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El embate de la ultraderecha contra las infancias y juventudes

La semana pasada Nuevo León estuvo en el centro del debate por una iniciativa presentada por el diputado del Partido Encuentro Social Juan Carlos Leal, quien se describe a sí mismo como de derecha, creyente de Dios, Patria y Familia y a favor de los valores de la familia tradicional mexicana.

El objetivo de dicha iniciativa es que los padres y madres de familia decidan sobre la educación que reciben sus hijos e hijas en los planteles escolares, lo que está siendo denominado como «PIN parental». Sin embargo, esta iniciativa tiene una especial dedicatoria, ya que su principal objetivo no es la educación en general, sino la educación sexual en particular.

En México, las embestidas contra la educación sexual por parte de líderes de grupos evangélicos, católicos y ultra-conservadores no son nuevas, en realidad son de larga data, pero más recientemente se reconfiguraron en el año 2016, después de que el Presidente Peña Nieto anunciara una serie de reformas a favor de la igualdad y la no discriminación hacia la comunidad LGTB+.

Bajo este argumento, en distintos estados se organizaron marchas para oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo, al reconocimiento de la identidad de género, y a la educación sexual. Marcharon bajo el lema “Con mis hijos no te metas”, y contra lo que denominaron la “ideología de género”.

Posterior a ello en el 2017 llegó a las calles de España el autobús transfóbico, más conocido como el autobús naranja de la organización española de extrema derecha, de corte ultracatólico y ultraconservador ‘HazteOír’; organización que fue fundada con el propósito de incidir en asuntos de familia y educación desde un punto de vista católico y conservador. Este autobús también circuló por las calles de Argentina, Chile, Colombia, y por supuesto también llegó a México, avalado y acompañado por el Consejo Mexicano de la Familia.

A inicios de este 2020 se volvió a reactivar lo que hoy parece ser una cruzada nacional contra los derechos de las infancias y juventudes, a través del impulso del “Pin Parental”, que no son más que  reformas que buscan “blindar” la posibilidad que niños, niñas y adolescentes puedan recibir una educación sexual laica y con contenidos que estén basados en el avance científico y tecnológico.

En el mes de enero, en los congresos de Nuevo León, Chihuahua y Querétaro diputados reconocidos como ultraderechistas presentaron la iniciativa del “Pin Parental”. En Nuevo León a finales del mes de mayo se llevó a cabo la sesión para dictaminar las reformas a la Constitución para que sean los padres y madres de familia quienes tengan derecho preferente a ejercer la educación de sus hijos e hijas. Sin embargo, la polémica reforma no obtuvo los 28 votos a favor que necesitaba, por lo que fue rechazada.

La misma Secretaría de Gobernación (Segob), en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), tuvieron un posicionamiento contra el “Pin parental”, pues afirman que esta medida vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes.

No obstante, Aguascalientes no corrió con la misma suerte, ya que el lunes 25 de mayo fueron publicadas en el Periódico Oficial una serie de reformas realizadas a la Ley de Educación del estado, que se contraponen al interés superior de las infancias y adolescencias, ya que se les está negando su participación en actividades escolares si estas van contrarias a las ideologías familiares. Una iniciativa aprobada y discutida en lo oscurito.

En el estado de Chihuahua la iniciativa aún no se discute.

En el caso de Querétaro, ya se había mencionado que a finales de enero la diputada Elsa Méndez presentó una reforma a la Ley de Educación para insertarle el “Pin Parental”. Sin embargo, el 1 de junio anunció la presentación de una iniciativa de ley que reforma y adiciona a la Constitución Política del Estado el Artículo 4°, proponiendo que “Los padres tendrán el derecho preferente a elegir el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Pero no se deje engañar, aunque estas acciones a simple vista parezcan inocentes, en realidad están lejos de buscar un real beneficio para las infancias y las adolescencias, ya que lo que buscan es posicionar temas controversiales, en este caso la educación sexual, a través de manipulaciones y artimañas políticas con el principal objetivo de crear una base social, y así ganar terreno político y poder económico.

No es casualidad que estas propuestas surjan justo en año electoral, en el cual se renovará la Cámara de Diputados, habrá elecciones concurrentes en 15 estados para elección de Gubernaturas, además de diputaciones locales y ayuntamientos. Eso sin contar las elecciones de Coahuila e Hidalgo, las cuales fueron aplazadas debido a la pandemia. Así que en realidad, estos grupos están en la búsqueda de poder a partir del reacomodo político que pueda generarse posterior al proceso electoral,  a través del impulso de una agenda ultra-conservadora.

Y es que estos grupos extremistas promotores del llamado “Pin Parental”, desde el ámbito jurídico tienen una batalla pérdida, ya que en México existen suficientes instrumentos nacionales e internacionales que protegen a las niñas, niños y adolescentes. Pero entonces, ¿por qué se empeñan en promoverlo?, porque son temas que aglutinan a ciertos sectores de la población, lo cual en algún momento se les redituará en votos, y por tanto, en cargos públicos. La educación sexual no es lo que les importa, solo es un vehículo para cumplir sus fines, por lo que las infancias y adolescencias se convierten en un mero botín político.

Esta es la razón por la cual grupos de extrema derecha se han empeñado en posicionar un discurso sobre el sexo y el género que en realidad no existe, y al cual le han llamado “ideología de género”. En últimas fechas, sobre todo han sido los grupos evangélicos quienes han ganado terreno, poniendo a temblar a las endebles democracias latinoamericanas, lo cual nos sirve para comprender que estos políticos no están actuando solos, que no lo hacen inocentemente o porque tengan intereses genuinos, sino que son parte de movimientos mucho más amplios en la búsqueda de poder.

Lo vimos con el apoyo que estos grupos le dieron al impeachment con el que condenaron a Dilma Rousseff en Brasil, ofreciéndole un gran impulso al gobierno de Jair Bolsonaro, quien utilizando ideologías religiosas desde inicios de su gobierno afirmó que parte de sus compromisos y metas era “combatir la ideología de género”, por lo que una de sus primeras acciones fue anular la estructura que garantizaba el cumplimiento de los derechos de las personas LGBT+, modificando el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. Dicho ministerio además se le otorgó a Damares Alves, pastora evangélica férrea opositora del aborto legal y de la educación sexual, a la que llama “adoctrinación ideológica”. Además no hay que olvidar que Brasil es el país que más asesinatos de odio por homolesbobitransfobia tiene en el continente Americano.

Por su parte, en Colombia en el año 2016 se crearon manuales de convivencia dirigidos a personal docente para fomentar el respeto a la orientación sexual y a la identidad de género, esto como respuesta a una orden que dio la Corte Constitucional después de que Sergio Urrego, un joven de 16 años se suicidara por el acoso escolar y familiar que estaba viviendo por ser homosexual. Esta situación fue el pretexto perfecto para que los grupos de ultraderecha manipularan la información, afirmando que era una conspiración del movimiento LGBT+ para “convertirlos” o “imponerles el homosexualismo”.

A la par se estaban llevando a cabo los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, en donde se incluía el enfoque de género de manera transversal, con el cual se reconocía que las mujeres y la comunidad LGBT+ habían sido víctimas del conflicto armado de manera diferenciada. Sin embargo, se escurrió de manera malintencionada el discurso de la mal llamada “ideología de género”, factor determinante para que ganara el “NO” en los Acuerdos de Paz que ponían fin a medio siglo de guerra civil. Así de grave resultó la manipulación de estos grupos.

En México no nos quedamos atrás, ya que tenemos a los cadáveres que dejó el Partido Encuentro Social, el cual estaba conformado por grupos evangélicos, quienes después de perder su registro en 2019 están buscando la manera de reacomodarse, de ahí que el impulso al “Pin Parental” les caiga como anillo al dedo.

Los discursos vertidos sobre el “Pin Parental” son falsos, nadie les está quitando a los padres y madres de familia el derecho de educar a sus hijos e hijas, es mentira que le tengan que “entregar sus hijos al Estado”, de hecho el primer proyecto de educación sexual en México se gestó desde 1934 en tiempos del Gral. Calles, pero fue hasta 1974 que se estructuró de manera formal en el currículo educativo, siendo nuestro país pionero en América Latina en introducir los temas de educación sexual a nivel primaria, por lo que desde hace 46 años la educación integral en sexualidades se implementa en las aulas de este país.

No se dejen engañar, con teorías conspiracionistas que buscan promover el miedo y la desinformación, ofreciendo un falso control y protección de niños, niñas y adolescentes. Más bien preocupémonos por brindar una educación basada en la autonomía y en el ejercicio de la ciudadanía. Una educación que promueva el bienestar, que enseñe a pensar, a discernir, a decidir, que ayude a evitar el abuso sexual infantil. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación plural en valores democráticos, y el Estado al tener la rectoría de la educación le corresponde velar por ella.

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