos la inversión, financiera, social y políticamente.

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