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El presupuesto federal y la molestia ciudadana

Hace unas semanas, en un marco de crisis institucional planteada por un partido político que tradicionalmente se ha autodefinido como respetuoso de las instituciones y las leyes, poniendo trabas para nombrar mesa directiva de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo federal envió, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que se conoce como “Paquete Económico 2018” que contiene, entre otros rubros el Proyecto de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2018. Para salvar ese escollo se tuvo que negociar en lo oscurito y darle la vuelta a un transitorio de la Constitución.

El paquete económico contiene más deuda para el país -que pagará el pueblo- más financiamiento a los partidos políticos que, en conjunto con el INE, estarían recibiendo, de aprobarse la propuesta, más de 25 mil millones de pesos, pero si la cifra no impacta por sí sola, el porcentaje de incremento con respecto a lo que recibieron durante el presente año será de más del 65 por ciento, así, mientras que el gasto total del gobierno crecerá poco más del 7 por ciento, para educación, la propuesta sólo contempla un 2.9 por ciento; para salud, apenas el 0.09 por ciento de incremento, además de una nueva reducción en ciencia y tecnología. El problema es que estos porcentajes van acompañados por un incremento de recursos para el pago de la deuda de más del 40 por ciento de lo que se dedicó en el 2017.

Apenas se había entregado el paquete económico y la naturaleza nos jugó una mala pasada con un sismo que afectó fundamentalmente a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca; no nos reponíamos de ese susto y nuevamente, la naturaleza, en conjunción con la historia, nos manda un nuevo sismo el 19 de septiembre de 2017 que impactó severamente a la Ciudad de México y a los estados de Morelos y Puebla, pero nuevamente, causa estragos en Oaxaca y le pega al Estado de México.

Como resultado del primer sismo, la ciudadanía reacciona, apoya a las víctimas, rescata a los atrapados y manda víveres y medicamentos a los puntos afectados, sin embargo, nos enteramos por las redes sociales que el gobernador Murat, de Oaxaca, así como su secretario de Salud, impiden la entrega directa del apoyo a los damnificados; que en Chiapas el gobernador Velasco ordena que toda la ayuda sea por medio de él o no llegará.

No obstante, con el segundo terremoto, nuevamente se puso a prueba la solidaridad de los mexicanos, que de inmediato saltaron a las calles en un orden que nadie impuso pero que se dio de manera natural: los brazos se multiplicaron y el pueblo, aunque empobrecido, brindó lo que podía y tenía a su alcance para asistir a víctimas y socorristas. Así pudimos ver a gente de diferentes edades y condición física, preparando comidas, haciendo cadenas, empuñando las manos en señal de silencio cuando había algún sobreviviente, sin que ninguna “autoridad” se pronunciara sobre qué hacer durante los momentos más críticos. Y otra vez, aparecen en las redes sociales, gritos desesperados de la gente del estado de Morelos, esta vez, acusando a Graco Ramírez y a la presidenta del DIF estatal, de acaparar víveres y recursos en sus bodegas. Sin embargo, la ciudadanía se impuso y lograron rescatar todo de las bodegas.

Con ello, quedó evidenciado que los gobernantes de todos los niveles, desde el municipal hasta el federal, carecen de TODA AUTORIDAD MORAL para encauzar los apoyos y dirigir los rescates; vimos; por desgracia, cómo en la Ciudad de México a unas horas del terremoto y delante de la policía y del Ejército, bandas de maleantes se dedicaron a asaltar comercios y ciudadanos de a pie en pleno desastre, el reporte fue: no hubo detenidos.

Ante la incertidumbre de qué hacer para resolver tanto desastre el rumor va creciendo, las redes sociales se saturan, que se quiten los recursos a los partidos políticos y se destine a la reconstrucción y al apoyo a los damnificados: Los medios tradicionales, unos callan y otros apenas se atreven a ir entrevistando a algunos funcionarios y llega hasta el propio presidente Peña, quien no atina a apoyar la iniciativa ciudadana y le da la vuelta a la pregunta. (Noticiero de José Cárdenas en UNO-TV); por su parte el presidente del INE menciona que de quitarles el presupuesto a los partidos se les orillaría a recibir financiamiento ilegal (Excelsior 28 de septiembre, página 1), se le olvida que él es autoridad y que hay leyes, además de la fracción II del artículo 41 constitucional para acotarlos y sancionarlos, pero eso es muy difícil, ya sabemos que el INE no puede inspeccionar a fondo y menos sancionar, tenemos muchos casos de ejemplo en los cuales los partidos han violado la ley, desde diferentes flancos, y no reciben la sanción correspondiente.

Hubo senadores y diputados que declararon que, si los partidos donaran sus recursos para la reconstrucción o para la atención de mexicanos en desgracia, sería desvío de recursos. ¡De repente la clase política del país se volvió estricta con el cumplimiento de la ley!

El malestar social sigue creciendo y ahora los partidos, que ya iniciaron campañas están en subasta pública para ver “QUIÉN DA MÁS”; para demostrar que son mexicanos y comprenden el dolor social. Más bien, ya sienten la “lumbre en los aparejos” y quieren remojarse para ver cuál se salva. El clamor social es muy claro, los recursos que reciben los partidos son del pueblo y éste no quiere dárselo a esos partidos que han demostrado ser unos pillos. Vale la pena recordarles a todos, lo que dice el artículo 39 de nuestra Carta Magna “…Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Que no olviden el presidente, los gobernadores, diputados, senadores y demás servidores públicos que ellos son mandatarios, es decir, los ejecutores del mandato, nada más, el poder es del pueblo, que no se lo apropien.

El pueblo recibe migajas y los políticos se llevan el pastel presupuestal completo, y si no bastaron las cifras que se mencionaron con anterioridad, les informo que para la partida presupuestal de “Desarrollo Social” el Ejecutivo está proponiendo que tenga un incremento fabuloso del 1.24 por ciento cantidad irrisoria, comparada con la que recibirá el INE y los partidos políticos, cuyo incremento es superior al 65 por ciento; o el incremento propuesto para los diputados y senadores que es del orden del 8 por ciento.

La clase política se sigue despachando con la cuchara grande, se olvida de lo que menciona ese bello artículo 39, para canalizar los mayores recursos a atender a la mitad de los mexicanos que están en condiciones de pobreza o pobreza extrema, entre ellos, muchos jóvenes en edad de estudiar y que no tienen acceso a la educación pública. Es indignante que la clase política y los partidos políticos, sigan despojando de ese derecho a millones de mexicanos que viven en pobreza y pobreza extrema.

II

Ante todo ese contexto y para tratar de centrar tanto a los líderes de los partidos políticos, al presidente del INE y a los legisladores, elaboré una propuesta que en estos momentos se encuentra en circulación por medio de la plataforma www.change.org, para recabar firmas, dicha propuesta recoge el malestar social y consiste fundamentalmente en eliminar la fracción II del artículo 41 constitucional y se sugieren vías y tiempos para la canalización de los recursos. Enseguida, transcribo textualmente la propuesta:

MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO RECIBAN MÁS PRESUPUESTO.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados

El dinero que reciben los partidos políticos debe ser canalizado a la reconstrucción de México y a impulsar su desarrollo.

SEÑORES DIPUTADOS: Con base en el derecho de petición que nos confiere el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos la DEROGACIÓN URGENTE DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 41, de nuestra Constitución, para que ese presupuesto sea destinado, totalmente, a la reconstrucción de nuestro país. Esta decisión es exclusiva de ustedes, no basta con que los partidos políticos hagan propuestas sobre cuánto destinará cada uno a la reconstrucción, es urgente y necesario eliminar toda la fracción II del Artículo 41, para que, después, se revise y proponga una nueva fórmula de asignación del presupuesto a derechos como salud, educación, vivienda, desarrollo de los pueblos indígenas y combate a la pobreza, consignados en nuestra Carta Magna.

Se requiere la eliminación INMEDIATA, de esa fracción, porque, de otra forma, pasada la emergencia, los partidos políticos seguirán recibiendo, permanentemente, los recursos que se necesitan en áreas que sí son prioritarias para el bienestar y desarrollo de México, como educación, salud, vivienda, desarrollo de los pueblos indígenas y combate a la pobreza. Insistimos, no basta con la “buena voluntad” de los partidos políticos, sus propuestas no van más allá de 2017-2018. No es justo que mientras el presupuesto global para todas las actividades públicas crezca poco más del 7 por ciento; para educación pública el crecimiento propuesto para el 2018 es de 2.9 por ciento, o para salud de solamente un 0.09 por ciento; desarrollo social, apenas el 1.24 por ciento; mientras que para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos su crecimiento propuesto sea de más del 65 por ciento para el 2018, es decir que el INE y los partidos políticos están frenando el desarrollo y crecimiento del país. Aceptar las medidas propuestas por los partidos políticos, sólo es una solución de muy corto plazo, ¿Y después, van a seguir recibiendo onerosas cantidades del dinero del pueblo? La única instancia para eliminar esa fracción II, del Artículo 41, es el poder legislativo, por lo que, solicitamos:

Se modifique el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eliminando la Fracción II; se modifique la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como todas las leyes aplicables a la materia y se proponga a los congresos de cada uno de los estados de la Federación, realicen lo propio.

Una vez hecho lo anterior, la reasignación presupuestal del 2017, deberá distribuirse para la reconstrucción del país; con lo contemplado en el Proyecto de Presupuesto 2018, para los partidos políticos, se destine también para la reconstrucción de todas las áreas afectadas, es decir, que los, alrededor de $7, 000 000 000.00 (SIETE MIL MILLONES DE PESOS) SEAN EXCLUSIVAMENTE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE MÉXICO.

A partir de 2019, la asignación presupuestal se revise y aplique de manera equitativa a todos los derechos consignados en nuestra Carta Magna: salud, educación, vivienda, desarrollo de los pueblos indígenas y combate a la pobreza.

Ciudadano mexicano: no necesitas de los partidos políticos, si éstos quieren promocionarse, que lo hagan con los recursos que sus afiliados están obligados a aportar. Los ciudadanos mexicanos que no pertenecemos a ningún partido político, somos los directamente afectados, con el inequitativo y desproporcionado dinero que reciben los partidos políticos. Se requiere de tu firma para que los legisladores federales deroguen toda la Fracción II del Artículo 41.

Hasta aquí la propuesta.

Invito a los lectores y a la sociedad en general a que se sumen a esta propuesta, la cual la pueden encontrar en la plataforma www.change.org o directamente en http://chn.ge/2yF9dEy.

Para los amantes del Facebook me encuentran por mi nombre, ahí está la propuesta, que desde luego invito a que la compartan.

Si bien no hay una fecha para que sea presentada en la Cámara de Diputados es preciso nos demos la mayor prisa para que surta los efectos deseados.

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