Frente a nuestros ojos la permisibilidad legal de la violencia sexual en la infancia

Dentro del derecho penal el abuso sexual infantil es un asunto menor, al menos así se refleja en la tipificación de los delitos y sus sanciones, y lo que es peor: la pederastia cometida contra las y los adolescentes goza aún de gran  impunidad.

Cada día, nacen dos niños y niñas de madres cuya edad oscila entre 10 y 11 años. México tiene el índice más alto de embarazo adolescente de los países miembros de la OCDE; uno de cada cinco embarazos es de una joven que no ha alcanzado la mayoría de edad.

La Secretaría de Salud reconoció que durante 2016 el 42.1 por ciento de los nacimientos en México fueron de madres de entre 10 y 17 años de edad. GIRE, en su Informe 2018, refiere que el 11.2 por ciento de las mujeres que estuvieron embarazadas fueron víctimas de violencia sexual.

El Diagnóstico sobre la Situación del Abuso Sexual Infantil en México, dado a conocer el 6 de noviembre pasado, reveló que los estados de Querétaro y Tlaxcala son los que concentraron la mayor cantidad de egresos hospitalarios de menores de edad atendidos por abuso sexual, el 80 por ciento de las víctimas son niñas.

Ante este contexto, cabe la pregunta ¿qué tanto protege la ley a las niños y niños de la violencia sexual? En el Código Penal del estado, el delito de “estupro” señala que quien tenga cópula con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años —obteniendo su consentimiento por medio de seducción o engaño— se castigará con desde cuatro meses hasta seis años de prisión.

En tanto el abuso sexual cometido contra una persona menor de 14 años, se castiga de 4 a 8 años; mientras que la violación equiparada a una persona menor de 14 años tiene un castigo que va de 12 a 30 años de prisión.

Cabe decir que el 15 de octubre de 2018 se publicó en el periódico oficial del estado, varias reformas al Código Penal del estado de Querétaro; entre ellas, que la edad de la víctima se elevara de 12 a 14 años; reformas que se lograron gracias al proceso derivado de la petición que varias organizaciones solicitamos el 29 de octubre de 2015 para que se emitiera la Declaratoria de Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado de Querétaro; en el cual la Conavim emitió el 14 de abril de 2016 ocho recomendaciones al Gobierno del Estado de Querétaro, entre ellas que se revisara y elevaran las edades de las víctimas en los delitos contra la libertad e inexperiencia sexual de las y los niños.

Integrantes del Comité Promotor de la Alerta de Género en Querétaro participamos en las mesas de trabajo que se llevaron a cabo con el Instituto Queretano de las Mujeres y la Secretaria de Gobierno, para elaborar el proyecto de la iniciativa de ley que meses más tarde presentó el gobernador del estado al Poder Legislativo. Más de un año tardó su aprobación en la Legislatura y 11 meses para su publicación en el Periódico Oficial ‘La Sombra de Arteaga’, no obstante que el propio Poder Ejecutivo fue el autor de la iniciativa.

Muchas propuestas quedaron en el tintero, entre ellas que se ampliara cabalmente la protección a la infancia de la violencia sexual que viven en su entorno cotidiano. Dentro del derecho penal el abuso sexual infantil es un asunto menor, al menos así se refleja en la tipificación de los delitos y sus sanciones, y lo que es peor: la pederastia cometida contra las y los adolescentes goza aún de gran  impunidad.

‘Nullum crimen, nulla poena sino praevia lega’ reza el principio penal: si en la ley no hay delito, no puede haber pena. Si un adulto de 50 o 60 años tiene relaciones con una niña de 14, a la luz de nuestro código penal no existe delito y por lo tanto no es sancionado, a menos que se acredite que existió seducción o engaño para que se cometa el delito de estupro.

La legislación actual pasa por alto el contexto de inequidad o violencia sexual que se ejerce contra las adolescentes, la violencia contra las niñas y los niños; ya que el 80 por ciento de las agresiones sexuales contra infantes son perpetradas por un integrante de la familia o un hombre conocido de la víctima.

La decisión de los legisladores y legisladoras en Querétaro de no proteger a las victimas menores de edad del abuso sexual se basa en el absurdo criterio de considerar que una joven menor de 14 años cuenta con el albedrio y criterio suficiente para decidir y asumir las consecuencias de relacionarse sexualmente con un adulto; cuando la neurociencia nos indica que el cerebro humano llega a su madurez hasta los 21 años de edad.

Es curioso que el sistema jurídico mexicano sea permisible en la sexualidad de las niñas, no así en otros actos como lo es el derecho de votar de las y los adolescentes, a quienes impone que cumplan 18 años de edad para ejercer su derecho por considerar que es hasta esa edad que cuentan con el criterio suficiente para ejercer un acto político tan importante como lo es elegir a sus gobernados.

La diferencia es que en el primer supuesto la posibilidad de embarazarse de una adolescente es mayor al 50 por ciento, cuyas consecuencias serán irreversibles porque el aborto en Querétaro está penado; en cambio, si un adolescente se equivoca en su elección política podrá rectificar en el siguiente proceso electoral.

La adolescencia es una de las etapas más complejas en el desarrollo de la persona, es cuando más se encuentran expuestas las jóvenes al abuso sexual, ya que parte de este proceso lo viven con la necesidad de desapegarse de la familia en busca de su propia identidad, experimentan curiosidad por la sexualidad, buscan la aceptación y atención de quienes les rodean; situación que aprovechan los abusadores a sabiendas que una joven de 10 a 18 años es una presa fácil y que no habrá consecuencias penales en su contra.

De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, el Estado mexicano tiene la obligación de tomar las medidas adecuadas y necesarias para proteger a la niñez, entre otros riesgos, de la violencia sexual que se ejerce cotidianamente contra ellos. Es urgente que se legisle con perspectiva de género para desmontar la tolerancia al abuso sexual contra los niños y niñas; queremos que en la ley exista el delito para que se sancione.