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Estadio Corregidora: En complicidad con Jalisco, Querétaro castigó y torturó a inocentes

Es la tarde del 5 de marzo de 2022. Una madre veía por televisión el encuentro entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Zorros del Club Atlas, sabiendo que su hijo aficionado se encontraba en el estadio Corregidora en ese momento.

Llegó el fatídico minuto 63, momento en que las imágenes televisivas proyectaron la invasión de la cancha por parte del público. Al mismo tiempo recibió una llamada de una persona cercana, quien le preguntó si su hijo había ido al partido, ya que estaban pasando cosas graves.

Preocupada, marcó a su hijo, pero la llamada se fue al buzón. Luego llamó a sus amigos hasta que logró contactar a su nuera, quien le contó que se había separado del joven cuando éste le pidió que saliera del estadio mientras él se quedaba a auxiliar a otras personas. El hijo se comunicó con su madre al salir del estadio, le comentó que se encontraba en shock y que no sabía del grupo de personas que lo acompañaron al partido, sólo de su novia a quien luego, pese al alboroto, logró identificar.

Más tarde, la madre se encontró con su hijo, una vez que volvió a Guadalajara. Al verlo, le recomendó realizarse una revisión médica, petición a la que él se negó: sólo quería ir a casa a descansar. Una vez en su domicilio, la madre revisó el cuerpo de su hijo y notó lesiones superficiales de navaja en el abdomen, así como golpes.

Desde el día siguiente al incidente, el joven se rehusó a salir de su domicilio, afectado por un marcado delirio de persecución. En los días subsiguientes, la familia comenzó a recibir amenazas, algunas de ellas de muerte, a través de las redes sociales, provenientes de individuos tanto de Querétaro como de Guadalajara. Ante esta situación, decidieron interponer una denuncia formal por los hechos en su natal Jalisco.

El 18 de marzo de 2022, la Fiscalía General del Estado de Querétaro solicitó la colaboración de la Fiscalía de Jalisco para identificar a 19 personas a las que señaló como agresoras en el partido Querétaro contra Atlas. Más tarde, personal de la Fiscalía de Querétaro acudió al domicilio del joven para pedirle que identificara a los líderes de la Barra 51, porra del equipo visitante.

La conclusión a la que él y su madre llegaron es que la Fiscalía de Jalisco compartió la información de su domicilio, derivado de aquella denuncia que interpusieron días atrás, pese a que estos datos habían sido clasificados como información reservada, según les explicó su abogado.

Llegó el 18 de mayo de 2022. La Fiscalía de Jalisco llamó al joven para que acudiera a sus instalaciones con el propósito de realizarle una revisión médica. Dos personas más, quienes fueron hospitalizadas en Querétaro tras lesiones que recibieron en la gresca, fueron convocadas con el mismo propósito, pero al llegar fueron aprehendidas y entregadas a personal de la Fiscalía General de Querétaro para ser trasladados a aquel estado y presentados ante un juez de control para su vinculación a proceso penal. Horas más tarde una cuarta persona fue aprehendida en Jalisco para cumplir el mismo destino.

Las madres se enteraron de que sus hijos habían sido trasladados a Querétaro cuando preguntaron por ellos a la Fiscalía de Jalisco. La dependencia les dio poca información: habían sido acusados de ejercer violencia en espectáculos deportivos, un delito no grave por el que saldrían en libertad a los dos o tres días, por lo que no era necesario ni siquiera contratar un abogado; pero si querían saber más, debían ir a Querétaro.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro solicitó 87 órdenes de aprehensión al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Del total, sólo nueve continúan vigentes y 73 personas están vinculadas a proceso por estos hechos. De las personas imputadas, 60 obtuvieron una sentencia condenatoria por procedimiento abreviado y 13 accedieron a una suspensión condicional del proceso.

A casi dos año de la gresca, de por lo menos nueve carpetas de investigación iniciadas por los hechos, cuatro continúan vigentes, de entre las cuales una involucra a servidores públicos investigados por delitos cometidos contra la administración de justicia en materia de combate a la corrupción y abuso de autoridad, de acuerdo a lo señalado por la Fiscalía General del Estado de Querétaro en respuesta a una solicitud de acceso a la información, siendo éste uno de los motivo por el cual información y documentos en torno al caso fueron clasificados como reservados.

Un total de 12 documentos del Poder Ejecutivo estatal en torno al caso fueron reservados bajo el argumento de que fueron solicitados por la Secretaría de la Contraloría del estado y la Fiscalía General de Querétaro con motivo de la formación de carpetas de investigación y un cuaderno de investigación, respectivamente.

Esto genera un círculo virtuoso para las autoridades: el funcionariado sigue impune y la información sigue reservada.

  • De las 73 personas vinculadas a proceso por los hechos, 60 obtuvieron una sentencia condenatoria por procedimiento abreviado y 13 accedieron a una suspensión condicional del proceso.
  • De 19 personas que buscaba la Fiscalía General del Estado en Jalisco, sólo aprehendió a 4 y algunas de estas personas son chivos expiatorios.
  • Las 10 recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro se dieron por cumplidas en agosto del presente año.

De igual forma, de 19 personas que buscaba la Fiscalía queretana en Jalisco, sólo se logró la aprehensión de cuatro.

En 17 sentencias emitidas por procedimiento abreviado, obtenidas para esta investigación a través de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, 57 personas recibieron sentencia por el delito de violencia en espectáculos deportivos cometida en pandilla; y cinco, por homicidio en riña en grado de tentativa. Se trata únicamente de quienes ejecutaron violencia física.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Mariela Ponce Villa, afirmó que entre las personas judicializadas por los hechos del 5 de marzo de 2022 se encontraron personas servidoras públicas, sin señalar cuántas ni qué cargos ostentaban. De acuerdo con la información antes vertida, todo ese funcionariado habría culminado su proceso penal por suspensión condicional, es decir, que no recibieron una sentencia, lo que los exime de tener antecedentes penales.

Además, a una persona servidora pública se le concedió la suspensión condicional del proceso desde la audiencia inicial, donde se le vinculó a proceso por delitos contra la administración de justicia en materia de combate a la corrupción y el delito de abuso de autoridad.

Tampoco hay sanciones contra los guardias de seguridad privados, pues si bien la Fiscalía Especializada en la Investigación de Homicidios en Querétaro contaba con un listado del personal de seguridad privada que laboró en el encuentro deportivo, un empleado de G.E.S.K9 —empresa que prestó el servicio durante el partido— y entrevistado como testigo, afirmó que la misma no tenía los datos completos de localización del personal, ya que la lista original se le extravió el día de los hechos.

El joven, citado para atención médica y trasladado a Querétaro tras su detención, le dijo a su madre vía telefónica que estaba siendo torturado y le pidió contratar a un abogado. El joven aficionado afirmó que en la Fiscalía General de Querétaro le ponían grabaciones a modo de tortura psicológica, en el penal le daban comida tan picosa que le provocaba diarrea. Además le raparon la cabeza y lo ponían horas al sol hasta que le sangró; lo obligaban a caminar descalzo y los pies también le sangraron. Aún con todas las lesiones, no le permitieron recibir atención médico.

En un punto crítico de la salud del joven, éste fue visitado por un fiscal quien le dijo que podría salir inmediatamente del penal aceptando someterse a un procedimiento abreviado y declarándose culpable de la violencia cometida durante el partido del 5 de marzo. En ese momento, el joven se negó, confiaba en la justicia y en que sus acciones fueron para defenderse a él, a sus acompañantes y a gente a su alrededor.

Los abogados corroboraron a las madres que los cuatro detenidos en Jalisco estaban internos en una misma celda, debido a las amenazas que recibían del resto de la comunidad penitenciaria. Estaban ahí con sólo una cubeta como baño, sin papel higiénico y sin poder dormir por la preocupación de que fueran agredidos. La defensa del joven recomendó acudir a Derechos Humanos para interponer una queja por las condiciones en las que el joven se encontraba y tras la asistencia de la Visitaduría en Derechos Humanos, la cubeta les fue retirada a modo de castigo.

Después de algunos meses, la defensa, utilizando videos, probó a varias de las personas que lo acusaban por el delito de violencia en espectáculos deportivos que el joven no había cometido las agresiones, así las denuncias en su contra fueron disminuyendo hasta quedar sólo una pendiente.

Se promovieron amparos para que el joven pudiera lleva el proceso penal en libertad, debido a sus condiciones en el centro penitenciario. El Poder Judicial le rechazó tener un domicilio en Querétaro, con vigilancia permanente, para continuar su proceso desde ahí.

El joven prefería morir ahí antes de declararse culpable. Pero el proceso penal iba lento, al igual que su juicio de amparo y las investigaciones de la DDHQ. La defensa insistió a la madre hablar con él para convencerlo de que aceptara la sentencia por procedimiento abreviado, ya que para salir libre de cargos tendría que permanecer en prisión en las condiciones precarias en las que se encontraba.

Tras muchas trabas, la madre logró ver a su hijo y convencerlo de aceptar la culpa.

El joven salió en julio de 2022 tras pagar una reparación del daño, tenía una infección en los riñones y otras afecciones médicas. No sólo eso, también salió con una gran decepción de las autoridades, del Club Atlas y de la Liga BBVA MX, que en ningún momento lo apoyaron.

Junto con él fueron liberados los otros dos jaliscienses detenidos con él a dos meses de obtener su alta hospitalaria en Querétaro y sin haber sanado del todo los golpes que recibieron en el estadio Corregidora.

El joven recién fue dado de alta de terapia psicológica y le costó un año encontrar trabajo por los antecedentes penales. Vive con las secuelas del partido que no debió ser, ese partido entre Gallos Blancos y Atlas del 5 de marzo, al igual que permanecen para muchos, menos para las autoridades de Querétaro que dejaron un sentimiento de impunidad.

El 16 de marzo de 2023, el Poder Ejecutivo estatal informó que 24 elementos de instituciones y dependencias estatales y municipales con intervención en actividades con concentración de personas participaron en una jornada de capacitación en eventos con aglomeración de público, impartida por especialistas del Centro de Capacitación de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.

Para el 19 de marzo de 2023, el estadio Corregidora abrió nuevamente sus puertas al público durante la jornada 12 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, para celebrar el partido Querétaro-Juárez. Se destinó un operativo de mil 200 elementos de distintas corporaciones de seguridad; se establecieron cinco anillos de seguridad y se contó con el apoyo de la Guardia Nacional, según comunicado emitido previamente por la Liga BBVA MX.

El ahora secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, aseguró que por primera vez se instaló un centro de comando de la Policía Estatal al interior del estadio Corregidora y se trabajó con diversos sistemas y herramientas tecnológicas, además de que se vigiló la aplicación estricta de la ley.

Estas condiciones, afirmó el actual director de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya Torres, se mantuvieron durante los siguientes partidos celebrados en el estadio Corregidora, incluso, en el partido Gallos Blancos contra Atlas que se jugó el 30 de agosto de 2023, el primero a puertas abiertas en dicho inmueble entre ambos equipos desde lo sucedido en marzo del año anterior.

En esa fecha, el dispositivo sumó hasta mil 400 elementos, entre elementos de Protección Civil, seguridad privada, staff, servicios médicos, bomberos, accesos y Fan ID, señaló la Liga BBVA MX en un comunicado que emitió previo a la celebración del encuentro Querétaro-Atlas.

Con estas acciones parecía que se cerraba el caso de violencia en el deporte.

En agosto de 2023, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro anunció la conclusión del cumplimiento de las 10 recomendaciones emitidas a la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, en relación con los acontecimientos del 5 de marzo de 2022.

Las recomendaciones incluyeron, entre otros puntos, la creación de un proyecto de prevención; la adecuación del marco normativo, como lo fue el Reglamento de Espectáculos Públicos del Municipio de Querétaro, reformado en junio de 2022; y el inicio de procedimientos dentro de los Órganos Internos de Control correspondientes en contra de funcionarios públicos involucrados en el caso, sin que la Defensoría corroborara que estos procesos fueron culminados.

Empero, el ombudsman queretano, Javier Rascado Pérez, refirió también que, con la investigación realizada por la Defensoría, se pudo constatar que el funcionariado público incurrió en el incumplimiento de disposiciones municipales y estatales, así como de reglamentos y protocolos internos.

Pese a ello, el 1 de marzo de 2023, el secretario de la Contraloría del estado de Querétaro, Óscar García González, declaró que, el área a su cargo, investigó únicamente a cuatro servidores públicos que trabajaron durante el evento, mismos que fueron absueltos.

Esto aun cuando la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro establece una variedad de sanciones que pueden aplicarse en casos de los siguientes incumplimientos:

Se consideran faltas administrativas el incumplimiento de funciones, atribuciones y comisiones de servidores públicos, así como el que estos no denuncien actos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones llegaran a advertir, incluidas instrucciones de sus superiores cuando éstas no sean acordes con las disposiciones relacionadas con la debida prestación del servicio público, sumado al que no se supervise que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con sus obligaciones.

Las sanciones abarcan desde una amonestación pública o privada, la suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución, hasta la inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

El acto final fueron las capacitaciones impartidas por la misma Defensoría a las dependencias involucradas, informó Rascado Pérez, para quien las autoridades fueron colaborativas en todo momento.

El cumplimiento se dio a pesar de que la Defensoría señalara, en el análisis de las violaciones a derechos humanos de la Recomendación (250) 3/2022, la omisión en la entrega de documentos que solicitó a las dependencias involucradas.

Este texto es parte de un reportaje llamado “El partido que no debió ser: Gallos vs Atlas”, elaborado por la autora como parte de su trabajo en la Maestría en Periodismo Digital de la UdeG Virtual. Para leerlo completo accede a la liga https://cincoemeqro.wordpress.com/

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